Pese a los constantes llamados que han hecho las autoridades federales, estatales y municipales, para que aquellas personas que no tengan nada qué hacer en calles, mercados y parques, se concentren en sus casas, es impresionante la cantidad de vehículos que siguen circulando con personas, que no llevan ni cubre-bocas ni han tomado en cuenta las medidas de prevención para hacer frente al Covid-19. Si bien es cierto que, como lo reconoció el gobernador Alejandro Murat la semana pasada, en entrevista con un medio impreso de la Ciudad de México, en la entidad se ha podido contener la propagación del virus y sólo se ha detectado en núcleos urbanos, en cierto modo ello ha sido posible gracias a que cerca de 150 comunidades, sobre todo que se rigen por el sistema de usos y costumbres, han cerrado los accesos a sus comunidades.
Esta situación ha permitido evitar más contagios que, no obstante, han tenido crecimiento, pero no en los niveles preocupantes. Sin embargo, es importante subrayar que las protestas han seguido, así como los bloqueos y acciones de violencia, como las que han prohijado operadores del transporte foráneo, que manejan a su arbitrio ciertos sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Las protestas, en franco reto al gobierno estatal, han estado en contra de que cada unidad lleve solamente dos pasajeros y los aludidos ya estaban acostumbrados a llevar cinco o seis, es decir, totalmente fuera de norma y generando con ello accidentes mortales. No ha sido fortuito que a los taxis foráneos se les haya calificado como verdaderos ataúdes rodantes.
Es evidente pues, que aun justificando que todos tengamos que trabajar y muchos salgan de casa para ganarse el pan de todos los días, hay también vicios que de ninguna manera se pueden seguir manteniendo en esta contingencia, en donde los contagios por no conservar “la sana distancia”, se convierten en cuestiones de vida o muerte. Las acciones de violencia de parte de quienes no han entendido las circunstancias de estos tiempos, han sido cotidianas. El ejecutivo estatal, por su lado, ha defendido y ratificado su apoyo a los filtros sanitarios, tanto los que ha impuesto su administración como los que han montado las autoridades municipales en las comunidades que han protegido a su ciudadanía de este mal.
Vigilar precios
Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, las quejas en torno al incremento indiscriminado de precios han abundado. Se trata de los tradicionales abusos de comerciantes en tiempos de crisis o escasez. Si bien es cierto que en la capital oaxaqueña y algunos municipios conurbados –sólo algunos lo han hecho- no se ha decretado “ley seca”, en negocios de ventas de bebidas alcohólicas han hecho su agosto. No se diga en donde la venta es cuasi clandestina. Ahí, los precios son una exageración. Ha trascendido que las grandes empresas que fabrican cerveza han reducido su producción, al orientarla al agua potable embotellada, la misma que distribuyen en hospitales de manera gratuita. Una buena acción sin duda alguna. Ello ha propiciado desabasto, en un país altamente consumidor de cerveza, sobre todo en zona cálidas y de clima extremosos, como el que se han padecido en las últimas semanas.
Amén de bebidas alcohólicas, lo que preocupa es que huevo, tortillas, verduras, carne y otros alimentos, también han incrementado sus precios, lo que suena contradictorio, pues hoy más que nunca debían mantenerse los precios, habida cuenta de los miles de personas que han perdido sus empleos; a la situación del programa “quédate en casa”, que inhibe la salida de los ciudadanos libremente a buscar el pan de todos los días y al cierre de negocios no esenciales, cuyas pérdidas son incuantificables. Hay cientos de pequeñas y medianas empresas que a través de diversos medios han manifestado la imposibilidad de seguir pagando los salarios de sus trabajadores, al no tener ingresos. Los servicios de restaurantes a domicilio, no han sido los suficientemente rentables para pagar la nómina.
Subir precios de manera arbitraria es pues, motivo de sanciones o clausuras. Nada justifica acaparar mercancías antes de cualquier emergencia y después triplicar las ganancias. Al menos los productos básicos deben mantenerse. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debe estar al pendiente de este tipo de irregularidades que en nada contribuyen a hacer la emergencia sanitaria algo menos que un suplicio. Insistimos: en nada ayudan a la población los clásicos buitres de los artículos de consumo, que buscan lograr el mayor beneficio a costillas de los demás, que apenas tienen para medio comer. Eso definitivamente debe ser castigado con los instrumentos que las dependencias responsables tienen en su poder.
