Entre la ciudadanía de Ejutla de Crespo y especialmente de San Miguel, municipio cercano a la cabecera municipal hay una gran indignación. En el cerro conocido como El Mexicano, famoso por ciertas peregrinaciones y devoción popular, apareció el pasado inicio de semana, el cuerpo incinerado de la joven de 17 años de edad, María Concepción Aragón Cruz y de su bebé, de poco más de un año de edad. Si bien es cierto que las pesquisas están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se trata de un crimen desde cualquier punto de vista, aberrante y deleznable, producto seguramente de una mente enferma. La exigencia de dar a la brevedad con el o los responsables y de aplicar todo el peso de la ley, está hoy en la conciencia colectiva de la ciudadanía. El autor o quienes hayan sido los responsables, cometieron un doble homicidio segando la vida de una joven mujer y de un niño que apenas se asomaba a la vida.
Es importante subrayar que en los últimos tiempos Oaxaca se ha perfilado como un estado, en donde los feminicidios son algo común. Hace sólo un par de semanas fue detenido en Tuxtepec un sujeto, que confesó haber privado de la libertad primero y de la vida después, a incautas jovencitas que por necesidad de trabajo cayeron en la trampa que les tendió en redes sociales. Los cadáveres de dos de ellas fueron encontrados en una fosa clandestina en dicha población de la Cuenca del Papaloapan. El caso de mujeres jóvenes, aún adolescentes, que siguen desapareciendo, debe poner en alerta a las autoridades. Algunas jamás vuelven a la casa paterna, pues son objeto de trata o son abusadas para después quitarles la vida. Sin duda, la Fiscalía ha dado buenos golpes en contra de este ilícito y ha llevado a proceso a presuntos autores materiales.
El caso de María Concepción se agrega a esa abultada lista de víctimas, cuyas vidas en plenitud han sido segadas por criminales. Esperamos que las autoridades den una pronta satisfacción –aunque ello no le devuelva la vida ni a ella ni a su pequeño hijo- a los familiares y a los vecinos de San Miguel Ejutla, en donde este doble ilícito, como en toda la sociedad oaxaqueña, ha generado indignación y repudio. Tenemos la certeza de que este hecho criminal no debe quedar en la impunidad ni dar lugar a especulaciones de ninguna naturaleza. La exigencia de justicia pronta y expedita es una demanda ciudadana.
Recursos y atención oportuna
Desde la semana pasada, como se informó con toda oportunidad, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), aprobó la declaratoria de emergencia para 72 municipios oaxaqueños primero, cifra que creció a 157, cuya solicitud realizó el gobierno de Alejandro Murat. Con ello, los municipios afectados por el sismo de 7.4 grados que devastó a dichas comunidades, podrán acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). Previamente, como lo dimos a conocer, hubo que escuchar palabras de reclamo y advertencia del presidente de México, respecto al mal uso que algunos gobiernos locales suelen darles a los citados recursos, los cuales –dijo- generan corrupción y nunca llegan a su destino. En cierto sentido, no le hace falta del todo al primer mandatario. En Oaxaca, administraciones pasadas han incurrido en dichas acciones nocivas. Muchas fortunas se hicieron al amparo del dinero canalizado a quienes resultaron afectados por siniestros.
El viernes 26 de junio, el ejecutivo estatal sostuvo una reunión con su gabinete, otorgando a cada uno de sus integrantes, tareas específicas para las comunidades afectadas, dando a conocer la estrategia que tiene el objetivo de atender puntualmente las necesidades de los municipios afectados sin dejar de lado, en ningún momento, las obligaciones ordinarias de las dependencias que encabezan. Son seis acciones prioritarias: 1) Salvaguardar la vida de las familias oaxaqueñas; 2) Establecer albergues en caso de ser necesario; 3) Asegurar la alimentación, 4) Asegurar la atención de salud, 5) Garantizar la seguridad y 6) Coordinar los esfuerzos para verificar el censo de daños materiales en vivienda, centros educativos, hospitales y edificios públicos.
Sin duda alguna pues, dicha encomienda debe, asimismo, verificar que los recursos del citado fondo federal lleguen con toda oportunidad a quienes han perdido su patrimonio. Si lo que se trata es de tener una atención personalizada y oportuna para los damnificados, ello contribuirá a evitar que dicho apoyo se sumerja en un burocratismo pernicioso y que no llegue con la oportunidad requerida. Los efectos del siniestro en una zona serrana, marginada y pobre, con una temporada de lluvias encima, requieren atención plena e inmediata. Esperemos que los servidores públicos que rodean al ejecutivo estatal respondan con acciones a la confianza que les han otorgado. De lo contrario, que su jefe se los demande.
