Luego de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), el presidente Oswaldo García Jarquín se sumó a la lista de al menos siete autoridades municipales que no podrán reelegirse debido a que se acreditó que ejercieron violencia política en razón de género.
Por el momento, en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género solo figura Dante Montaño Montero, presidente de Santa Lucía del Camino, como se observa en la página del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Sin embargo, Oswaldo García Jarquín se integra a una lista en la que no solo está su par emanado del partido Morena. También los presidentes municipales de Tlacolula de Matamoros, Santiago Suchilquitongo; Filomeno Claudio Coca López, de San Pedro Coxcaltepec Cántaros; Santiago González, de Santa Catalina Quierí, y Santa Cruz Amilpas.
Aunque ya falleció, otro presidente de quien se confirmó que ejerció violencia política en razón de género fue Alfredo Juárez Díaz, de Matías Romero Avendaño.
Entre las afectadas por este tipo de violencia están Jaquelina Escamilla Villanueva (extitular del Instituto Municipal de la Mujer), por parte de Oswaldo García Jarquín, y Nallely Ortiz Jiménez (regidora de Equidad de Género y Grupos Vulenrables), por el edil Dante Montaño.
En julio, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) crear una lista nacional que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género, para tomarla en cuenta en las próximas elecciones”, según recoge un comunicado del órgano.
El Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género señala que “la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras y servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objetivo de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.
Este tipo de violencia pueden vivirla “una o varias mujeres, sus familiares o personas cercanas, también lo puede ser un grupo de mujeres de la comunidad”.
Según la última reforma, las afectadas también pueden ser funcionarias que no hayan sido electas sino designadas en un cargo, como lo fue Jaquelina Escamilla Villanueva.
