El día de mañana lunes, 22 de noviembre, iniciará la obligatoriedad de la tesis de jurisprudencia 34/2021 (11a.), en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirma que las acciones urgentes dictadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (en lo subsecuente, el Comité) son susceptibles de supervisión jurisdiccional y constitucional (https://bit.ly/3DDsqaP). La obligatoriedad de dicha jurisprudencia es de tremenda trascendencia en la lucha por los derechos humanos en México, pero ¿qué implica esta?
Primero, un poco de contexto. La organización i(dh)eas, litigio estratégico en derechos humanos, ha acompañado a las familias de jóvenes desaparecidos en lo que se conoce como el caso “Formando Hogar”, en el que se conjuntan los hechos de desaparición de al menos seis jóvenes, sucedidos entre el 6 y 11 de diciembre de 2013 en la colonia Formando Hogar, ubicada en Veracruz, Veracruz. Las personas hoy desaparecidas (Ricardo Adrián García Cruz, Pablo Darío Miguel Hernández, Yonathan Izac Mendoza Berrospe, José Armando Cortés Arrioja, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández y José Ignacio Cruz González), todos hombres jóvenes, fueron sustraídas de sus centros de trabajo y hogares por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación y la Secretaría de Marina, sin que hasta ahora se conozca su paradero y sin que las autoridades federales o estatales realizaran acciones para su búsqueda (https://bit.ly/3qWjCZR).
Al tratarse de una desaparición de personas a manos de autoridades públicas, se configura el concepto de desaparición forzada, y en dichos casos, los preceptos contenidos en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en lo subsecuente, la Convención) pueden ser invocados a nivel local gracias a la reforma constitucional de 2011 que amplía el catálogo de derechos humanos a aquellos contenidos en los tratados internacionales en los que México sea parte.
En 2017, Perla Damián, madre de Víctor Álvarez Damián, interpuso un amparo ante la negativa de la Fiscalía de la entidad de adoptar las medidas urgentes que el Comité ha dictado para investigación adecuada de casos de desaparición en México, argumentando que estas no eran obligatorias para la Fiscalía. En junio de este año, la SCJN dio la razón a la familia de Víctor Álvarez y determinó obligatorias las acciones urgentes.
Esta resolución tiene un gran impacto para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en México, ya que se ha reconocido como obligatorio para las autoridades la implementación de las medidas que dicte el Comité al tratarse de un órgano autorizado para la interpretación de los artículos de la Convención y de esa forma, las personas a quienes se han violado sus derechos humanos pueden válidamente demandar la implementación de todos los medios institucionales disponibles, incluidos los provenientes del derecho internacional (https://bit.ly/3DDsqaP; https://bit.ly/3HFH7wj).
Este criterio jurídico, además, abre la puerta para que acciones y medidas dictadas por otros órganos supervisores del cumplimiento de otros tratados internacionales en materia de derechos humanos también puedan ser exigibles a las autoridades federales, estatales o municipales.
Ahora bien, este criterio no hace las veces de una ley, es decir, no puede hacerse efectiva de manera directa a las autoridades, sino que -debido a las arcaicas normas que aún rigen el Amparo- resulta necesario la interposición de un recurso legal jurisdiccional para que sea reconocido caso por caso. Sin embargo, como sucedió con la reciente determinación de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto (https://bit.ly/30LffWN; https://bit.ly/3FymWyt), la jurisprudencia puede constituir un mecanismo que aliente a las Legislaturas a armonizar este nuevo criterio jurídico con la normatividad en vigor.
Por otra parte, hay que tener en consideración que el reconocimiento de esta nueva obligación para las autoridades encargadas de la investigación criminal y la búsqueda de personas en México les supondrá nuevas cargas que deben ser acompañadas de capacitación, mecanismos de transparencia y, aún más importante, mayor presupuesto.
Especialmente en este momento del año, en el que las entidades federativas se encuentran definiendo sus paquetes económicos para el ejercicio fiscal subsecuente, es de primera importancia visualizar que el avance efectivo de los derechos humanos no solo depende de estos revolucionarios criterios de la SCJN, sino de las capacidades de las instituciones públicas encargadas de materializar tales derechos humanos, las cuales no podrán hacer tangibles estas exigencias sin un presupuesto y contexto normativo adecuado. Por más que el máximo tribunal emita sentencias de gran trascendencia, la realidad de millones de mexicanas y mexicanos quedará intocada sin el acompañamiento de los Poder Legislativo y Ejecutivos.
El reconocimiento de los derechos humanos solo es el primer paso hacia la senda de justicia. Falta recursos, voluntad, transparencia y rendición de cuentas.
@GalateaSwanson
