El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, confirmó que en Oaxaca hay investigaciones contra exfuncionarios y funcionarios.
Después de participar en la graduación de la generación de Maestría Constitucional de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la “Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, el funcionario federal se reservó mayores datos sobre estas indagatorias.
“No puedo dar datos por el deber de sigilo que tenemos por un acuerdo que existe. Ya firmamos una acuerdo con el gobierno del estado de Oaxaca y la Fiscalía General de esta entidad y lo que puedo decir es que estamos trabajando de manera muy coordinada para atacar cualquier caso que fuera denunciado o de los que han sido denunciado por lavado de dinero o casos vinculados con corrupción”, asentó.
En breve entrevista con este medio, se le insistió sobre los casos, y reiteró: “Sí, pero digamos que no puedo dar más datos por lo mismo”.
Por otra parte señaló que están combatiendo a las empresas fantasma en el país, debido al daño que dejan a la recaudación fiscal.
Santiago Nieto informó que el SAT ha determinado que está perdiendo el Estado Mexicano unos 324 mil millones de pesos anuales en virtud de la defraudación fiscal producto de empresas fachada y de factureros.
Por eso, unos de los objetivos centrales es atacar esas dos conductas que lesionan los derechos de los trabajados en el outsorcing ilegal y generan pérdidas fiscales en la facturación, dijo.
En tanto, sobre la iniciativa y su aprobación en lo general en la Cámara de Diputados para dar más facultades a la unidad, dijo que con eso podrían tener mecanismos para el bloqueo de cuentas que pudiera estar relacionado con lavado dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Además que en México el lavado de dinero está vinculado con delitos relacionados con el narcotráfico, trata de personas, corrupción política, entre otros ahondó.
Nieto Castillo observó benéfico que se apruebe la iniciativa que señala que cuando el dinero no sea reclamado por nadie, lo que sucede en muchas ocasiones en la dinámica empírica de la UIF, la instancia pueda promover el procedimiento de extinción de dominio ante el Ministerio Público y los jueces que tengan caso en la materia.
Con esto, también avanzaría México a un mejor modelo que permita dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Inteligencia Financiera Internacional (GAFI), instancia que en el 2017 dijo que la UIF no disemina suficiente información, señaló.
Por eso, estarían respondiendo a ese requerimiento y avanzar en el tema de extinción de dominio y sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero.
Ejemplificó que existen 5 mil millones de pesos congelados de grupos delincuencias o de casos de corrupción política y 49 millones de dólares, recurso que podría irse a programas sociales, en caso de que el Poder Judicial y el MP determine la exterminación de dominio.
