Luego de la funesta noticia de que en las próximas dos o tres semanas Oaxaca verá un incremento mayor de los casos de contagio del Coronavirus que, hasta ayer, pasaba de los 106 casos positivos y 15 fallecidos, el gobernador Alejandro Murat anunció que está listo su plan para reactivar la economía. Mi gobierno dispone -dijo- de 3 mil 600 mdp para relanzar la obra pública, pero en este proyecto “tenemos que estar todos con vida”.
Informó que ya empezaron a fluir los apoyos para la conservación de empleos en las pequeñas empresas y pronto iniciará el reparto de canastas alimentarias y créditos al campesino con 200 mdp del FIRA.
Con estos anuncios, insistió en que la gente debe cumplir con la cuarenta para no esparcir el contagio del virus en las dos semanas que vienen que serán la etapa más crítica.
Reconoció la labor de esos “héroes anónimos” como los médicos, enfermeras y policías que son los que están en la “línea de batalla”. Unos atienden en los hospitales a los enfermos y los uniformados en las calles exhortando a la gente a no salir a las calles o pidiendo que cierren los negocios que expendan productos no esenciales. El trabajo de estos “héroes” lo desempeñan exponiendo su propia vida.
Murat reconoció que gracias a disciplina que han mostrado la inmensa mayoría de los oaxaqueños ante la cuarentena, nuestro estado registra los más bajos índices de contagio del coronavirus.
LA LEY NO VACACIONA
La observación de que “no estamos de vacaciones”, se cumple puntualmente entre el personal de los juzgados y oficinas del Poder Judicial, me dice el presidente del TSJ, Eduardo Pinacho Sánchez.
Explica que, si bien es cierto que desde el 20 de marzo el Poder Judicial de Oaxaca, “suspendió” actividades presenciales para evitar la propagación del coronavirus entre trabajadores y ciudadanos, los magistrados y consejeros decidieron que también las y los trabajadores continuarían realizando las tareas inherentes a su función. El plan es que no se rezaguen los casos urgentes como los juicios relacionados con violencia contra las mujeres, niñas y niños, entre otros sectores de vulnerabilidad.
Sin dejar de acatar las medidas sanitarias por la Pandemia del Coronavirus, dice que han realizado diversas audiencias virtuales y presenciales de carácter urgente. Hay diligencias que no pueden posponerse como el dictamen de ordenes de aprehensión, revisión de medidas cautelares, situación de personas que han sido detenidas en flagrancia, violación, control de detención, orden de aprehensión, violencia familiar, allanamiento de morada, órdenes de cateo, narcomenudeo, abuso sexual, homicidio, lesiones calificadas, etc.
Esta institución, por su tarea de impartición de justicia, no puede dejar de operar. Como prueba de que no se ha paralizado está la firma de un convenio de coordinación interinstitucional entre el TSJ y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas. Este acuerdo establece las bases de colaboración relacionadas con proyectos y acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos. También es para realizar conjuntamente, tareas para la prevención social de la violencia, así como la protección a grupos vulnerables como son las mujeres y niñas.
FRENO A EDILES DESPÓTICOS
El Tribunal Estatal Electoral sienta precedente en Oaxaca al aplicar, por primera vez, una resolución jurídica novedosa que restringe derechos políticos de ediles municipales que incurren en violencia de género contra sus compañeros concejales. La primera sanción fue dictaminada contra la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos Montaño. Otro decreto similar puede ser contra la edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta de igual proceder despótico. Casualmente, estas dos mujeres ascendieron al poder a propuesta del partido Morena.
La sanción contra Yolanda Santos es por incurrir en actos de violencia política en contra de dos regidoras y no acatar sentencias judiciales anteriores. Su arbitrariedad es tal que ignoraban hasta las resoluciones de los jueces.
Como consecuencia, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) inhabilitó a la Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas y a cuatro de sus concejales. Su castigo consiste en la prohibición para participar en el próximo proceso electoral local intermedio. En consecuencia, no podrá reelegirse en el cargo como parece ser su pretensión.
El TEE dictó esa sentencia a partir de la orden de la Sala Regional Xalapa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asentada en el expediente SX-JDC-2/2020 y que alcanza también al Síndico Municipal, Álvaro Alberto Ramírez Hernández; el regidor de obras, Daniel Gonzales Ramírez; la regidora de educación y cultura, Blanca Méndez Aragón; y al regidor de bienestar social, Salvador Yritzar Díaz. Del caso Nochixtlán, mañana les comento.
Visítenos en: www.escaparatepolitico.com
O escríbanos a [email protected]
Twitter: @escaparate_oax
Facebook: [email protected]
