La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, calificó ayer aquí de penoso que a presidentas municipales electas para el cargo, se les obligue a renunciar solo por el hecho de ser mujeres.
Aunque admitió que no todo acto que se denuncia como violencia de género corresponde a este factor, “es grave cuando dicen en mensajes que no pueden permitir que gobierne una mujer”
Junto a la moderadora Margarita Daltón Palomo, funcionarios electorales e invitados especiales, destacó que a través de sentencias y de juicios, se podrá tratar de ir cerrando y definiendo lo que es la violencia política de género.
“Reparar los casos de violencia política de género, responder a las solicitudes de derecho al olvido a quienes hayan sido acusados y definir las consecuencias, dado que el enfoque jurídico y programático no es suficiente para lograr la igualdad de facto (en el país)”, anotó.
La magistrada del máximo órgano jurisdiccional en México sostuvo que las autoridades y órganos especializados deben asumir su parte de responsabilidad en los tres niveles de gobierno, expresó.
“La exclusión política de los pueblos y comunidades indígenas es algo que las sociedades democráticas no pueden permitirse”, dijo, al participar en la conferencia magistral “Sistema de Justicia con Equidad de Género” en el marco del seminario internacional organizado por el CIESAS.
“Con la responsabilidad de las mujeres, (es posible) empezar a cambiar la manera de hacer política”, sostuvo.
Sostuvo que en toda contienda política, la competitividad y la violencia que eventualmente se presente, ameritan un análisis puntual de cada caso que se presente ante el TEPJF, a fin de establecer cuándo un asunto se trata de un caso de violencia política solamente y cuándo otro alcanza la denominación de violencia política de género.
La magistrada presidenta indicó que es en las comunidades indígenas donde se presenta el mayor número de casos de violencia política de género en contra de las mujeres.
Subrayó que en esas comunidades es en donde la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF ha trabajado de manera constante para lograr que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales, desde su derecho a votar y hasta ser votadas para un cargo de elección.
Comentó que la violencia va en contra de uno de los valores democráticos esenciales, que es la participación.
Sin la participación (de las mujeres) en la toma de las decisiones que interesan a la ciudadanía, no es posible hablar de democracia”, puntualizó la Magistrada Presidenta de la Sala Superior.
Reiteró que es a través de sentencias y de juicios, como se podrá tratar de ir cerrando y definiendo lo que es la violencia política de género, “con la responsabilidad de las mujeres, es posible empezar a cambiar la manera de hacer política”.
Consideró fundamental que todas las instituciones que tienen una misión constitucional con la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, levanten la voz, hagan visible el problema y tomen las medidas necesarias para erradicar la exclusión política que enfrentan sus habitantes.
Subrayó que, para contribuir a la erradicación de esos males sociales, políticos e incluso jurídicos, resulta indispensable que los estados democráticos generen estructuras institucionales fuertes y las condiciones necesarias, para que todas las personas gocen del derecho pleno y efectivo a la participación política.
Malassis refirió que México, al igual que otros países americanos, es una nación pluricultural, ya que más de una quinta parte de la población se auto describe indígena y de estos, 70 por ciento vive en condiciones de pobreza y marginación, hecho que es totalmente intolerable en una democracia.
Dijo que si bien hay avances en la participación política de las mujeres, uno de los reclamos que podrían hacer las futuras generaciones es la “pasividad ante la violencia de género”.
Entre los juicios que ha resuelto el Tribunal Electoral hay casos de mujeres que fueron violentadas y obligadas a abandonar sus cargos y aunque la autoridad ordenó su restitución ellas no pudieron ejercer sus funciones con normalidad.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 611 denuncias relacionadas con derechos políticos de las mujeres, de los cuales 79 fueron sobre violencia política.
