Considerémonos afortunados, pues somos testigos del debacle del concepto de soberanía, por lo menos, en su acepción más tradicional e irracionalmente nacionalista. No es para alarmarse, existen razones suficientes para analizarlo.
El veloz deterioro de las condiciones climáticas del planeta y el aumento en su temperatura, es uno de muchos acontecimientos que ganan terreno para el modelo de la Gobernanza Global. Es decir, las naciones ya no pueden encerrarse en su supremacía interior, cerrar las escotillas e ignorar las tormentas del globo.
Fomentar la mitigación de gases de efecto invernadero, preservar sus depósitos, apoyar a los Países en desarrollo y el alcance de un definitivo punto máximo de emisiones de dichos gases son algunos de los objetivos del Acuerdo de París –así como de sus mecanismos de complimiento de tracto sucesivo–, concebido en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015. Cada vez son mayores y más específicos los acuerdos en torno al combate del cambio climático. La ciencia no puede estar equivocada; los efectos y consecuencias de la evidencia han avivado al engranaje jurídico de la comunidad internacional.
Se ha cumplido el plazo para la actualización del retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París, instrumento que fue firmado y aprobado en 2016, también por México. Si bien llama la atención, resulta jurídicamente pulcro, pues el gobierno de las barras y las estrellas se tuvo que someter al artículo 28 del Acuerdo, que prevé la posibilidad de que una de las Partes pueda denunciar –renunciar– el tratado únicamente cuando hubiesen transcurrido tres años desde su entrada en vigor para esa Parte, surtiendo efectos dicha renuncia un año después de su notificación por escrito al Depositario del instrumento. El Gobierno de Trump alegó que la economía de su país sufriría enormes perjuicios, de continuar atados al instrumento.
Lo anterior constituye otro eslabón en una cadena de actos y declaraciones que no parecen tener al cambio climático como su prioridad en materia de cooperación internacional. Si bien la denuncia de este instrumento en particular no exime a tal Estado de cumplir con el resto de las obligaciones provenientes de otras fuentes de Derecho Internacional –según lo dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados–, sin duda era preferible su cooperación en la aplicación continua del Acuerdo. Sus capacidades económicas y diplomáticas podían sumar al esfuerzo internacional contra la escalada de temperaturas, además de que figura como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Por su parte, Biden ha sido claro al expresar su intención de volver a incluirse como Parte en el Acuerdo. Imposible ignorar el riesgo de confrontaciones sociales y litigios con relación al resultado de la elección presidencial que hemos seguido de cerca.
En medio de tan sensible controversia, ¿será prioridad retomar los esfuerzos de reincorporación al instrumento por parte de los Estados Unidos? Debería. Sin ningún afán metafórico ni metajurídico, el tiempo apremia; la temperatura del globo se eleva y cada año que no se atiende el problema, aumenta el riesgo de su irreversibilidad.
De nuestro lado del Río Bravo, el camino parece claro. Es de celebrarse nuestra participación en semejante esfuerzo de cooperación internacional. El reto reside precisamente en no perderla de vista. El principio de progresividad marca una pauta de rango constitucional a nuestras autoridades al interior, pero también al exterior, pues ya nos vemos implicados en una red de sujetos de Derecho Internacional que tienen como base y valor fundamental la necesaria cooperación constante. Nuestros conceptos tradicionales y primigenios de soberanía han sufrido una evolución.
No nos será suficiente enfrascarnos en una ciega defensa de los intereses interiores cuando los esperpentos globales –como el cambio climático– comiencen a cobrar factura y toquen a la puerta de la iniciativa.
*Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.
Twitter: @richievidales
