En opinión de millones de mexicanos, el llamado sistema acusatorio adversarial que está en vigor en el país, adolece de grandes vacíos e inconsistencias. Criminales confesos y peligrosos para la sociedad son puestos en libertad por presuntas violaciones al debido proceso y argumentos legaloides que no cumplen con el papel que deben tener ante la sociedad quienes imparten justicia. Al Ministerio Público se le han regateado facultades que se les han otorgado a otros elementos, como es el caso de las policías. Hay pues muchos vacíos que hacen de nuestro Código de Procedimientos Penales, un instrumento laxo, en donde la defensa sólo busca los resquicios legales para poner en la calle a delincuentes y criminales que deben estar privados de la libertad. En toda esta cadena, las víctimas siguen estando a la cola de las bondades de nuestro sistema de justicia. Se ha requerido pues, construir un nuevo paradigma que le restituya al Estado Mexicano su condición constitucional de garante de la paz y el bienestar desde la legalidad y el acceso efectivo a la justicia.
Por ello, pese a las críticas que se han vertido en redes sociales, hay que ponderar la propuesta del gobernador Alejandro Murat para impulsar una reforma al Código Penal, con pleno respeto sí, a los derechos humanos y “que cuenten siempre para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas, ni del bien común”. Ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, el ejecutivo oaxaqueño propuso un cuerpo de disposiciones claras y precisas que le brinden a las fiscalías todos los elementos para que el respeto irrestricto a los derechos humanos no vuelva a entrar en conflicto con la aspiración común de erradicar la impunidad de la vida social e institucional.
Estamos de acuerdo en que es necesario rescatar la institución del Ministerio Público, redimensionar el peso de la denuncia anónima, ampliar el tiempo de las medidas de protección a víctimas, clarificar el control judicial para detenciones en flagrancia, precisar y desagregar los supuestos de flagrancia; concretar una enunciación expresa en la ley de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que bajo ninguna circunstancia debe ser revisable y ampliar los supuestos de peligro de sustracción del imputado. Para ello es necesario fortalecer el sistema procesal penal y, sobre todo, poner coto a la impunidad y proteger a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México.
Ciudadanía en acción
La pandemia de SARS-CoV2 o Covid-19 ha traído consigo, además de su letalidad, un lastre de psicosis colectiva y terror ciudadano. Por ello en estos cuatro meses que llevamos de contingencia sanitaria, algunas comunidades han tomado medidas severas para evitar la propagación del virus, como ocurre actualmente en el Istmo de Tehuantepec. Hay que recordar que, desde el inicio, hubo poblaciones de las ocho regiones del estado que exigían a quienes provenían de fuera, cuarentenas y revisiones, incluso prohibían la entrada a sus comunidades. Nada de ello fue suficiente, pues hay que recordar que de aquellas comunidades bautizadas como “de la esperanza” por el gobierno federal, a la mayoría sólo les quedó el nombre pues no estuvieron exentas de contagios.
Hace al menos un mes, pobladores de San Sebastián, municipio de San Pablo Etla, descubrieron un horno crematorio que operaba de manera clandestina. Documentaron la entrada y salida de carrozas fúnebres y empezaron una campaña de protestas hasta que dicho lugar fue clausurado. Una vez más, el terror a este mal se hizo evidente. Entre los argumentos que esgrimieron estaba el miedo a contagiarse con el humo que desprendía hacia el medio ambiente dicho horno para incinerar cadáveres. Posteriormente, en las calles de Independencia de la capital oaxaqueña, vecinos denunciaron la existencia de una funeraria en donde, decían, había almacenados cadáveres sin que se les diera sepultura o fueran tratados con los protocolos correspondientes, para evitar la propagación del mal.
La cuestión se repitió con el funcionamiento de un laboratorio para pruebas Covid-19 en la Colonia Linda Vista. El establecimiento fue clausurado. Desde hace más de una semana, habitantes de la Colonia del Maestro han mantenido una protesta permanente en contra del establecimiento en una funeraria en dicha demarcación, al parecer la misma que fue denunciada en el Centro de la ciudad. Como decimos al principio, hay en la población en general psicosis y terror a los contagios, a tener cerca un sitio que maneja cadáveres, a estar a unos pasos de lugares por lo que, obligadamente tienen que pasar quienes pierden la batalla contra el Covid-19. Para contrarrestar las presiones y prohibiciones, una supuesta organización de dueños de funerarias con sus respectivas carrozas, se dedicaron desde el pasado lunes a presionar a las autoridades y golpear a periodistas.
