Contacté a varios de los 5 concejales del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino que, valerosos, se unieron para documentar y denunciar los delitos de peculado y hasta por lavado de dinero en que, probablemente, está incurriendo el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero.
Revelan que desde que empezaron a documentar las “inmensas raterías” de este edil surgido de las filas del PT, el camino ha sido arduo y muy sinuoso. Existen verdaderas mafias con despachos jurídicos y contables que asesoran a Dante Montaño y a muchos presidentes municipales más que, francamente, han llegado a saquear las arcas municipales. Son raras las excepciones.
Me explican que en las complicidades para impedir que, este tipo de delitos que pueden ser considerados de “cuello blanco”, sean investigados, participan diputados y funcionarios públicos de alto rango.
PROTEGIDOS POR DIPUTADOS
Uno de mis informantes relata la manera en que el presidente municipal de Santa Lucía se ha construido un blindaje que empieza en el “peor” Congreso del estado.
En la cámara federal los diputados del PT, Benjamín Robles Montoya y Margarita García se encargan de detener cualquier intento de investigación sobre el manejo del presupuesto en manos del edil de Santa Lucía. En la cámara local, la mayoría de los diputados lopezobradoristas (los que pregonan no robar, no mentir, no traicionar) tienen la consigna de “proteger” a ciertos presidentes municipales, entre ellos a Dante Montaño. Los legisladores locales que tejen la coraza para que ninguna auditoría o investigación alcance a este edil, son: Laura Estrada Mauro desde la presidencia de la Comisión de Auditoría y Fredy Delfín Avendaño que preside la Comisión de Transparencia. El diputado que coordina tal blindaje es el diputado Noé Doroteo Castillejos del PT. Cesar Morales Niño también del Partido del Trabajo, juega el papel de “oreja”. Está al alba para alertar sobre cualquier intento de revisión de cuentas en ese y otros municipios.
Así frenaron ese su apéndice que llaman Órgano superior de fiscalización (OSFE) que dirige el chiapaneco Guillermo Mengchúm Velásquez. Cuentan que a principios de este año el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino estaba considerado en la lista para las auditorías por sorteo. De inmediato los diputados cómplices movilizaron ese aparato de protección desde la Cámara y las comisiones de transparencia y de auditoría, ordenaron al tal Manchum: “no muevas nada, el presidente municipal es nuestro amigo”. Esta maquinación no podría caminar sin el visto bueno del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Horacio Sosa.
Uno de mis informantes se pregunta ¿sabe cuánto cuesta mover esa confabulación?
Él mismo responde. En el municipio es un secreto a voces que tan solo el diputado Noé Doroteo recibe 250 mil pesos mensuales de Dante Montaño. “Ya se imaginarán lo que este edil debe erogar para mantener las complicidades de todos los mencionados”.
Con esta eficiencia opera esta especie de mafia. Esto explica también porque hay tantos presidentes municipales con señalamientos de peculado y la ley ni siquiera intenta llamarlos a cuentas.
DESVÍO MULTIMILLONARIO
Así han logrado frenar las revisiones que exigen los cinco concejales de ese municipio. Con argumentos válidos, revelan desvío de recursos por 280 millones de pesos tan solo del ramo 33. El edil Dante justifica la erogación de esta cantidad de dinero en obras que no existen en Santa Lucía. Pero -dicen mis informantes- el desvío más impúdico lo hace del rubro de ingresos propios del municipio que pasa de los setenta millones de pesos. De este dinero a nadie informa ni documenta formalmente. Me aseguran que todos estos desvíos que pueden considerarse lavado de dinero, están documentados en la denuncia que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado, pero no avanza porque esta dependencia alega que no tiene recursos ni personal suficiente.
Desde marzo pasado, cuando los concejales disidentes empezaron a exigir investigación, se toparon con muchos obstáculos derivados de las connivencias. Esto los obliga a tocar otras puertas porque el patrimonio del municipio de Santa Lucía del Camino “no puede ser pillado de manera tan impune”.
A pesar de tantos diques, me dicen que van a insistir para que la investigación no se archive. Solo esperar que pase la Pandemia para pedir la intervención del Director de la Unidad de Inteligencia Financiera porque en el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, “hay compló para lavado de dinero”.
Esto es creíble porque el SAT precisamente ayer informó que tiene bajo la lupa despachos de abogados, notarios y contadores que han hecho de la creación de mecanismos para evadir al fisco una de sus principales ofertas profesionales.
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