Un asunto que se ha politizado de manera absurda, como es el problema de la basura, no ha mostrado aún sus efectos más negativos. Nos referimos a los graves problemas sanitarios que acarrea la acumulación de basura y desechos sólidos en las calles, avenidas y mercados. La posibilidad de contraer enfermedades, de la proliferación de fauna nociva, como cucarachas y ratas, además de otros bichos, a la larga puede convertirse en un problema más grave que la simple acumulación de basura. He ahí el por qué debe actuarse con la ley en la mano para evitar más daños.
A todo ello hay que agregar la imagen triste y deplorable que muestra nuestra capital, orgullosamente reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Existe el riesgo de que dicho título le sea retirado? Obviamente no. El organismo gubernamental lo otorga bajo la premisa de que la sociedad y el gobierno habrán de salvaguardarlo y no que la apatía sea la que lo resguarde del deterioro o afectación física. La pésima imagen de la antes conocida como Verde Antequera, es un revés más para nuestra devastada industria sin chimeneas: el turismo.
Durante una semana se han difundido en los medios de comunicación las insistentes promesas de que el basurero será reabierto. Sólo lo estuvo dos días, gracias a “la indulgencia” de quienes lo tienen tomado. No se observa por ningún lado que al gobierno estatal o municipal le preocupe. La decisión de adquirir -o rentar- un predio, ubicado detrás del Penal Femenil de Tanivet, Tlacolula, lejos de resolver el problema simplemente lo entrampó, habida cuenta de que no se habían valorado las protestas de los vecinos del Valle de Tlacolula, que se sintieron agraviados.
Con justa razón hubo movilizaciones pues el predio no contaba con los permisos o certificados de impacto ambiental. Los oaxaqueños aspiramos a vivir en paz; a trabajar y producir en un ambiente de civilidad. Es necesario que los funcionarios responsables se pongan a trabajar; es tiempo de que el ejecutivo haga los ajustes necesarios para hacer más eficiente el aparato gubernamental. Pero no debe haber más dilación en la solución de problemas como el tema de la basura, que de manera innecesaria rebasó los diez días sin haberse logrado recuperar lo que ha sido un bien público. Hay entre la ciudadanía molestia, indignación y agravios, respecto a la manera superficial con la que se sigue percibiendo este problema de salud pública.
Lacerante impunidad
La forma en la que actúan dirigentes y manipuladores de organizaciones sociales; la actitud tan ruin en el montaje de bloqueos carreteros, toma de casetas de cobro, asaltos a camiones de mercancía o gasolina, etc., sin que reciban castigo alguno, se ha convertido en una acción recurrente de impunidad que es lesiva para el pueblo. A la semana, al menos tres días trasciende que cualquier estúpido toma las casetas de cobro de Coixtlahuaca, Huitzo o Ixtepec.
No existe una forma en la que dicho ilícito se inhiba, habida cuenta de que quienes lo hacen con premeditación perversa, lo cometen porque saben que nadie les tocará un pelo. Si a un ciudadano común y corriente se le ocurre cometer una acción similar, podemos tener la certeza de que será detenido y consignado por robo violento u otros delitos. Pero si llegan dos o tres vándalos, encapuchados, disfrazados de estudiantes de la Escuela Normal o maestros de la Sección 22 o simple comuneros o porros de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), que quieren dinero para adquirir drogas u otros, ésos son intocables. La pésima y torcida actuación de las comisiones de derechos humanos o de la propia Defensoría, inhiben cualquier acto de autoridad que tenga como finalidad mantener el Estado de Derecho.
El mejor ejemplo de impunidad es el cierre del basurero municipal por parte de un grupo minoritario de vecinos de la agencia Vicente Guerrero. En el fondo del asunto, lo que ha sido el móvil es la exigencia de que se suspendan las órdenes de aprehensión que el juez de control tiene en sus manos, para proceder penalmente en contra de quienes incendiaron viviendas y vehículos de miembros del Frente Popular “14 de junio”, hechos suscitados en el mes de julio.
Si bien es cierto que dicha información no se ha difundido en los diversos medios de comunicación, también es cierto que refleja con nitidez las presiones a las que está sometida la Fiscalía General del Estado y el aparato de justicia, para torcer la ley a través de prácticas perniciosas de chantaje y presión. Por supuesto que el Estado no debe caer en esta trampa; por supuesto que debe llevar adelante la acción punitiva que implica castigar a quienes delinquen y pretenden imponer su propia ley. Con el mismo rasero deben ser medidos esos delincuentes juveniles que atracan en las casetas de cobro; que secuestran unidades comerciales; que roban las cajas de monedas de los autobuses urbanos. No debe haber medianías con nadie.
