Mientras el gobernador Alejandro Murat va y viene por el país y el extranjero para promover inversiones, aquí en la entidad, comunidades, autoridades municipales y organizaciones sociales, están en otra dinámica: echándoles tierra. Nos referimos a las famosas consultas que, con el ardid de tratarse de comunidades indígenas, puso de moda el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Hace días trascendió que la población de Unión Hidalgo había logrado un amparo para suspender la construcción del parque eólico denominado “Gunna Sicaru”, que cuenta con la inversión de millones de dólares de una empresa francesa de electricidad y otras. Desde hace mucho dicha empresa no ha podido remontar la inconformidad, se dice que de unos cuantos vecinos y no de toda la comunidad, para poder operar en la explotación de la energía eólica.
Hay que recordar que muchas veces no son los pobladores los que se oponen a la instalación de las empresas, sino grupos y organizaciones sociales, incluso de corte religioso, que a través de la manipulación generan división e incertidumbre. Es el caso de la comunidad de Natividad, distrito de Ixtlán, históricamente dedicada a la minería, pero que, en los últimos tiempos, han visto amenazada su fuente de trabajo, ante las demandas interpuestas por autoridades municipales y grupos civiles, para suspender las operaciones de extracción de minerales. En San José del Progreso, Ocotlán, en donde la Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, explota un rico yacimiento, la comunidad está dividida, justamente porque hay quienes apoyan las operaciones de explotación, en tanto que otra parte está en contra. Como estos casos hay muchos más. Las empresas que han llegado para aprovechar la energía eólica, han tenido que pasar por un Calvario para poder operar.
¿Cómo pues aprovechar las inversiones que promueve el ejecutivo, ante este panorama tan incierto de consultas y amparos? Inclusive, en años anteriores se ha procedido a realizar asambleas comunitarias para que a mano alzada apoyen o rechacen a las empresas. No obstante, hay quienes montándose sobre la voluntad popular insisten en recurrir al amparo. Hay casos en los que dichas consultas, pese a que el gobierno federal diga lo contrario, se han convertido en un rechazo generalizado, como es el caso del Proyecto Transístmico, que no ha terminado de “plancharse” para poder caminar, como se ha previsto en los planes gubernamentales.
Basurero municipal, el mito
Desde hace al menos una década hemos escuchado que uno de los proyectos prioritarios tanto del gobierno estatal como el de la capital, es la construcción de un relleno sanitario, habida cuenta de que el manejo de la basura representa ya un serio problema. En efecto, se han manejado una y muchas versiones de los lugares en donde se ubicaría. Es más, un ex funcionario del gobierno estatal sostuvo que el último proyecto se mantenía en total reserva, para evitar que brincaran grupos ambientalistas y lo hicieran abortar, con demandas como protección del medio ambiente, los mantos freáticos y un sinfín de argumentos y razones. Con el arribo del nuevo titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), Samuel Gurrión Matías, se abrió de nuevo la posibilidad de la construcción en terrenos de San Andrés Zautla.
Sin embargo, en su reciente comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario aludido dijo, palabras más, palabras menos, que el citado proyecto en la referida comunidad, simplemente ya no iba. Pero en cambio, se habrían de aplicar recursos para ampliar el existente que, como todo mundo sabe, ya no admite más. Su capacidad rebasó los límites desde hace cerca de diez años. Es decir, ya no tiene capacidad para seguir recibiendo cientos y cientos de toneladas de desechos sólidos cada día. Además, también es del conocimiento de las autoridades que el lugar perteneciente a la Villa de Zaachila, en cuya jurisdicción está asentado el actual relleno sanitario, es un vertedero de inseguridad, violencia, chantaje y presión política. Mucho se ha dicho que las colonias aledañas al depósito de basura, son refugios de delincuentes y narco-menudeo.
Por si ello no fuera suficiente, hay ahí intereses de toda naturaleza: delictivos, políticos y sociales. Cualquier acción del Estado para salvaguardar la seguridad de los pobladores tiene respuestas violentas. No son pocas las veces que, para presionar a las autoridades, los grupos y organizaciones que ahí pululan, cierran los accesos al tiradero, con el consecuente daño a la imagen de nuestra capital. Porque, además, ese tipo de presiones se dan en temporadas de mayor afluencia de visitantes, Semana Santa, julio o diciembre, cuando las esquinas del Centro Histórico, mercados, parques o jardines, se llenan de bolsas de desechos sólidos, mientras dirigentes y organizaciones que controlan a las colonias aledañas, consiguen lo que se proponen.
