Hoy 12 de julio conmemoramos en México el Día del Abogado. Fue en 1960 cuando el Presidente Adolfo López Mateos estableció la celebración como una fecha oficial. Se eligió este día pues el 12 de julio de 1533, según indican los historiadores, se impartió en nuestro país la primera cátedra de derecho en toda Latinoamérica. No es mi intención vanagloriar con este texto a quienes ejercemos esta profesión, sino más bien, identificar y reconocer la importancia del derecho en cualquier sociedad.
No hay Estado sin derecho. Así de sencillo. Para dimensionar su relevancia necesitamos concebir a ambos como un binomio inseparable. Mientras el Estado se puede entender como la organización de la comunidad a través de un pacto social delimitada por un territorio y gobierno propios y soberanos, el derecho es el conjunto de normas y principios que permite la cohesión del Estado al establecer el orden bajo el cual se habrá de regir la vida social.
Y si hablamos de un Estado democrático de derecho, como el que México siempre ha aspirado a ser, el derecho cobra aún más importancia pues además de ser un elemento de cohesión social se convierte en un medio para garantizar el respeto de los derechos humanos y los demás valores fundamentales de un Estado constitucional: la separación de poderes y el principio democrático.
Sin embargo, el interés en el derecho fuera de quienes lo ejercemos es casi nulo en la sociedad. Y eso debe cambiar. Tenemos que entender que las bases de nuestra convivencia se encuentran plasmadas en nuestro ordenamiento jurídico y que una alteración sustancial del mismo en detrimento de los derechos fundamentales cambiaría por completo nuestra cotidianidad. Es más, entendamos al derecho de esa manera, como algo cotidiano, para darle su lugar.
Damos por hecho que los valores fundamentales del Estado son inalterables, sin embargo, hoy por hoy enfrentan grandes riesgos -muchos de los cuales he descrito en este espacio- y el derecho es una de las pocas herramientas con las que contamos para defender nuestra democracia. Pero ello depende del uso que quienes lo ejercemos hagamos de él pues, paradójicamente, el derecho también puede ser -y ha sido- utilizado para desmantelar el Estado mexicano.
Luego entonces, el derecho tiene, inherentemente, una función social y es precisamente en esa función en la que recae su trascendencia.
Especial importancia cobra nuestra profesión en un contexto como el que vivimos hoy en día en México, una realidad en la que los abogados somos intimidados por litigar en contra del abuso de poder, un país en el que asesinan jueces y en el que la descalificación de la abogacía desde la silla presidencial se ha vuelto una constante.
Pero lejos de amedrentarnos no logran otra cosa más que hacer que nos comprometamos aún más con la libertad y la justicia de la sociedad mexicana.
La oportunidad de ejercer la práctica jurídica conlleva inexorablemente una gran responsabilidad, la de coadyuvar a la preservación del Estado de derecho y la democracia, de combatir el ejercicio arbitrario de poder y de luchar por las causas sociales más apremiantes.
Los abogados debemos servir a la sociedad; quien no lo haga no sirve como abogado.
Andrés Alcántara Silva. Licenciado en Derecho por la IBERO CDMX.
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