Por Joaquín Herrera
La tarde de este lunes, pobladores de la comunidad de Donají y zonas aledañas, instalaron un bloqueo carretero para exigir justicia para Julio de Jesús C., vecino de esta comunidad, quien el pasado 16 de junio fue embestido por el vehículo conducido por Ángel Gilberto C. F., quien viajaba en aparente estado de ebriedad sobre la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, en el tramo Donají -Palomares.
Los afectados denunciaron que Ángel Gilberto, supuesto responsable de este accidente, fue detenido y trasladado a los separos de la Guardia Nacional para ser puesto a disposición de la Fiscalía, sin embargo, fue presentado ante el Fiscal C. José Luis Miguel Cruz por los suboficiales José Luis Cruz Leyva y René Velázquez, quienes lo hicieron en calidad de presentado y no como detenido.
Presunta corrupción
El hecho de no presentar en tiempo y forma al inculpado ocasionó que sólo estuviera detenido por un máximo de 72 horas, por tal motivo los defensores de Julio de Jesús C., señalan este hecho como un acto de corrupción de parte de los oficiales, quienes presuntamente también cambiaron el parte informativo de los hechos señalando como culpable a la víctima.
Por lo anterior, Ángel Gilberto fue liberado al día siguiente de su detención después de hacer un pago a los afectados por la cantidad de 13 mil pesos, como anticipo por los gastos de hospitalización, estudios y medicamentos, sin embargo, los sus familiares de la víctima argumentan que los gastos médicos a la fecha ascienden a más de 500 mil pesos, ya que el accidente derivó en la amputación de la pierna derecha, la pérdida parcial del ojo izquierdo, una fractura de pelvis y brazo izquierdo de Julio de Jesús C.
Cobros excesivos
Los afectados también denuncian al Lic. Ernesto Noriega Osorio quien en un principio se hizo cargo del caso y no abogó a favor de la víctima, así como y a la Clínica Guadalupe por un excesivo cobro de hospitalización y medicamentos, además de no querer firmar el expediente clínico después de haber liquidado la deuda.
Ante esta situación, los afectados esperan que sus peticiones sean escuchadas por la Fiscalía General de Justicia con sede en la Ciudad de Matías Romero, al tiempo de exhibir las anomalías realizadas por parte de los elementos de la Guardia Nacional.
