El matrimonio infantil o las uniones tempranas y forzadas son un tipo de violencia al que se presta “poca atención” en América Latina y el Caribe, según alerta la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ana Güezmes.
Y es que la falta de datos desagregados sobre violencia de género en los países de la región, señala, ha impedido que se conozca la realidad sobre la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes.
“Existen desafíos relevantes respecto de comprender las circunstancias y tipos de violencias que afectan a las niñas y adolescentes. Por ejemplo, es importante señalar que es de la violencia sexual contra la niñez de la que se tiene menos información”, asegura la directora durante una entrevista con Efeminista en la que hace un balance de la situación de la mujer en la región.
Según la Cepal, una de cada cuatro niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantuvo una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años y, sin acciones e inversiones, América Latina tendrá, en 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, sólo por detrás de África Subsahariana.
Sin embargo, estos números podrían ser mayores debido a la falta de datos a largo plazo, la normalización de esa violencia y la falta de actualización, e incluso la ausencia, en varios países, de la información sobre matrimonios infantiles, especialmente en el Caribe, asegura el organismo.
“Eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir en la región, y eliminarla también es central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible”, agrega Güezmes.
Datos sobre violencia en América Latina
La agresión sexual contra niñas y adolescentes no es el único tipo de violencia invisibilizado por la falta de estadísticas. La directora de Asuntos de Género asegura que, pese a las reformas realizadas en los últimos años, las cifras sobre los «inaceptables» asesinatos machistas, especialmente en menores, sigue sin tener una contabilidad adecuada y mucho menos un estándar en la región.
“Existen subregistros y limitaciones en muchos de los países para tener datos desagregados de la violencia de género, que no han permitido establecer tendencias en relación a las niñas y adolescentes”, menciona.
Según el último reporte de la Cepal, que recaba esta información por medio de su observatorio de igualdad desde el 2009, de las 4.091 víctimas de feminicidio registradas en 26 países de América Latina y el Caribe en 2020, al menos 40 fueron niñas menores de 15 años. No obstante, es imposible comparar la situación entre países, pues los datos responden a la legislación de cada uno.
“Hay aún muchos retos para la medición de la violencia contra las mujeres y la incidencia de los delitos con enfoque de género. Implementar sistemas integrales de información no solamente es clave para las políticas, sino que puede salvar vidas. Para muchas mujeres la violencia feminicida es “crónica de una muerte anunciada”, por lo que un registro, seguimiento y consecuente protección puede marcar una diferencia clave”, señala la directora.
Es por esto, cuenta Güezmes, que en los últimos años Cepal ha pedido a los gobiernos que envíen información desagregada por diversas variables para conocer y visibilizar también las discriminaciones que sufren las mujeres por su condición migratoria, identidad de género, orientación sexual, raza y pertenencia étnica.
“Aún sin poder establecer si habrá escalamiento (de violencia en los próximos años), la situación es suficientemente grave como para ameritar una acción decisiva y contundente, con inversión mucho mayor, que aborde la complejidad y multidimensionalidad de la violencia contra las mujeres y las niñas”, advierte.
Aumentan las brechas de género
La llegada de la pandemia ha puesto al descubierto y profundizado los «nudos estructurales» de la desigualdad de género en la región.
“Todos los países se han visto afectados por estas crisis, y en todos ellos las brechas de género se han agudizado”, afirma Güezmes.
Durante los últimos dos años, sostiene, las mujeres se han visto «desproporcionadamente afectadas porque están amortiguando los efectos de la crisis a través de un aumento del desempleo, la informalidad, la pobreza, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y de una precarización de sus condiciones de vida».
Además, 6 de cada 10 mujeres en la región trabajan en los sectores más afectados por la crisis, como la manufactura, el comercio, el trabajo doméstico remunerado y el turismo. Por ejemplo, Güezmes señala que en 2019, un 25,3 % de mujeres carecían de ingresos, mientras que en 2020, esa cifra se elevó hasta el 27,5 %. Si se excluyeran las transferencias del Estado, habría sido del 35,3 %.
“Estamos ante una paradoja de la recuperación porque, aunque en 2021 y 2022 se estima un aumento en los niveles de crecimiento, solo los hombres volverán a los niveles previos a la crisis, mientras que las mujeres apenas alcanzarían la participación laboral del 2008 (49,1%). Estaríamos aún en los niveles de hace 13 años”, alerta.
“El de las trabajadoras domésticas ha sido el sector más golpeado en términos laborales en la región”, agrega.
La falta de una autonomía económica es un obstáculo adicional para las mujeres en situación de violencia que les impide salir de esa espiral.
Los cuidados en el centro en 2022
Debido a estas cifras, la Cepal ha decidido que durante el 2022 el cuidado deberá ser el tema central cuando se hable sobre recuperación post covid.
“La pandemia, como nunca antes, ha demostrado que sin el cuidado de la vida y del planeta, no hay economía posible, no hay desarrollo. Por eso promovemos transitar hacia la sociedad del cuidado: un cambio de paradigma que ponga en el centro el cuidado de las personas, de quienes cuidan, el autocuidado y el cuidado del planeta”, explica Güezmes.
No tomar en cuenta a los cuidados podría profundizar aún más la crisis, por lo que, asegura, es necesario contrarrestar la precarización de los empleos relacionados con el sector de los cuidados y mejorar las condiciones laborales y su formalización.
“Y también es urgente visibilizar los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en términos del bienestar, la redistribución de ingresos y del tiempo, el empleo, el crecimiento de las economías y el aumento de los niveles de recaudación”, menciona.
Por esto, la Cepal impulsa en los países la creación de sistemas integrales de cuidados que fomenten la corresponsabilidad no solo entre hombres y mujeres, sino también entre el Estado, el mercado y las diversas formas de familia y la comunidad.“Para garantizar un proceso de recuperación transformadora con igualdad es necesario más que nunca que no haya retrocesos en la autonomía económica de las mujeres”, afirma.
