En un intento por acotar la insostenible corrupción tanto en el Instituto Estatal Electoral (IEEPCO) que encabeza Gustavo Meixueiro, como en el Tribunal Estatal Electoral que preside el magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz, la semana pasada el Congreso del estado hizo reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El diputado Jorge Villacaña, cuando presidía la Comisión de Gobernación, impulsó tales reformas con un objetivo muy claro: obligar a estas dos instancias de autoridad electoral a transparentar sus sentencias y acuerdos para que las partes se informen con oportunidad y hagan sus alegatos a tiempo.
Normalmente, sus determinaciones las dan a conocer fuera de tiempo por lo que la nueva ley los obliga, en plazo perentorio, a publicar sus determinaciones de acuerdo a los principios de imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
El autor de la iniciativa dice a este columnista que son tantas las inconformidades por la forma de proceder de estos dos organismos -el TEE y el IEEPCO- que se prendieron luces rojas de la gobernabilidad. Tal situación obligó a impulsar las reformas que fueron aprobadas por unanimidad.
Las inconformidades son incontables porque también son muchos y muy cuestionados los arbitrajes, tanto del IEEPCO como del TEE. Curiosamente, en los procesos electorales municipales son cada vez más recurrentes las impugnaciones. Las autoridades electorales son señaladas de aprobar elecciones plagadas de irregularidades, principalmente por la falta de transparencia en la información sobre el desarrollo de los procesos y el uso de terminologías técnicas que pocos entienden. Estos procedimientos son los que evidencian la corrupción en tales instituciones.
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca establece que el ejercicio de la función electoral, realizada por el IEEPCO y TEEO, se sujetará a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad. También serán garantes de su observancia.
Eso dice la ley pero el cúmulo de quejas despertó sospechas, investigaron y confirmaron la opacidad en el actuar de esta dos cuestionadas instituciones.
VIOLAN LA LEY
El politólogo Cipriano Flores, experto en temas electorales, sostiene que las sospechas de corrupción entre los árbitros electorales abundan. Cada día son más frecuentes las denuncias y muestra de evidencias.
Todo es resultado de que los consejeros y magistrados se someten a intereses partidistas, a personajes centrales y no a los del Estado, negocian en lo particular cualquier decisión.
Otras razones de la corrupción para sesgar la democracia electoral en los municipios, sobre todo en los de usos y costumbres, las expone el analista de temas electorales. Dice:
En sentido estricto, las instituciones electorales de Oaxaca, de acuerdo al artículo segundo constitucional, no pueden ni deben intervenir en el nombramiento de las autoridades en los pueblos indígenas, sin embargo, lo hacen.
Para poder meter mano en los resultados de cada elección se justifican con la vigencia de los derechos individuales cuando aquí deben prevalecer los derechos colectivos tal como lo mandata la Constitución.
Esta práctica les ha permitido tener manga ancha en las calificaciones de los pueblos de manera discrecional puesto que el derecho individual es muy amplio.
A raíz de la reforma electoral del 2014, que faculta al Consejo General del INE nombrar a los consejeros de los órganos estatales, se parcializó la integración de las dos instituciones electorales bajo el acuerdo: Marco Antonio Baños y Fraguas. Al deberle el nombramiento a los mismos personajes, no hubo independencia de ninguno de los consejeros, en consecuencia, todos se subordinaron a los presidentes.
En el caso del Tribunal, al ser nombrados por el Senado, cada quién se maneja a su gusto, por lo que cada voto, cuesta en demasía para cada pueblo, puesto que sólo se necesitan dos votos para aprobar o no aprobar una elección.
En los tiempos de las cuotas, por lo menos las autoridades respondían a los partidos, hoy tienen manga ancha para sus decisiones lo que origina corrupción. Se sabe que son millonadas las que reciben estas autoridades por vender sus decisiones. Fue lo que obligó al Congreso reformar la ley electoral para que transparenten sus decisiones.
Mañana, haremos aquí un relato de las denuncias y evidencias que terminaron en el descrédito del TEE y del IEEPCO.
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