Un mafioso de Jutiapa, el departamento del sur de Guatemala en el que entonces ejercía como jueza, se lo explicó a finales de los 2000. Primero, le dijo, le ofrecerían dinero y si no lo aceptaba la matarían. Erika Aifán escuchó, entonces, la versión guatemalteca del “plata o plomo” que el capo colombiano Pablo Escobar había hecho axioma de sus relaciones con la justicia en Colombia una década antes.
Aifán nunca se plegó a la corrupción que impera en la judicatura guatemalteca. Se convirtió, más bien, en una de las jueces antimafia más reconocidas del país. No ha sido fácil para ella.
“Si nada funciona, la opción es (atentar) contra mi vida”, explica la jueza Aifán la amenaza que le hicieron cuando conoció en Jutiapa el caso contra un grupo criminal, en el que participaba un alcalde, acusado de asesinar a tres diputados salvadoreños en un ajuste de cuentas por drogas.
Aquello era el prólogo de lo que ahora vive Aifán.
Casi dos décadas después de los días en Jutiapa, uno de los lugares más asediados por la narcopolítica en Guatemala, la jueza Aifán es titular del juzgado de Alto Riesgo D en la capital del país y es una de las funcionarias judiciales más perseguidas por las mafias políticas que se han apoderado casi por completo de las instituciones del país desde la expulsión, en 2019, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo supranacional apoyado por Naciones Unidas que, desde finales de la década 2000, había apoyado una profunda reforma en la persecución criminal contra la corrupción.
Por el escritorio de Erika Aifán han pasado, en el último lustro, algunos de los casos más relevantes en la lucha contras las mafias políticas y empresariales, que alcanzó su pico en Guatemala durante los años en que CICIG acompañó las querellas de los fiscales anticorrupción.
En 2019, Aifán se negó a otorgar beneficios penales a cinco grandes empresarios guatemaltecos acusados de haber financiado ilegalmente la campaña electoral de Jimmy Morales, el entonces presidente de Guatemala, él mismo investigado por el Ministerio Público bajo sospechas de aceptar dinero ilegal para convertirse en presidente. No es común, en Guatemala, adversar en los tribunales a potentados de las élites económicas.
Dos años antes, en 2017, la jueza Aifán presidió audiencias por el llamado Caso Pandora, un escándalo de corrupción y tráfico de influencias liderado desde una prisión por Byron Lima, un exmilitar ligado a Álvaro Arzú (fallecido), un poderoso expresidente de Guatemala y exalcalde de la capital. Con argucias legales, abogados implicados en el caso trataron de apartar a la jueza, pero no lo lograron.
Los protagonistas de la persecución a la jueza Aifán no son, hoy, los criminales del bajo mundo; son más bien sus colegas togados. Por ahora, es la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien con más ahínco persigue a Aifán.
El pasado 13 de enero, el Ministerio Público que dirige Porras anunció que había solicitado a la Corte Suprema de Justicia que retire la inmunidad de la que Aifán goza como jueza para que responda por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato en un caso relacionado con las llamadas Comisiones Paralelas 2020, un expediente de investigación a funcionarios que intentaron, ilegalmente, influir en la selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, las máximas autoridades judiciales del país.
Lo que hoy intenta la fiscal general Porras ya lo había intentado antes otro abogado, un juez de nombre Mynor Moto, a quien la juez Aifán ordenó arrestar por considerar que había suficientes elementos de prueba para que respondiera por las sospechas de que él también participó en el esquema criminal para manosear la elección de las altas cortes.
Aifán está clara: todo es un intento para deshacerse de ella. “Todas estas acciones son parte de ese hostigamiento y de esas amenazas que tratan de interferir con el desarrollo de mi función jurisdiccional”, dice. Y añade: “El objetivo es mi judicatura”.
La batalla ¿perdida? por Guatemala
Antes de Aifán, las mafias políticas guatemaltecas la emprendieron contra operadores de justicia que, en los años de la CICIG e incluso una vez la comisión había sido expulsada del país, pusieron contra las cuerdas a empresarios corruptos, mandaron a la cárcel a un expresidente y una exvicepresidenta y persiguieron penalmente a ministros, jueces y funcionarios que se metieron en la cama con narcotraficantes y otros criminales.
Hoy, muchos de quienes combatieron a las mafias viven en el exilio. En Estados Unidos han tenido que refugiarse Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, las dos antecesoras de Consuelo Porras y quienes llevaron al banquillo a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y a lo más granado del poder político guatemalteco, incluidos los expresidentes Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Álvaro Arzú (fallecido).
En los suburbios de Washington, DC vive, también, Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), una especie de unidad élite del MP que llevó adelante las investigaciones más complejas realizadas junto a CICIG. Ya sin el acompañamiento de la Comisión, Sandoval se embarcó en la investigación que terminaría llevándolo al exilio: el posible soborno de una red empresarial rusa al presidente Giammattei por un contrato favorable en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Caribe guatemalteco.
