Por Diego Petersen Farah
No hay nada más placentero que el sexo, excepto el monopolio, solía decir mi amigo Federico. El placer que genera el monopolio nunca lo conoceremos el común de los mortales, más bien sufriremos sus consecuencias, así que sólo nos queda el otro. Algo similar, supongo, sucede con la reforma electoral. Algún placer oculto ha de tener hacer una reforma al sistema de elecciones que ningún Presidente, de López Portillo para acá, se lo ha perdido, cada uno ha hecho y presumido su reforma. Sólo hay dos cosas ciertas en cada sexenio: la primera es que el Presidente, el mismo por el que votamos, terminará siendo repudiado y, segunda que habrá reforma electoral.
El Presidente López Obrador está enfocado en ello. Las instituciones electorales dice, son arcaicas, caras y poco funcionales y si alguien tiene duda basta ver lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral. Tiene razón, hemos creado un sistema electoral que raya en lo absurdo, pero no tiene la culpa el Instituto Electoral sino quienes lo hicieron compadre, quienes, por desconfianza, sexenio tras sexenio, reforma tras reforma, le fueron añadiendo restricciones a los procesos electorales y atribuciones al IFE y luego al INE. Para crear ese monstruo, curiosamente, nadie influyó tanto como el propio López Obrador que tras las dos derrotas consecutivas en 2006 y 2012 impulsó muchas de las reformas que nos llevaron a esta democracia híper controlada con instituciones enormes y burocratizadas.
El riesgo, como siempre, sucede, es que terminemos tirando el niño con todo y el agua sucia de la bañera, que es mucha y pestilente. Cualquier reforma debe mantener los que podríamos llamar irreductibles de la democracia: un instituto electoral que sea un organismo de Estado, no vinculado al Gobierno y con independencia financiera y de gestión; consejeros electorales nombrados con el mayor consenso posible, de preferencia con mayoría constitucional para que estén lo más alejado de eso que llamamos cuotas y cuates, aunque de entrada sabemos que esta lógica siempre está y estará presente; un tribunal especializado cuyas decisiones sean inatacables y, finamente, un sistema de fiscalización del ingreso/gasto de los partidos en tiempo real y que tenga dientes. Todo lo demás, el sistema de financiamiento de los partidos políticos (cuánto el estado, cuánto particulares) el acceso a medios, los requisitos para constituir un partido, si hacemos un solo sistema nacional y terminamos por desaparecer los organismos estatales, o incluso si vamos ya directo a la urna electrónica, es perfectamente discutible.
Las reglas de la democracia pueden y deben adaptarse a las necesidades y los momentos del país; los principios no. La reforma debe garantizar que cada voto cuente y se cuente bien, que todos los ciudadanos seamos iguales ante las urnas y que ningún Gobierno o poder fáctico tenga control de los procesos electorales.
Si este Gobierno no se va a evitar el placer de hacer una reforma electoral, discutamos y busquemos que ésta sea la mejor (o menos peor posible).
