Siempre hemos señalado dos de los principales errores de los gobiernos mexicanos, el perdón y el olvido, que en muchos de los casos deriva en impunidad, hacia los actos de corrupción, engaño y abusos que se cometen al amparo de las libertades asentadas en las retorcidas leyes de los distintos códigos y leyes, reforzadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Basado en ello, son pocos los castigos que se aplican a los funcionarios y personajes públicos que incurren en faltas de todo tipo, desde fraude, evasión fiscal, desvío de recursos, corrupción, abusos de poder y otros delitos más que son cometidos una y otra vez y los responsables de los mismos salen excusados o pasan escaso tiempo en prisión, sin siquiera regresar los beneficios obtenidos.
Eso si dichos personajes se convierten en prófugos poderosos, con bastante dinero que les da opción para escapar de un lugar a otro, casi siempre de privilegio, hasta que son aprehendidos, extraditados, traídos a México donde recuperan la libertad y los bienes que en algún momento les fueron incautados.
Son muchos los personajes de la política, la banca, la justicia y otras disciplinas que han pasado por esas etapas, aunque el dinero con que cuentan les permite conseguir abogados de prestigio que les consiguen su liberación, sin mácula.
Varios de esos personajes buscan su reinserción en las actividades en que se desempeñaban, ya que en la mayoría de los casos son declarados inocentes, por lo que no se entiende entonces el excesivo gasto que realiza el gobierno mexicano para traerlos extraditados y poner a trabajar la maquinaria de la justicia que muestra que las pruebas que tiene en su contra no son lo suficientemente sólidas para mantenerlos en la cárcel e incautarles los millones que supuestamente defraudaron o desviaron y que esos abogados de lujo conocen los recovecos de las leyes nacionales
Los mejores ejemplos de ello son el hoy reaparecido ex banquero Carlos Cabal Peniche, el empresario minero Carlos Ahumada, el también ex banquero Ángel Isidoro Rodríguez y políticos como Óscar Espinosa Villarreal, todos ellos extraditados de distintos sitios del mundo que al poco tiempo alcanzaron la libertad, con la presunción de inocencia de los cargos que le fueron imputados.
La apuesta de casi todos fue huir al extranjero cuando fueron acusados de delitos, considerando la pereza de las autoridades mexicanas para buscar la emisión de la ficha roja de Interpol, por lo que la acción de la justicia tardó varios años en ubicarlos. Otros como el caso de los bolseros Eduardo Legorreta y Jorge Lankenau, fueron detenidos y hasta gozaron del beneficio de la prisión domiciliaria, como también lo consiguió Elba Esther Gordillo y unos más liberados con fianza, como es el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
A final de cuentas muchos de ellos lograron su libertad y ser exculpados de los delitos que los acusaban, al igual que muchos políticos y ex gobernantes que pueden enfrentar desde la prisión en casa el juicio o juicios que se les siguen.
Claro que también hay casos en que las denuncias sirven como ajuste de cuentas políticas y los presuntos responsables no tienen responsabilidad real.
En el reciente caso de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX no se sabe con cuál vara será medido y que regla habrá de aplicársele. Se menciona mucho que ya pactó con la justicia mexicana para obtener beneficios, compartiendo la responsabilidad de los hechos que se le imputan.
Con ello su penalidad sería mínima y tampoco se le afectaría sus bienes, con lo que en poco tiempo podría tener disponibilidad económica suficiente para rescatar alguna empresa a punto de quebrar o convertirse en principal accionista de otra que inspire prosperidad.
Del ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, se desconoce si llegó a algún acuerdo o será juzgado por la serie de delitos cometidos al amparo del poder.
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