En lo que va de la emergencia sanitaria por Covid-19, las autoridades municipales son las mayormente señaladas en las quejas interpuestas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Se les acusa en 43 de un total de 163 en el periodo que abarca los últimos días de marzo y hasta la primera semana de noviembre.
Los motivos: detenciones arbitrarias, retención de personas ajenas a la comunidad, cierre de negocios, cobro de multas y abusos aludiendo desacato de medidas sanitarias. De entre las 43 quejas, 23 están relacionadas con filtros sanitarios, así como el cierre de accesos a municipios.
Para Sara Méndez Morales, de la coordinación de Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Codigo DH), las autoridades municipales han incurrido en violaciones de derechos humanos al imponer diversas medidas como el uso de cubrebocas.
El organismo ya había interpuesto un amparo en abril sobre esta disposición contemplada en un decreto estatal. Si bien tuvo un fallo a favor, con una suspensión temporal, la resolución fue impugnada por el Ejecutivo Estatal y ahora queda esperar un fallo definitivo.
Sin embargo, al observar medidas como esta, a la que el subsecretario de Salud (Hugo López-Gatell) se refirió como de tipo coercitiva (por abarcar multas y arrestos en sus sanciones), Méndez Morales observa un clima de violación de derechos humanos. Cuando la obligación de las autoridades es proteger e informar a la población, pero no desde la represión.
“La conciencia de la ciudadanía es la que importa, apelamos a que todas y todos nos cuidemos”, externó la defensora a propósito de la medida que en municipios como San Pedro Pochutla ha llevado a varias personas al arresto o el pago de multas de 500 pesos.
Sin embargo, a raíz de que se interpuso el amparo, dijo que el interés de Código DH es “que no se preste a la arbitrariedad porque conocemos el actuar de las policías municipales y es a veces en situaciones como estas donde tienen la atribución de detener a cualquier persona que esté en la vía pública sin portar cubrebocas”.
Para la organización de la que es parte, las sanciones por no acatar esta medida obligatoria son excesivas, “sobre todo porque las cárceles municipales tampoco tienen las condiciones sanitarias para tener a personas, al final se pueden convertir en un lugar de riesgo de contagio”.
“Apelamos porque se informe, porque se cree conciencia y autoridades de los distintos niveles favorezcan la información de la gente”, agregó.
El promover el amparo en torno al uso de cubrebocas “permitió detener un poco esta situación”, pero últimamente han sabido de “esta tendencia represiva”, una que “no necesariamente favorece el respeto a los derechos humanos, por el contrario, se convierten en ámbitos de nueva violación”.
Al considerar que se pueden generar mayores daños que beneficios y que se está yendo en contra de lo dispuesto por la federación, Méndez Morales recomendó interponer quejas al respecto, ante organismos como la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca.
