Por Diego Petersen Farah
El caso Anaya puede convertirse en un punto de inflexión en la administración de López Obrador. Más allá del resultado, me temo que, por lo mal manejado del caso, nunca tendremos la certeza jurídica de si el excandidato panista es culpable o inocente. Es de llamar la atención el desaseo y la falta de profesionalismo de la Fiscalía que parece más preocupada por darle elementos al Presidente para los ataques mañaneros que por hacer justicia (es cierto, López Obrador no ve a Gertz, solo le manda recados, como a muchos otros miembros del Gabinete).
Sabemos, gracias a indiscreciones de los propios políticos, que los votos en las cámaras, sea de diputados, senadores o congresos locales, se venden. Es una de la prácticas corruptas más extendidas e involucra a todos los partidos. En algún tiempo era una corrupción indirecta, los famosos “moches”, cuando algunos diputados cobraban un porcentaje por “gestión” del presupuesto. Con Peña Nieto el “Pay Per View” o pago por evento se hizo costumbre, y según cuentan legisladores actuales, esto no ha desparecido del todo: hoy Morena también compra votos en las cámaras.
Sin embargo, probar jurídicamente un vínculo directo entre la entrega de dinero en efectivo y un voto en el Congreso con seis meses de diferencia entre ambos eventos es realmente complicado, si no es que imposible. La declaración del donante no basta. Necesitaríamos tener o bien un video (como en los casos de Pío y o Martín López Obrador, por citar solo algunos de los más recientes) o una lista de pagos con acuse de recibo y su correlato en la votación. Dicho de otra manera, si lo que se busca es el combate a esta práctica corrupta en la aprobación de leyes hay que procesar a todos los legisladores que cobraron y emitieron su voto y no solo a los miembros más visibles. Si de lo que se trata, pues, es de evidenciar la corrupción como sistema para aprobar la Reforma Energética y así tener argumentos para anularla lo que tocaba era uno de esos llamados maxi procesos para llevar al banquillo a los setenta diputados y senadores de PAN, PRI y PRD presuntamente implicados.
La forma de procesar el caso Anaya, con más contenido político que jurídico, deja en la opinión pública la sensación de que el combate es a la oposición, no a la corrupción. El hecho de que el Presidente haya dedicado a estas alturas del partido más de una hora a convencernos de que Anaya es un corrupto antes de que el Juez haya imputado al excandidato panista abre un abanico de dudas.
En política lo que no mata engorda y si Anaya, inocente o no, libra de este proceso, saldrá fortalecido. Por el contrario, si al Presidente no le sale bien la jugada terminará convirtiéndose en eso que, con razón, tanto criticó: pasará de ser el gran perseguidor de la corrupción a un vulgar perseguidor de opositores.
