El proceso educativo no es responsabilidad exclusiva del gobierno que es quien pone a disposición de maestros, alumnos y padres de familia los instrumentos necesarios para la educación, sino una labor corresponsable en la que tienen que ver asimismo, los padres de familia y las autoridades municipales. Desde que las movilizaciones magisteriales hicieron crisis en la gobernabilidad, pero sobre todo, desde que los grupos radicales y sus atropellos empezaron a socavar el derecho a la educación y el espíritu del Artículo 3?. Constitucional, hemos propuesto la corresponsabilidad de padres de familia y autoridades locales en la vigilancia y salvaguarda de la educación de sus hijos. Nuestro reconocimiento a aquellos padres y madres que han estado pendientes de las acciones de los mentores que, siguiendo a pie juntillas las consignas de sus dirigentes, cierran escuelas y conculcan en los niños y jóvenes el derecho a recibir educación. En efecto, el Estado garantiza ese derecho, pero ha sido el miedo para aplicar la ley, sobre todo después del 25 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, cuando a maestros y normalistas se les otorgó una especie de patente de corso para delinquir y encubrirlo con una careta de lucha social. La responsabilidad con la educación simplemente se fue a la basura, ante la forma tan ruin como fue asumida.
Precisamente por ello, la defensa a ultranza de la educación de los niños y jóvenes debe provenir de la sociedad civil. La organización “Mexicanos Primero” ha hecho una y mil denuncias en las que figura asimismo la irresponsabilidad de padres y madres de familia, que asumen que es el Estado quien debe confrontar siempre a los mentores para hacerlos participar de manera responsables del proceso educativo. Es evidente el temor del gobierno en tocar a los maestros. Lo hemos palpado en los últimos tiempos. Es más, no se moverá un solo dedo para obligarlos a cumplir las nuevas disposiciones legales, que tienen que ver con descuentos, evaluaciones y demás. El gobierno, como representante genuino del Estado simplemente ha fingido demencia, pero no debe ocurrir lo mismo con las juntas o asociaciones de padres de familia, que deben ser los permanentes y fieles guardianes de la educación de sus hijos. Así de simple.
Ajustes necesarios
Poco después de haber concluido las fiestas de julio, trascendió que el ejecutivo estatal, Alejandro Murat, daría una severa sacudida a su gabinete legal y ampliado. Sin aplicar de manera individual el calificativo de ineficiente, hay en toda la estructura gubernamental demasiada seguridad de que las cosas caminan bien, pero a juicio de la sociedad no es así. Los medios de comunicación, que funcionan como catalizadores de la inquietud ciudadana perciben con claridad que hay en ciertas áreas de gobierno, algo más que incompetencia: soberbia, apatía y desinterés. Hay interés, sí, pero en cuestiones de corte político-partidista. En la pasada Asamblea General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por ejemplo, catorce funcionarios solicitaron permiso y la suspensión de su pago por los días que tardó el evento, para asistir al citado cónclave tricolor. En efecto, no hay un impedimento legal para que cada uno de los que asistieron tengan el genuino interés de participan eventualmente en determinado proceso electoral o en rejuego político que se espera el año entrante. No. Lo que se pone en tela de juicio es que las cosas en Oaxaca no son las que esperábamos: obras, gobernabilidad, paz social y mayores oportunidades para todos.
Es penoso decirlo pero se siguen los cartabones de la administración pasada. Poca transparencia, mucha opacidad y una incompetencia evidente en algunas áreas. En las cuestiones de política interna, tal parece que al gobernador Alejandro Murat poco le ayudan sus amigos. Hay al interior del gabinete golpeteo, grillas y golpes bajos. Hay quienes operan como incendiarios y bomberos, es decir, generan conflictos, bloqueos y movilizaciones, para ser ellos mismos quienes asuman el éxito de desactivarlos. Insistimos: pocos, muy pocos son los que en verdad están cumpliendo con la encomienda que les asignó el ejecutivo estatal. Hay asesores que pagan a columnistas y sicarios del periodismo para que golpeen a tal o cual funcionario. Otros más, siguen empeñados en hacerse en el cargo, de fortunas. Es evidente que el ejecutivo no percibe esta situación, ocupado como está en aplicarse en situaciones de otra envergadura. Sin embargo, es un secreto a voces que ese golpeteo es un obstáculo irreversible para la buena marcha de la actual administración. Esperamos pues que Murat Hinojosa llame a cuentas a algunos de sus colaboradores y les exija resultados. Que no lo sorprendan con cuentas falsas e informes maquillados.
