Alejandro Murat Hinojosa, de facto, lidera a un grupo de sus homólogos gobernadores (Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y pronto serán más) que sienten la necesidad de recomponer la laxitud del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que, según muchos expertos, da pie a la llamada “puerta giratoria”. Un término que describe el hábito con que delincuentes de alta peligrosidad entran y salen fácilmente de la cárcel tutelados precisamente por este Sistema Procesal Penal.
El encuentro de los gobernadores con el líder del Senado de la República, Ricardo Monreal, en una primera reunión para plantearle la necesidad de revisar dicha Ley, fue tema sobresaliente en todos los medios al inicio de esta semana.
Murat fue punto de referencia en las citas mediáticas sobre este tema que hoy ocupa a muchos mandatarios estatales, profesionales del derecho y Ongs que coinciden en la necesidad de rescatar y fortalecer la institución del Ministerio Público, extender el periodo de protección a víctimas, y robustecer el peso de la denuncia anónima.
El encuentro no fue para proponer una Reforma al Código, que no es papel de los mandatarios de los estados, sino para exponer al líder del Senado la necesidad de reformar dicha ley. Fue una concurrencia de alta resonancia cuyo filing político estuvo a cargo de dos personajes, el líder del Senado Mexicano Ricardo Monreal y el gobernador Alejandro Murat.
La voz cantante -hay que decirlo- fue de Murat quien dijo que la sugerencia ante el Senado es construir “un nuevo paradigma que le restituya al Estado Mexicano su condición constitucional de garante de la paz y el bienestar desde la legalidad y el acceso efectivo a la justicia”.
En la reunión en la que estuvieron también representantes de la sociedad civil que, de igual manera, fustigan la “puerta giratoria”, se escuchó la inquietud de que “los Derechos Humanos cuenten siempre para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas, ni del bien común”.
GARRAS PARA EL MP
Lo que buscan los gobernadores que son los que resienten las críticas por la impunidad que percibe la sociedad en favor de los delincuentes, es que haya una reforma que brinde a las fiscalías bases jurídicas para que nadie más advierta impunidad o perciba que los delincuentes tienen mejores condiciones de defensa.
Explícito, Murat dice que proponen cinco puntos para hacer más estricto el código: fortalecimiento del sistema procesal penal, respeto a los derechos humanos, acotamiento contundente de la impunidad, fortalecimiento de los derechos de las víctimas y la protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México. Lo primordial es “rescatar la institución del Ministerio Público, redimensionar el peso de la denuncia anónima, ampliar el tiempo de las medidas de protección a víctimas, clarificar el control judicial para detenciones en flagrancia, precisar y desagregar los supuestos de flagrancia; concretar una enunciación expresa en la ley de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que bajo ninguna circunstancia debe ser revisable y ampliar los supuestos de peligro de sustracción del imputado”.
Murat puntualizó que también se busca ampliar la procedencia de los acuerdos reparatorios, permitir el aseguramiento de los vehículos que utiliza la delincuencia sin necesidad de control judicial, robustecer el criterio de oportunidad para el Ministerio Público, redimensionar el ingreso a domicilios en persecuciones en flagrancia y permitir la efectiva obtención de información protegida por secreto bancario, entre otros objetivos.
LEY DEL TALIÓN
En charla con varios juristas, muchos coinciden con tal propuesta de Reforma del Código Procesal. Algunos dicen que no, pero son los menos.
Otros me indican que, de tan blanda, la ley actual hace más fácil defender al victimario que a la víctima.
Sobre el mismo tema, he escuchado también versiones del Ministerio Público y su brazo policiaco. Por ejemplo:
Un viejo comandante policiaco me explica que, ante los laxo de las nuevas leyes y la escasa capacitación de los policías, el poder económico de la delincuencia organizada y la facilidad con que hoy se dejan sobornar Ministerio Público y Jueces, en la era moderna cobra vigencia la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente.
Las bandas criminales reclutan sicarios en los estratos sociales más bajos, con muy poca escolaridad. Atraídos por la buena paga se convierten en individuos temerarios sin el más mínimo respeto a su vida y la de sus semejantes. Se convierten en sujetos imposibles de readaptación, protervos a los que les interesa solo morir o matar. Esto explica, de alguna manera, el fenómeno de las ejecuciones humanas en Oaxaca y en todo el país.
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