Un nuevo capítulo en la ya larga historia de desavenencias entre el proyecto de la 4T y el sector empresarial se está desarrollando a causa de la iniciativa de reforma eléctrica que el pasado 30 de septiembre envió el Presidente López Obrador para su discusión y posible aprobación en el Congreso.
Ni la vehemente defensa del interés público, ni el conflicto abierto con las políticas de sexenios pasados debería sorprendernos a estas alturas del sexenio. Lo que llama la atención es la tenue respuesta de la parte “afectada” del sector empresarial que parece titubear frente a las acusaciones de “abuso” a las que los beneficiarios de los contratos signados entre 2014 y 2018 se enfrentan con esta iniciativa de reforma. Han sido escasas y de poca resonancia las críticas emitidas por organismos como el Consejo Coordinador Empresarial debido al carácter monopólico de la reforma; o el PAN cuya oposición a la reforma de AMLO se fundamenta, según Marko Cortés, en que ésta “crea un monopolio en la generación de la misma, por lo tanto, lo hace ineficiente”.
Cabe reparar, en este contexto, en el argumento del monopolio esgrimido en contra de la reforma, según el cual de aprobarse la iniciativa la consecuencia fatal será un encarecimiento de la energía eléctrica debido a la “ineficiencia” del monopolio, es decir, los costos de producción más elevados de la CFE vis a vis los productores privados.
Al menos tres objeciones se pueden hacer dicho planteamiento. En primer lugar, al comparar los costos actuales de producción de las empresas privadas, se tiende a obviar que una parte significativa del costo de proveer la energía eléctrica, la transmisión, no es tomado en cuenta por los productores privados, lo que crea una ilusión de baratura o, como imprecisamente se ha empeñado en calificar el Presidente, la existencia de un “subsidio” a la generación privada de energía; misma que tampoco incluye los costos fijos en sus cotizaciones de costo de producción, lo que los hace artificialmente baratos, aunque solo en el papel, ya que independientemente del costo de producción reportado, las compras de la CFE a estos proveedores se hace a un precio que, por decreto y bajo el amparo de contratos de largo plazo, se encuentra por sobre el precio de mercado.
En segundo lugar, el argumento contra el monopolio del Estado se basa en una doctrina económica que hace casi 100 años fue desafiada por el economista Joseph A. Schumpeter, quien demostró en uno de sus trabajos más importantes que bajo determinadas condiciones plausibles, como en el caso de las economías de escala del sector eléctrico, el monopolio puede y suele ser más eficiente –produce a un menor costo– que el libre mercado.
En tercer lugar, aún si la doctrina del libre mercado fuera correcta y éste fuera el modelo más “eficiente” de organización económica, el argumento contra la reforma eléctrica falla al presuponer la existencia actual de un “libre mercado” en la producción de energía nacional, lo cual es a todas luces falso. Lo que existe en México es un entramado de intereses privados articulados sobre una plataforma del Estado; un oligopolio privado haciendo uso de una red pública. No es libre mercado sino neoliberalismo en su más cruda expresión: infraestructura pública al servicio de un puñado de intereses privados.
La pregunta de si la reforma eléctrica aumentará o no los costos de la electricidad es una incógnita abierta que depende en gran medida de cómo y en qué condiciones pueda ser implementada. Y aquí es donde se abre el espacio para la duda fundamentada, ya que décadas de reformas y retoques han dejado a la CFE vulnerable ante los retos y la impronta que la producción limpia de energías impone sobre todo proyecto energético sostenible, además de cargar con una burocracia que podría imponer un lastre insalvable para las ambiciosas miras de la 4T.
Confiar en el gobierno para llevar a buen puerto su proyecto de reforma es una apuesta arriesgada, pero existen argumentos para creer que en las condiciones actuales hay muchos puertos mejores, es decir, más democráticos y equitativos, en las posibles configuraciones del sector energético nacional. El relativo silencio de los “afectados” parece indicar que son conscientes de que hay algo incorrecto en el sistema que actualmente los beneficia con compras a precios injustificados de una electricidad que, al parecer de la Secretaría de Energía, podría ser producida por la CFE. Pero podría ser también el escalofriante silencio que precede a la tormenta, una tormenta de agravios y represalias que podría hundir al titubeante barco nacional.
