La semana anterior, el gobierno de Alejandro Murat, en una acción inédita, procedió al pago a los ahorradores que habían sido defraudados por cajas de ahorro y similares. Para darle transparencia y garantizar la legalidad de esta acción de gobierno, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCyTG), a cargo de José Ángel Díaz Navarro, inició la supervisión en todo lo referente al “Fideicomiso pago a ahorradores defraudados”. Todo un equipo de trabajo adscrito a la citada dependencia inició su recorrido por los Centros de Atención a Ahorradores (CEATS), dando inicio en el CEATS de Valles Centrales, ubicado en San Felipe del Agua, en tanto que otro grupo se trasladó a Huajuapan de León para atender a defraudados Mixtecos. Según trascendió, este día estarán en el Istmo, seguirán hacia Tuxtepec y luego estarán en Huautla de Jiménez, haciendo un trabajo de rotación, esto con el objetivo subrayó el secretario Díaz Navarro, de garantizar que todo el proceso sea con apego a la legalidad y que los beneficiarios no encuentren más burocracia en el proceso.
En otro contexto, la política en contra de la corrupción en el actual régimen sigue adelante, de manera coordinada con las Contraloría de otras entidades del país, habida cuenta de que la nuestra preside el organismo a nivel nacional. Bajo esquema, se busca establecer canales de coordinación y comunicación para definir estrategias que robustezcan el combate a este flagelo. Es importante subrayar que dicha Comisión Permanente de Contralores, que involucra a estados y Federación y representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ha mantenido contacto con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo responsable del programa de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción a nivel global.
Según datos obtenidos, durante la actual administración, Oaxaca ha obtenido buenos resultados y reconocimientos en las tareas emprendidas por la SCyTG, para marcar la pauta y establecer de manera institucional, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como una forma sui generis de fiscalizar el uso de los recursos públicos y evitar cualquier forma de corrupción. Y estas estrategias están calando hondo en las dependencias similares en cada una de las entidades del país, en donde al igual que en el gobierno federal, el combate a la corrupción es una política del buen gobierno.
Cuestionadas medidas cautelares
Desde el año 2010, es decir, desde hace una década, un pequeño grupo de indígenas triquis, originarios de la zona de San Juan Copala, se posesionaron de los pasillos del Palacio de Gobierno. Desde ese año, hicieron de dicho espacio público y paso obligado no sólo para trabajadores y funcionarios del gobierno estatal sino para los ciudadanos que atravesaban a pie de Trujano a Guerrero, rehén de unos cuantos. Ahí duermen, cohabitan, cocinan y es utilizado como taller y negocio comercial. Son tres los dirigentes de este grupo que tienen secuestrado dicho espacio: Lorena Merino, Reyna y Jesús Martínez. El argumento para su defensa en cualquier intento de desalojo es que ellos cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Eso los hace sencillamente intocables.
Durante toda la administración del gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), dichos grupo de triquis se mantuvo como amo y señor del referido espacio. Y lo ha sido también, en los casi cuatro años que lleva de gestión el régimen de Alejandro Murat, no obstante que, especialistas en temas jurídicos han dicho que sólo basta integrar los expedientes respectivos para echar abajo las citadas medidas cautelares, pues el referido organismo internacional no puede amparar una situación en la que se utilicen las medidas de protección, para trastocar el Estado de Derecho o vulnerar la civilidad de cada gobierno local. Pese a ello, nadie ha movido un dedo para restituirle a los citadinos los espacios que hoy están invadidos por una mala interpretación de las multicitadas medidas cautelares.
La semana pasada, luego de un repunte de contagios por Covid-19 en la entidad, pero sobre todo en la capital del estado, que ha sido eje de este mal, cuerpos policiales invitaron a dichos grupos a desalojar el zócalo y los espacios que tienen invadidos. Con gritos, manotazos y golpes, mujeres de la referida etnia triqui arremetieron en contra de los uniformados. Es decir, no están dispuestas a desalojar. Hay que recordar que sus dirigentes no sólo reciben un subsidio mensual para su manutención, sino que han exigido al gobierno estatal, cuarenta lotes, en donde se les construyan viviendas de dos pisos. La imagen de nuestro Centro Histórico es deplorable. Lo que muchos nos preguntamos es: ¿cuál es el trasfondo de que ni gobierno estatal ni municipal acudan a la CIDH para revertir las referidas medidas cautelares?
