Desde el martes 23 de junio, luego de la tragedia que se abatió sobre territorio oaxaqueño, pero sobre todo sobre decenas de municipios de la Sierra Sur y parte de la costa, los oaxaqueños pudimos percatarnos de la insensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y de parte del gabinete del llamado gobierno de la Cuarta Transformación. No nos ha hecho falta razón en cuestionar ese supuesto cariño y fijación que el presidente, se dice, tiene sobre Oaxaca. Por primera vez en la historia política de México en la post-revolución, un primer mandatario quiere “coordinar” las labores de auxilio desde su cómoda oficina del Palacio Nacional, no personalmente o a través de la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interna, e incluso, con las Fuerzas Armadas, sino a través de un funcionario menor: el Coordinador de la Unidad Nacional de Protección Civil.
No fue gratuito el escarnio público, la burla y las caricaturas con que se ironizó la actitud presidencial ante un hecho evidente y doloroso. Su ausencia fue símbolo de insensibilidad, más lo fue la actitud de sus colaboradores, como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño que, a horas de haber ocurrido el siniestro no tenía idea de lo ocurrido, afirmando que el epicentro había sido en Acapulco. El gran ausente en la coordinación in situ del auxilio fue el mismo presidente. Pero la nota que puso más en evidencia su ignorancia y su torpeza fue cuando trascendió que el gobernador Alejandro Murat había solicitado las declaratorias de emergencia, para una centena de municipios oaxaqueños, devastados total o parcialmente por el sismo. La respuesta de López Obrador fue digna de anécdota.
En efecto, de manera indirecta se refirió a aquellos que buscan los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y darles mal uso, es decir, llenar bolsillos de gobernantes y funcionarios sin atender a los damnificados. Según él, el apoyo del referido fondo debe llegar a quienes lo necesitan. Nada que ver pues con las cuantiosas y multimillonarias inversiones de “sus proyectos”, el Tren Maya, la Refinería de “Dos Bocas” y el aeropuerto de Santa Lucía, tan cuestionados. Esas obras, algunas asignadas sin licitación y de manera directa, no tienen que distraerse en auxilio a la población civil en casos de desastre. De ese tamaño es la intolerancia, cerrazón e insensibilidad que se respira en esa podredumbre de complicidades, componendas y corrupción con las que ha irrumpido el llamado con eufemismo, gobierno de la 4T.
San Mateo, aplicar la ley
No porque sea una mala política del gobierno estatal o porque exista un jacobinismo recalcitrante y obstinado que pondere el ejercicio de la ley por encima de todo, sin embargo, las famosas mesas de diálogo a las que tienden tanto nuestras autoridades, ya son algo desgastado y hasta obsoleto. Dichas mesas deben privilegiarse como un mecanismo de contención, disuasión o prevención de la violencia y no como corolario de ésta. Las normas del buen gobierno establecen que, cuando el diálogo y el convencimiento; los llamados a la paz y la reconciliación se han agotado, el único camino que le queda a la autoridad es la fuerza y la aplicación simple y llana de la norma. Y eso es lo que debe privilegiarse en San Mateo del Mar, después del asesinato cruel y despiadado de 13 hombres y 2 mujeres, el pasado 21 de junio –se sumaron dos víctimas más-. La forma en la que dichas personas perdieron la vida, puede dar una idea a las autoridades de la magnitud del odio y el encono que prevalecen entre los pueblos llamados a sí mismos originarios, de la etnia ikoots.
Desde el lunes pasado, luego de conocerse la magnitud de la tragedia, el ejecutivo estatal dispuso un fuerte operativo de seguridad para garantizar la vida de los pobladores del referido municipio, el mismo que vive desde hace mucho, una situación de violencia e inestabilidad. Parte de esa polarización es estimulada por actores, grupos y organizaciones políticas ajenas a la cultura ikoots. Los familiares de las víctimas están exigiendo que se aplique la ley, pues afirman que los autores intelectuales y materiales están bien identificados, lo cual será tarea de la Fiscalía General del Estado. Son esos actores ajenos que hoy difunden en las redes sociales y correos electrónicos su versión sobre los homicidios de que se trata. Dirigentes bien identificados con uno u otro grupo, han contribuido a la polarización de la comunidad.
Llama la atención la saña con la que se exterminan entre sí los miembros de una etnia que se ha caracterizado por el arraigo a su cultura y al trabajo; a su cercanía con el mar y a la fidelidad a sus tradiciones. Depositarios de una lengua que, se dice, no tiene parentesco lingüístico en Mesoamérica, los huaves urgen de mecanismos legales para poder vivir en paz. He ahí el por qué –insistimos- debe aplicarse la ley para castigar a los autores intelectuales y materiales de la masacre del pasado domingo.
