La iniciativa para crear una Comisión de Investigación Independiente para los Casos de Pederastia Clerical en México, es la oportunidad para generar una gran conversación que permita revisar cómo proteger a los infantes ante agresiones sexuales, dijo Rafael Bucio Escobedo.
El coordinador del Centro de Apoyo al Niño de la Calle (Canica), dio la bienvenida a esta iniciativa que debe contar con la participación de todos los sectores de la sociedad, desde organizaciones hasta instituciones públicas, ya que es un tema muy sensible.
Sin lugar a dudas, dijo, es trascendente y un primer paso para buscar mecanismos que ayuden a garantizar la seguridad que reclaman los niños y niñas de México ante este tipo de agresiones sexuales.
“Es la oportunidad para reflexionar y generar una gran conversación sobre los castigos y sanciones a quienes cometen este delito, pero también para hablar de la tarea de los padres y madres de familia para atender desde la casa su prevención”.
En ese ambiente, alrededor de 5 mil niñas, niños y adolescentes trabajan en la Zona Metropolitana de Oaxaca de Juárez, muchas veces en actividades que ponen en riesgo su vida y su integridad, además de cumplir con largas jornadas y sin ningún tipo de prestación y seguridad.
Aunque no son cifras oficiales, se estima que muchos de ellos son víctimas de bandas delictivas dedicadas a la explotación laboral. Asimismo se estima que en la región de la Costa también está presente la explotación y el turismo sexual, alertó.
La propuesta fue presentada ante la Mesa Directiva del Senado de la República y en ella se señala que la comisión que investigue ese tipo de abusos cometidos por sacerdotes estará integrada por autoridades federales, legisladores, organizaciones civiles y víctimas de abuso.
La organización civil Foro Oaxaqueño de la Niñez ha exigido justicia para las víctimas, un castigo real y que sean asignadas las penas máximas” por los abusos, reclamó el activista.
Ha solicitado también sanciones para los involucrados ”indirectamente” en el caso, en alusión a la Iglesia mexicana, a la que acusó de”proteger a los victimarios en lugar de salvaguardar a las víctimas”.
“Estos delitos no representan hechos aislados y constituyen crímenes de Estado que hieren a la humanidad”, consideró.
