En un mensaje dirigido al pueblo de Oaxaca el pasado jueves 4 de junio, el gobernador Alejandro Murat hizo un llamado, preocupado por la situación que prevalece en el estado, con un crecimiento inusitado de contagios y decesos: que la ciudadanía se aplique un confinamiento voluntario, a partir de ayer 5 y hasta el 15 de junio. Una y otra vez, su gobierno ha insistido en la urgencia de contener la pandemia de Covid-19. No se trata de un hecho aislado. Por diversos medios se ha buscado crear consciencia de que se trata de un mal letal, para el que no existe aún ni cura ni vacuna. Desde hace más de una semana el gobierno federal nos ubicó en semáforo rojo, es decir, la etapa crítica, por lo que ha sido necesario aplicarse las medidas sanitarias y, de ser posible, el aislamiento en casa. Como es sabido, el color del semáforo determina la situación de la pandemia. Salir a la calle y hacer como si todo transcurriera en la anterior normalidad, no ha contribuido en nada para paliar los contagios y sus consecuencias mortales. Por el contrario, los ha exacerbado.
Si bien es cierto como hemos dicho en este segmento editorial en días anteriores, que la Federación ha perdido la dimensión de la gravedad del citado mal, pues desde hace un mes se hablaba de haber “domado la pandemia” o “aplanado la curva”, en un sinfín de contradicciones y verdades a medias, también es cierto que hacerlo implica una corresponsabilidad ciudadana. En definitiva, contener el mal conlleva la necesidad de no bajar la guardia y seguirse aplicando los protocolos sanitarios de la sana distancia, el uso de cubre-bocas y el aseo de manos. Po ejemplo, la capital oaxaqueña y algunos municipios conurbados han sido los principales focos de contagio. Hay que recordar que el miércoles 3 de junio, se registraron 148 casos positivos y 33 decesos. Aunque hubo fechas anteriores en que se dispararon los contagios por arriba de dicha cantidad, ello implica que, estamos muy lejos de la llamada “nueva normalidad”.
Insistimos: se entiende que hay quienes obligadamente tienen que salir a trabajar, pero deben seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios. Para los ignorantes e incrédulos que insisten a quien quiera escucharlos, que el Covid-19 no existe y se han dedicado a difundir información falsa, la realidad que estamos viviendo es más evidente que cualquier argumento en contrario. Es corresponsabilidad de todos contener este mal, que cada día está dejando más desolación y tristeza en cientos o miles de familias oaxaqueñas.
ICA: Compadrazgo y amiguismo
La semana pasada hubo indignación entre los oaxaqueños, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba su gira de trabajo, al concluir la jornada de sana distancia, por la zona de la Península de Yucatán. La molestia no fue fortuita. El contrato para la ejecución de la obra del llamado Tren Maya, de Izamal a Cancún, con una longitud de 260 kilómetros, fue concedido a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA), por un monto de 27 mil millones de pesos. Dada la opacidad, negativa a la rendición de cuentas y transparencia en el llamado gobierno de la Cuarta Transformación, la obra citada fue otorgada de manera unilateral, es decir, sin que haya habida un proceso de licitación, sino por asignación directa. Ello, aunque en la 4T se finja demencia, es una forma abierta de corrupción, pues pone en entredicho las leyes en torno a la compra o adquisición de bienes y servicios, que estuvo vigente hasta diciembre de 2018.
El meollo del asunto es que ICA es una empresa que se ha caracterizado por su irresponsabilidad, pues tuvo a cargo, a través de sus subsidiarias o empresas filiales, la construcción de la súper carretera a la Costa, obra que abandonó argumentando descapitalización y falta de recursos para continuar. También, como lo publicamos en nuestra nota principal hace unos días, estuvo involucrada junto con el poderoso Grupo “Carso”, en la construcción del tramo carretero Mitla-Tehuantepec. Tampoco respondió a las expectativas comprometidas. Con gran sorpresa nos enteramos que, lejos de recibir sanciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es premiada con un jugoso contrato, además, fuera de norma, por asignación directa y sin mediar la respectiva licitación.
La tendencia de la actual administración federal, en lo que se refiere a obra pública y, sobre todo en las que se presume son prioridad presidencial, es la opacidad, el conflicto de intereses y la poca o nula transparencia. Ello debe poner en alerta al sector de la construcción local, cuando inicien los procesos de asignación de las obras que traerá consigo el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. No hay duda que los mismos vicios que ya hemos visto estarán presentes, maquillados con el viejo discurso de que se habrán de beneficiar a las empresas locales. Así, mientras se premia a ICA, los oaxaqueños seguiremos esperando por quién sabe qué tiempo más, para poder concretar el sueño de nuestros lejanos proyectos carreteros.
