En su compromiso con la sociedad oaxaqueña de ir al fondo para sacar de su madriguera a la delincuencia organizada y común, la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo operativos y cateos en las diversas regiones del estado. Hace unos meses fueron en la Cuenca del Papaloapan, luego en los Valles Centrales y, recientemente, en Ciudad Ixtepec, Santiago Laollaga y Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec. Ahí, la dependencia llevó a cabo cateos en los que se encontraron a delincuentes, droga, autos robados y armas. La ciudadanía de las regiones ha aplaudido estas acciones que, aunque no incidan en una baja delictiva, al menos generan una psicosis en los delincuentes que ya no operan con la misma capacidad. Casos diferentes han sido los cateos efectuados en los Valles Centrales, en poblaciones como Ocotlán de Morelos, Zaachila o Zimatlán, en los que no hubo detenidos, gracias a la evidente colusión de elementos y comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con los grupos delictivos.
Pese a la reconocida vocación de servicio de la Fiscalía General con la sociedad oaxaqueña, lo cierto es que esa vieja disputa entre jueces y agentes del ministerio público, resulta que un solo desliz o error, es prueba fehaciente para que delincuentes consumados queden en libertad por aquello del debido proceso. Hay abogados especialistas en temas penales que sólo buscan las rendijas legales para poder echar abajo las consignaciones o prisiones preventivas. Son los vacíos en las leyes del país, por lo que la impunidad no se reduce, sino que cada día aumenta. Ladrones, criminales, narcos, secuestradores, a veces confesos, quedan en libertad ante la ignorancia o la falta de conocimiento de funcionarios o ministerios públicos que, con sus omisiones, abren la puerta giratoria a aquellos que con la mano en la cintura vulneran la ley.
Como comentamos el principio, en tanto no se prepare o capacite a los trabajadores de la Fiscalía en los pormenores del nuevo sistema penal, las prácticas a la antigüita seguirán dejando la puerta abierta para que consumados delincuentes queden en libertad y, tranquilamente, vuelvan a seguir dañando a la sociedad. Hace días trascendió que en los cateos en Juchitán de Zaragoza detuvieron a varias personas, algunas de las cuales fueron liberadas, justamente porque la Vice-fiscalía no había acreditado la responsabilidad penal de que se le acusaba.
Antros bajo la lupa
Como lo publicamos en nuestra edición del pasado domingo, en la capital oaxaqueña y en el área conurbada, hay bares que, de manera clandestina, han abierto pistas para bailar. Según la denuncia de la Alianza de Bares y Antros de Oaxaca, los propietarios de dichos centros de diversión asumieron dicha medida ante la falta de apoyos para superar la crisis que trajo consigo la pandemia. Es importante destacar que, para atenuar el impacto económico de las medidas de aislamiento social y suspensión de actividades de los establecimientos de control especial, la semana pasada, los concejales del ayuntamiento de la capital oaxaqueña, aprobaron el punto de acuerdo mediante el cual se autorizó que los establecimientos comerciales con giro de bar, cantina, cervecería, mezcalería, centro botanero y similares obtuvieran un “permiso temporal condicionado”, a efecto de que pudieran reanudar actividades comerciales. Y advirtieron que, quien no cumpliera con las condiciones sanitarias y cuidar el aforo de clientes, podrían ser sancionados, incluso, con la clausura de sus negocios.
Vale la pena subrayar que el gobierno de la ciudad ha emprendido acciones para prevenir y atender la emergencia sanitaria, siempre privilegiando la salud de la población y trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal. Con certeza no pasa lo mismo en otras municipalidades como es el caso de Santa Lucía del Camino, por ejemplo, en donde las medidas sanitarias se han relajado de manera burda, empezando por la complicidad de las mismas autoridades. No tenemos datos de lo que ocurre en el resto de los municipios conurbados en los que, seguramente habrá casos en los que los bares y antros operen con una supuesta normalidad, pero en contra de las restricciones oficiales.
No hay duda que la presión de los propietarios de dichos centros se habrá de agudizar con la entrada del semáforo epidemiológico amarillo, que permite una mayor apertura, aunque en la realidad, Oaxaca sigue permeada por los contagios y decesos. En la opinión de muchos oaxaqueños, nuestra entidad debería continuar con semáforo naranja. Los contagios diarios no bajan de cien, salvo excepciones y los fallecimientos de diez. Los antros son señalados como ejes importantes de contagios, por lo que deben estar bajo vigilancia permanente de las autoridades sanitarias y, por supuesto, de los gobiernos municipales.
