Por Jesús Emilio de Leo
La evolución humana tiene sus claros y oscuros, un ejemplo es la guerra, situación que a grandes rasgos consiste en un enfrentamiento en el cual a una de las partes se le considera enemigo, nombre que se le otorga a un contrario, es decir, a alguien diferente o a alguien que se opone.
El filósofo inglés Thomas Hobbes establece que entre las principales causas de la guerra se encuentran, la competencia, la desconfianza y la gloria. “La primera hace que los hombres invadan el terreno de otros para adquirir ganancia; la segunda, para lograr seguridad; y la tercera, para adquirir reputación”.
De acuerdo a Manuel Molina Martos, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y especialista en Asiriología, la primera guerra de la cual se tiene registro, ocurrió hace 4,500 años y se presentó entre las ciudades sumerias de Lagash y Umma, ubicadas al sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. El motivo del enfrentamiento fue por el control de una llanura fértil.
A partir de ese momento, en la historia de la humanidad se han presentado diferentes tipos de guerra, santas, civiles, de guerrillas o totales.
Sin embargo, hay posiciones que justifican la guerra, una de ellas es la que defendieron teólogos y juristas católicos al promover la versión secular del pensamiento cristiano medieval sobre la guerra justa denominados lus ad bellum y lus post bellum, las cuales se enfocan en criterios para hacer la “guerra justa” y que las fuerzas armadas actúen con valores y normas determinadas.
Los dos principios anteriormente enunciados son componentes fundamentales del Derecho Internacional, considerada la rama jurídica que regula las relaciones en un contexto supra nacional, con el propósito de evitar conflictos bélicos.
El siglo XX estuvo enmarcado por dos guerras de carácter mundial, de ahí que a partir 1945, la preservación de la paz ha sido una constante preocupación para la humanidad, razón por la cual se constituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual establece en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, “que sus miembros…se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política contra cualquier Estado o contra cualquier otra forma incompatible…” y fue a partir de 1949 que se firmaron los Convenios de Ginebra, en los cuales se establecieron normas para proteger a las personas que no participan en las hostilidades de la guerra, como son civiles, personal médico y de organizaciones humanitarias; así como aquellas que ya no pueden seguir participando en el conflicto, heridos, enfermos, náufragos o prisioneros, lo cual constituye el marco de actuación que sirve para facilitar el trabajo de la Cruz Roja.
Regular el respaldo de las tareas humanitarias dio como resultado el concepto de Protección Civil, considerada como la protección que se debe brindar a la población contra los peligros, hostilidades y catástrofes para garantizar su supervivencia.
En nuestro país, el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue un momento fundamental para introducir el concepto de protección civil, un terremoto de casi 4 minutos con una intensidad de 8.1 grados que tuvo como consecuencia que casi 20 mil personas perdieran la vida, según cifras extraoficiales. Este hecho lamentable pero natural, propició que el gobierno federal estableciera el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual contó con el apoyo técnico del Gobierno de Japón para construir y equipar sus instalaciones; así como para capacitar a futuros especialistas. De la Universidad Nacional Autónoma de México recibió el terreno y al personal académico y técnico especializado para impulsar los estudios para reducir los desastres en el país.
Otro 19 de septiembre, pero de 2017, treinta y dos años después, un sismo de 7.5 grados ocasionó que 370 personas perdieran la vida. Número mucho menor, que no deja de ser lamentable, pero que hace pensar que, aunque la tarea no está concluida, los planes de protección civil funcionan, por ello es necesario seguir apoyando a la protección civil que tiene como principales tareas, proveer el servicio de alarma, capacitar en las estrategias de evacuación, habilitar refugios, proveer servicios sanitarios y de primeros auxilios, luchar contra incendios, detectar zonas peligrosas, restablecer servicios públicos indispensables y sobre todo salvar vidas.
