San Agustín Yatareni y San Pedro Ixtlahuaca, con una tasa de 20.31 denuncias por cada 100 mil habitantes y con 12.20, respectivamente, son los dos municipios con el indicador más alto a nivel nacional por el delito de trata de personas durante los tres primeros meses del 2020, así lo indica el reporte de Delitos de Alto Impacto del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Para el año 2020, en el periodo enero-marzo, dos municipios se encuentran rodeados de otros con altas tasas de trata de personas, uno es Oaxaca de Juárez en Oaxaca y el otro es Ciénega de Flores en Nuevo León”, añade el estudio.
El Observatorio identificó la relación espacial entre las rutas de migración y los municipios con registros de trata de personas, en donde a pesar de que no lograron afirmar que estos registros de trata de personas sean de personas migrantes, “su cercanía a las rutas y concentración en entidades con alta incidencia de delitos cometidos contra ellos, pueden representar zonas de alto riesgo y peligro, puesto que su condición de indocumentados los expone a una mayor vulnerabilidad de las redes criminales incluidas las redes de trata de personas”.
En este punto señala directamente al municipio de Oaxaca de Juárez, que forma parte de la ruta de migrantes centroamericanos, y en donde se han abierto 25 carpetas de investigación del 2015 hasta el tercer trimestre del 2020, lo que representa el 1.2 por ciento del total nacional.
Oaxaca, segundo estado más peligroso para migrantes
El estudio liga directamente a los migrantes con la trata de personas, por lo que toma cifras del Instituto Nacional de Migración (INAMI), en donde las estadísticas de delitos en contra de migrantes centroamericanos colocan a Oaxaca en el segundo lugar a nivel nacional.
De las dos mil 800 víctimas atendidas por el INAMI se tiene que Chiapas (902), Oaxaca (655), Tamaulipas (423), Nuevo León (294), Tabasco (132), Coahuila (119), Guanajuato (91) y Veracruz (60) concentraron el 95.6% del total, lo que coincide con las rutas del este y centro de México que posteriormente se ramifican y llegan a la frontera noreste del país (Tamaulipas).
“No obstante, la información encontrada solo permitió obtener datos de enero de 2015 a noviembre de 2018 sin que muestren detalles de los tipos de delitos de los que fueron víctimas, ni de las características básicas de las víctimas tales como el sexo y la edad”, destaca.
