Para toda crisis hay una resolución. Nuestra vivencia pandémica ha puesto bajo el escrutinio a la Administración Pública. A pesar de las cuestionables gestiones por parte de la Secretaría de Salud, el tiempo da la razón científica a la necesidad innegable de adquirir y distribuir –urgentemente– vacunas contra el virus que hoy nos aqueja. No solamente es una verdad científica, sino también una urgencia política de legitimar el liderazgo sanitario.
Recientemente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha comunicado la celebración de contratos de pre compra de vacunas contra el virus causante de COVID-19 con laboratorios transnacionales, que sumado a los frutos de la alianza internacional COVAX de la OMS, pretende obtener para el Estado Mexicano, alrededor de ciento dieciséis millones de dosis entre marzo y diciembre de 2021, adicionalmente a que México se ha comprometido a ejecutar la fase tres de ensayos clínicos de por lo menos, catorce desarrollos.
Resulta prometedor recibir noticias alentadoras desde el punto de vista científico. Sin embargo, es de la mayor trascendencia recordar que nos encontramos en momentos clave para la preservación del Estado de Derecho.
Es innegable el riesgo latente que acecha a la salubridad general, pero precisamente por semejante trascendencia es imperativo exigir la observancia del artículo 134 Constitucional – mismo que enuncia los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez– que se impone a los órdenes de gobierno al momento de administrar recursos públicos.
Según reportes, el Gobierno Federal ha invertido 159.8 millones de dólares –más 20.6 millones en concepto de garantía– solamente como pago anticipado al proyecto de COVAX. Tal esquema puede ubicarse jurídicamente dentro de los esfuerzos a los que estuviese comprometido nuestro país, como miembro activo de la OMS. Por otro lado, las contrataciones celebradas con las transnacionales no deben escapar al escrutinio de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni del referido artículo 134. El seguimiento transparente de este proceso de licitación o adjudicación directa, en su caso, representará para este Gobierno un flanco que no puede darse el lujo de descuidar.
No tenemos ninguna duda sobre la urgencia de tal inversión como tampoco respecto del hecho de que existen escasas opciones gubernamentales o farmacéuticas que puedan proveer la vacuna. Aquello que debemos contrastar es la capacidad del actual gobierno para hacerse de las dosis y de distribuirlas de manera eficiente. No nos encontramos ante cualquier reto a la gestión administrativa, sino ante un verdadero desafío sanitario, precisamente porque al momento de distribuirlas y aplicarlas hay que atender al contexto de riesgo epidemiológico del país en su integridad. ¿En qué entidades federativas va a priorizar su aplicación? ¿Qué sector demográfico realmente será el primero en vacunarse?
Son preguntas que únicamente pueden responderse con transparencia, pero sobre todo, a través de la eficaz dirección de la autoridad sanitaria.
Partiendo de tal base, es de llamar la atención la participación del Secretario Ebrard en tales negociaciones. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría para asegurar la coordinación de las dependencias de la Administración Pública Federal en el exterior. No obstante, sería estéril intentar separar las aspiraciones políticas de cada uno de los actos de esta administración. Lo anterior, a partir de la falta de coordinación entre actores dentro del mismo Poder Ejecutivo y de la autoridad sanitaria, mismos que comenzaron negando la gravedad sanitaria y económica de la pandemia a corto y mediano plazo y que al día de hoy sobreviven entre llamados públicos claramente contradictorios respecto al posible rebrote de casos.
Precisamente aquí cabe nuestra crítica: el proceso de compra y garantía de distribución de las vacunas contra el COVID-19 es un reto como pocos andamiajes administrativos han conocido, por lo que debemos permanecer atentos y priorizar la salud pública, antes que cualquier intento de redención pública.
*Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.
Twitter: @richievidales
