La cantidad de quejas y denuncias que ha recibido la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), respecto a los abusos cometidos por la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, en los llamados operativos de “alcoholímetro” no son fortuitos. Se trata de atracos viles que son operados con una impunidad insultante por parte de dicha corporación y solapados por las autoridades municipales que encabeza el edil Raúl Cruz González.
Ningún municipio conurbado ha recibido tan loable “distinción” de más de 50 recomendaciones como el aludido. Y es que no es un secreto que Santa Lucía es hoy en día, el municipio conurbado que más se ha contaminado con la presencia de bandas delictivas y del crimen organizado, pero no para llegar a extremos violatorios. La semana pasada, familiares de un ex interno en prisión, asesinado presuntamente por policías municipales, según unas fuentes y por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), según otras fuentes, acudieron a protestar ante el mismo palacio municipal. El extinto fue detenido por escandalizar en la vía pública, para fallecer pocas horas después por estallamiento de vísceras.
Hay que recordar que los operativos de alcoholímetro tienen como propósitos inhibir el exceso del consumo de alcohol y, por tanto, evitar accidentes mortales. No tienen como objetivo la generación de multas y rentas para quienes los operan, mucho menos, que se conviertan en fuentes generadoras de recursos para las arcas de la presidencia municipal. Quien lo vea así se equivoca de principio a fin. Mucho menos que personas que hayan consumido alcohol, sean presas fáciles de extorsión y víctimas para que sus derechos humanos sean vulnerados.
Los viernes y sábados de cada semana se han convertido en una caza infame de personas que han consumido alcohol, sean de la jurisdicción de Santa Lucía o automovilistas que van de paso para otros municipios o colonias. Habrá que ver cuál es la respuesta que el edil Cruz González dará a las quejas y recomendaciones de cientos de ciudadanos que han acudido a la DDHPO. Por lo pronto, existe ya el estigma de que se trata, al menos en el municipio aludido, de una flagrante y constante violación a las garantías individuales de los ciudadanos, que tiene que modificarse o, al menos, dejar de ser un vil atracadero como lo ha sido al menos los meses que lleva esta administración municipal.
Acoso a municipios
Desde hace meses, el municipio de Lucas Ojitlán vive en un práctico estado de sitio. El presidente municipal de dicha comunidad, Porfirio Ortiz, está bajo la mira de dirigentes de organizaciones sociales como el Consejo Regional Chinanteco-Mazateco (CORECHIMA), Juan Rojas Morales, quien se ha coludido con quien fuera Subsecretario de Desarrollo Rural en la pasada administración, Lenin López Nelio, que pretenden incidir en el manejo del presupuesto del municipio y para ello, mantienen a la población en un virtual secuestro.
Todo ello ha exacerbado la inseguridad en la zona de la Cuenca del Papaloapan, de por sí bajo acoso de los grupos criminales que se han enquistado ahí y han generado centenas de ejecuciones. Los empresarios de dicha zona han exigido al gobierno de Alejandro Murat poner un coto a los bloqueos a carreteras y puentes, generando una situación de inestabilidad e inseguridad mayor. La citada organización al igual que la CODECI, fundada por el extinto Catarino Torres Pereda, que ahora maneja su hermano, son los látigos que fustigan a menudo la antes tranquila vida de los habitantes de Tuxtepec, Loma Bonita y ciudades de la región, pues lo mismo mantienen bajo acoso a empresarios que invaden propiedades o ajustan cuentas con ediles de la zona.
Desde luego que Ojitlán no es el único municipio que sobrevive bajo este infierno. Hay más. Por ejemplo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, está la presencia del Frente Popular Revolucionario (FPR), una organización violenta que de la noche a la mañana se ha apropiado de predios y espacios públicos. En comunidades de la Mixteca por ejemplo, como Santo Domingo Yosoñama y una decena más de poblaciones, ahí sólo se respeta la ley que impone “Antorcha Campesina”, como en Juchitán de Zaragoza, la impone la Coalición Obrero Campesino, Estudiantil del Istmo (COCEI).
Aquí en las goteras de la capital oaxaqueña, COMUNA, que encabeza Flavio Sosa Villavicencio, el incendiario de la ciudad en 2006, ha pretendido agenciarse prácticamente el municipio de San Raymundo Jalpan, sin poder lograr fructificar su propósito de adueñarse del presupuesto municipal, pues su candidato, Olegario Luis Benítez, perdió las elecciones. Aun así, ha propiciado un enfrentamiento entre la misma población, confrontando de manera violenta a hermanos, primos y demás consanguíneos. Algo tiene que hacer el gobierno estatal para evitar que estos lastres sociales sigan haciendo daño en los municipios y llevando a sus habitantes a la confrontación estéril y absurda.
