En los últimos años los delitos sexuales que involucran a sacerdotes y miembros de congregaciones religiosas se han multiplicado en México, sin embargo la mayor parte quedan impunes.
La Iglesia colabora poco
El Código Penal Federal contempla la pederastia como un delito sólo en Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Sonora. En el resto del país es considerado un agravante de la pena en algunos delitos de violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, cuando es cometido por una persona que sostiene un vínculo religioso con la víctima.
Existen 156 averiguaciones previas y carpetas de investigación por dichos delitos sexuales agravados, pederastia, corrupción de menores, que pueden contener una o varias víctimas mayores o menores de edad de 2009 a 2019, y sólo seis sentencias.
Expedientes de las Fiscalías y procuradurías estatales, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), obtenidos vía transparencia por El Universal, indican que 152 son del fuero estatal y cuatro del federal.
Entre los señalados como presuntos agresores sexuales se encuentran sacerdotes, pastores, maestros de catecismo, músicos de las iglesias e integrantes de diversas asociaciones religiosas.
En entrevista con el mismo medio, Alfonso Miranda Guardiola, secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo auxiliar de Monterrey, dijo que “los sacerdotes o clérigos que han sido notificados al Ministerio Público en el caso de la CEM son 106”.
Sin embargo, a principios de este año indicó que la cifra ascendía a 271 investigados.
Por otro lado, Alberto Athié, ex sacerdote y activista por los derechos de las víctimas de abuso sexual, mencionó en entrevista con el medio anteriormente mencionado, que la Iglesia pocas veces colabora con estos casos “sí voy a contribuir para ver qué hacemos, pero no voy a decir los nombres, quiénes son, dónde están o qué Ministerio Público les está llevando el caso. Si tú quieres saber del asunto, ve a la diócesis y pregunta allá”.
Casos inaceptables
En 1976, Juan José Vaca pertenecía a la congregación de los Legionarios de Cristo, cuando decidió redactar una carta para renunciar a la orden y acusar a Fernando “N” por diversos abusos sexuales de los que fueron víctimas él y un grupo de jóvenes. El cura Fernando “N” estuvo en la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo, pero tras otras denuncias de violación a menores fue enviado a Salamanca, España.
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De acuerdo con un comunicado de la orden, el presunto culpable continuó ejerciendo más de dos décadas en España y finalmente, a sus 80 años fue trasladado a Roma, donde actualmente descansa. Su único castigo fue quedarse sin ministerio sacerdotal.
Asimismo, en 2010, un grupo de sacerdotes mandó una carta a Roma solicitando a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, una intervención por casos de pederastia presuntamente cometidos por el padre Gerardo “N” en las parroquias de Santiago Camotlán y Villa Alta en Oaxaca, en específico el caso de Leonardo (nombre ficticio), en aquel entonces monaguillo de las parroquias y cuyos familiares llevaban una estrecha relación con el cura, por lo que descartaban cualquier posibilidad de abuso. Leonardo intentó suicidarse en repetidas ocasiones.
Un año después, la conclusión indicó que en la investigación llevada a cabo, no se comprobó que el presunto culpable haya cometido los delitos que se le imputaron, por lo que los padres de la víctimas decidieron apelar y solicitaron que la investigación se realizara escuchando directamente a los niños, sus familias y los pueblos afectados. No obtuvieron respuesta.
Finalmente, el cura fue movido a las comunidades de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán, Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec, en Oaxaca. Fue hasta 2017 cuando el padre fue sentenciado a 16 años y seis meses de cárcel por el delito de corrupción de menores por el caso de dos niños, pero no por el de Leonardo.
Athié precisó que lo que falló en los dos casos fue el mecanismo de protección y encubrimiento porque al final,” lo que hacen es soltarlos cuando ya ven que no les queda de otra, los entregan a grupos de poder, de autoridad o los mandan a su casa sin castigo”.
Acusaciones admitidas
Tal fue el caso de los Legionarios de Cristo, quienes hasta hace pocos meses aceptaron haber cometido 175 abusos de menores, de los cuales 60 fueron cometidos por uno de los fundadores de la organización, Marcial Maciel.
A través del documento “Radiografía de ocho décadas para erradicar el abuso”, presentado el pasado 20 de enero, se señaló a 33 sacerdotes como responsables de los casos de pederastia contra niños, en su mayoría de entre 11 y 16 años. La investigación señala que de estos 33, 14 cometieron estos abusos mientras ocupaban puestos de autoridad en los Legionarios de Cristo.
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Los 33 sacerdotes representan el 2.44% de los mil 353 legionarios ordenados a lo largo de la historia de la Congregación. Entre estos religiosos, seis han fallecido, ocho dejaron el sacerdocio, uno dejó la Congregación y 18 siguen en la misma.
De estos 18, el 100% está apartado del trato pastoral con menores: cuatro de ellos tienen restricciones al ministerio y un plan de seguridad, y 14 no ejercen el ministerio sacerdotal público.
