Antiguo es el arte de hacer política. En medida tal que ha intentado desentrañarse la relación que guarda su desempeño con la naturaleza humana. Es trascendental la claridad de un secretario de Estado sobre sus convicciones políticas pero sobre todo, las personales y emocionales.
Suenan las campanas de una renuncia más. Otro miembro de la tripulación que abandona el navío en una tormenta que se queda corta en calificativos. La renuncia de Alfonso Romo a la Oficina de la Presidencia merece un análisis sistemático junto con acontecimientos similares a lo largo de estos dos años de gobierno. Ingenuo sería concluir este asunto de manera aislada y pretendiendo que solamente se vence un plazo pactado.
Cuando damos un paso de perspectiva e incluimos a nuestro campo de visión la preocupación que rodea a la crisis económica, otras posibilidades vienen a la mesa. No es ningún secreto que enfrentamos un ambiente de desconfianza con la inversión privada, entre tantos sucesos y virus mortales, también por la tendencia jurídicamente cuestionable de escuchar a la voluntad popular lejos del procedimiento y límites constitucionales y legales. Por otro lado, este hecho se suma a una serie de retiradas en la Administración Pública Federal, siendo un foco rojo de crisis de legitimidad del liderazgo; esta no sólo implica acceder sin duda alguna a la posición de mando, sino de dotar continuamente a las decisiones ejecutivas de un elemento de prudencia y prosperidad.
Sabemos de diferencias personales e institucionales entre el Ejecutivo y sus Secretarios –circunstancia inevitable en un presidencialismo medianamente responsable– pero la innegable señal de que llegan al punto de disyuntiva entre convicciones personales apunta a una inestabilidad política interna que poco puede convenir a la Federación.
El Estado Mexicano, como todo Estado hambriento de prosperidad y desarrollo requiere, indefectiblemente, un elemento de estabilidad legítima al momento de hacer política. Sin él, independientemente de las mejores intenciones en cada audaz decisión, los factores externos que también necesitamos perderán la confianza invertida y que, a diferencia de muchos actores hoy en funciones, nunca es ciega. Este elemento de estabilidad debe extenderse a lo que conocemos –o anhelamos- como seguridad jurídica. Un sentimiento colectivo de certeza sobre lo ordenado por el orden jurídico y las consecuencias a sus hipótesis normativas, desde luego para los gobernados, pero también respecto del actuar público.
Las razones de semejantes señales de inestabilidad, posiblemente ya en la mente del lector, parecen asociarse cada vez más con la manera poco ortodoxa de toma de decisiones en la Presidencia. Muchas de las cuales hemos tenido que sobrellevar so pretexto de materializar las mejores intenciones políticas y hasta morales. Su conjunto pretende llevar a la vida un proyecto de disrupción política, aunque lamentablemente, esa disrupción también lacera los tejidos de la seguridad jurídica que tanto hemos luchado por construir.
Maquiavelo destinó parte de su obra a pronunciarse sobre la relación del príncipe con sus ministros. Sorprendente resulta entender que su análisis cobra más vida que nunca. A manera de aconsejar la distancia entre el gobernante y los aduladores, nos ilustra la herramienta de dar seguridad a los ministros de que no ofenden diciendo la verdad. Su participación será valiosa en la medida que, mediante diálogos sabios, aporten consejos y apoyo directo al gobernante, curiosamente en concordancia con las atribuciones de la Oficina de la Presidencia consagradas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Todos somos tripulantes de la misma nave. La prosperidad política y jurídica tiene en la estabilidad legítima su principal asidero. Cuando la fuente de soberanía –los ciudadanos- adoptemos tal premisa con suficiente convicción, estaremos en posibilidad de dotar al aparato Estatal de más sólidos proyectos y lineamientos ejecutivos.
*Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.
Twitter: @richievidales