La noche del 23 de julio de 2021, Sandoval dio su última conferencia de prensa en suelo guatemalteco. Ese mismo día, su jefa, la fiscal Consuelo Porras lo había destituido como jefe de la FECI. Sandoval explicó las razones a la prensa: lo removían, y de paso los dejaban sin todas las protecciones que le daba su cargo como fiscal especial, porque sus investigaciones habían llegado muy cerca de Giammattei, un médico que en la década de 2000 fue director de las cárceles de Guatemala y estuvo preso por sospechas de que participó, como funcionario estatal, en una red de ejecuciones extrajudiciales. En 2019, Giammattei fue electo presidente de la república centroamericana.
Sandoval entiende el acoso del estado guatemalteco a la jueza Erika Aifán como parte del intento continuado de las élites políticas por deshacerse de todas las reformas que Guatemala llevó adelante en materia de investigación criminal desde la llegada de CICIG al país a finales de 2006 y, en particular, como una forma de desmeritar las investigaciones que han llevado a gente poderosa a la corte que preside la jueza.
“El plan tácito de la mafia en Guatemala es el desmantelamiento institucional y como parte de ello la deslegitimación del trabajo que en su momento hizo la FECI con acompañamiento de la CICIG. Ese plan incluye instalar en la mente de la población que fue ilegal todo lo actuado, no solo por fiscales, sino por jueces como Erika Aifán”, dijo Sandoval a Infobae desde Washington.
El exfiscal especial también entiende que, al criminalizar a Aifán, la fiscal Porras y el presidente Giammattei quieren garantizar que las mafias que han intentado manipular la manipulación de las altas cortes del país tengan vía libre. “Ella tiene bajo su responsabilidad los casos que involucran la manipulación del esquema de elección de cortes”, aseguró.
Aifán no duda al hablar sobre las intenciones del Ministerio Público de Consuelo Porras. “Una constante en las denuncias del MP en mi contra es por las resoluciones y actuaciones en mi cargo de jueza de mayor riesgo, lo cual también está en contra de los estándares internacionales de administración de justicia”, asegura.
De acuerdo con esos estándares, al menos los del Departamento de Estado de la administración de Joe Biden en Washington, la fiscal general Porras no lleva razón. A ella, de hecho, Estados Unidos le ha prohibido la entrada al país, la ha listado como “agente corrupta” y, por eso, ha retirado todo tipo de cooperación con la fiscalía guatemalteca.
Giammattei ha defendido a Porras sin chistar. Pocas horas después de que Washington anunciara las sanciones a la fiscal en septiembre de 2021, el presidente calificó las acciones del gobierno Biden de irresponsables por estar basada, escribió en su cuenta de Twitter, en acusaciones sin fundamentos. No es que el espaldarazo llegara como sorpresa, después de todo, Consuelo Porras había blindado al Giammattei de la investigación por el supuesto soborno ruso.
Durante una gira en la capital de Estados Unidos, en diciembre pasado, Giammattei defendió a la fiscal general de su país ante preguntas de funcionarios internacionales, según una fuente que tuvo acceso a esas reuniones y habló con Infobae bajo condición de anonimato.
A la jueza Aifán, Washington le ha reconocido su valentía. En marzo de 2021, el secretario de Estado Anthony Blinken le entregó, junto a otras 13 mujeres, el galardón a las mujeres internacionales de coraje.
Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, ha apoyado a Aifán y ha demandado a Blinken que pida explicaciones al gobierno Giammattei. “La jueza ha sido premiada y tiene el apoyo de países en todo el mundo. Estamos firmes apoyándola a ella. Si Guatemala quiere ser un país que sigue trabajando con nosotros, ayudando a mejorar las condiciones para los guatemaltecos, debe de cambiar el rumbo por el que van”, aseguró Torres.
En Ciudad de Guatemala de poco parece valer los galardones y los apoyos. En menos de una semana, la segunda de enero, la fiscal Porras ha pedido el retiro de la inmunidad de Aifán y la ha acusado de prevaricar, es decir, de dictar una resolución arbitraria. Si Porras se sale con la suya, la jueza Aifán podría terminar en la cárcel.
Erika Aifán, a pesar de todo, mantiene la calma y, dice, sigue confiando en que la ley, al final, le dará la razón y le permitirá seguir en su puesto.
“Confío, quizá no en las instituciones, quizá no en las personas, confío en los procedimientos establecidos en la ley, en las garantías que han sido fijadas tanto a nivel internacional como a nivel constitucional. Hasta ahora he logrado revertir todos los procesos que han sido instaurados en mi contra”, dijo Aifán a Infobae.
Más aún. Erika Aifán está pensando en postularse a fiscal general en el proceso de selección abierto para sustituir a Consuelo Porras, quien este año concluye su periodo. La pregunta es ineludible: ¿Es posible que un sistema corrupto al que ha confrontado durante años dé a Aifán siquiera una oportunidad de dirigir el Ministerio Público? La jueza responde: “Cada proceso de selección marca un reto al sistema y es una oportunidad para decidir hacer las cosas correctas o no… Solo puedo saberlo si participo, no hay otra forma”.
