Amás de diez días de la tragedia que enlutó a más de 70 hogares de poblaciones del Istmo de Tehuantepec, como Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Santa María Xadani, entre otros, y de que 283 municipios oaxaqueños fueron declarados zona de desastre por la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, debe exigir los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las necesidades inmediatas. Sin embargo, por lo que se ha observado, hay un desconocimiento total de los protocolos que deben cumplirse para poder disponer de los recursos de dicho fondo. Tal parece que si bien la tragedia que hemos vivido ha concitado el apoyo de la Federación, a través de las tareas que han sido distribuidas por el presidente Enrique Peña Nieto a todos sus colaboradores, así como de la sociedad civil y, sin duda, el gobierno estatal, no se observa desde ningún lado la organización de los ediles de los municipios afectados, para recibir asesoría y poder acceder a los citados recursos del ya referido Fondo de Desastres. No hay que olvidar que los plazos son estrictos y que una vez transcurrido el tiempo, vienen los retrasos y demás.
Un factor que ha pasado desapercibido es asimismo, la falta de coordinación entre los responsables de las áreas de protección civil en los referidos municipios, sin cuyo balance, evaluación y notificación de los daños, no se puede tener acceso a los recursos del citado Fondo. Es importante recordar que en septiembre de 1999, luego de haberse dado un sismo de mediana magnitud que golpeó a los Valles Centrales y la Costa, el gobierno instrumentó mecanismos de protección y se establecieron los llamados comités municipales de protección civil, además de la realización de simulacros en oficinas públicas, escuelas públicas y privadas, mercados, empresas privadas, etc. Fueron sólo una llamarada de petate. Efímeros y temporales. Una vez superada la psicosis del siniestro, todo volvió a la calma chicha y la apatía ciudadana y oficial. Y ello se debe a dos factores. Por una parte, la designación como titulares de la Comisión Estatal de Protección Civil (CEPCO), a improvisados e inexpertos y, por la otra, el escasísimo presupuesto que le es otorgado a esta área prioritaria del gobierno. Con la tragedia que hemos vivido en los últimos días, esperamos que las cosas cambien.
S-22: Una postura torpe
Como si no fuera suficiente la aversión y el encono que ha despertado en la sociedad oaxaqueña, el magisterio afiliado al Cártel-22, sigue empecinado en ponerse contra la pared. Pese a la instrucción del gobierno federal en el sentido de que todos los edificios escolares deben estar sujetos a revisión, a raíz de la gravedad del sismo del pasado 7 de septiembre y de los miles de réplicas que han seguido golpeando a la región istmeña particularmente, los dirigentes se han negado a dicha labor. Ello implica que sobre su responsabilidad recae la seguridad de los niños que asisten a dichos centros escolares. Es impresionante la cerrazón y la estupidez de estos fanáticos y supuestos promotores de la lucha social, pero no tarda en que realicen sus marchas y movilizaciones para demandar una seguridad a la que ellos mismos se niegan. Por el lado que quiera verse, la S-22 ha perdido el poco apoyo que aún tenía en algunos sectores sociales. Su soterrada postura de agredir a la sociedad, de vulnerar los derechos civiles, su aberrante postura de conveniencia y de confort, los han exhibido de cuerpo entero. Se trata de un segmento de la clase trabajadora, que hoy despierta más conmiseración o encono que simpatía.
Hay cientos de edificios escolares afectados por daños en su estructura, en sus paredes y techos. Hay otros más que son construcciones viejas y requieren de remodelación, pues quedaron sentidos con el sismo. Y están diseminados por donde se ubicaron los coletazos más severos del siniestro. No se trata desde luego, de una simple ocurrencia del gobierno o afán de lograr votos para el año que viene. No. Se trata de una instrucción de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Nada puede poner en peligro la vida de los mexicanos, mucho menos la de niños en edad escolar. Y es responsabilidad de los cerrados mentores lo que ocurra en el futuro, pues en un afán contestatario y de negatividad pueden poner crear un ambiente de crispación social. Ya no es una lucha legítima, tampoco para lograr demandas de carácter laboral, es simplemente llevar “la contra”, aún en tiempos como éstos. Lo que no acaban de entender es que a partir del 7 de septiembre pasado, la historia de Oaxaca será otra. Ya habrá tiempo pues de cobrar facturas. No hay que olvidar que el pueblo oaxaqueño está harto de abusos y atropellos.
