El maltrato infantil, con lesiones emocionales y físicas, es un problema social que aqueja a la población de todos los países, pues de acuerdo con datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 20 por ciento de las mujeres y 10 por ciento de los hombres manifestó haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Este tipo de expresiones ocurre en diferentes ámbitos, en el hogar o la escuela, pero también en situaciones de conflicto armado y violencia de género, entro otros escenarios.
Por esta razón, el maltrato infantil implica análisis e identificar los diferentes actores que intervienen en el ciclo del maltrato, el cual puede ser de los padres o tutores hacia el niño, del profesor hacia el niño o de un niño hacia otro. Hasta hace algunos meses, en Oaxaca existían 159 mil 700 niñas, niños y adolescentes que trabajaban; 43 mil 241 no deberían laborar por no contar con la edad mínima que establece la Ley Federal.
Debido a que cerca de 98 mil niños y niñas oaxaqueños trabajan en el sector agrícola y urbano, tanto dentro como fuera del estado, es urgente adoptar las medidas que ayuden a atender esta creciente problemática. Si bien hasta el momento no se tienen denuncias por explotación infantil, las peores formas de trabajo se encuentran en la parte agrícola donde los infantes están expuestos a todo tipo de riesgos físicos, desde inhalación de pesticidas, largos periodos ante el sol, hasta cortaduras por herramientas filosas.
El trabajo infantil se observa en zonas conurbadas, principalmente en las cabeceras municipales que es donde se detona la economía, Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Huatulco, Puerto Escondido y Tuxtepec, entre otras. A nivel nacional, Baja California es la entidad que no respeta las indicaciones por parte de la OIT, pues dos de cada 10 personas que trabajan en los campos agrícolas son niños, niñas o adolescentes, Tuxtepec es uno de los municipios donde más adolescentes emigran para emplearse en los campos cañeros.
Hoy el desafío representa alejar a niños de los centros de trabajo, lograr que cuenten con una mejor educación y enfrenten con dignidad los nuevos retos de la sociedad del conocimiento. Con la ratificación del convenio 138 de la OIT que se refiere a la edad mínima de admisión al empleo para las personas, contribuirá al cumplimiento de dos compromisos internacionales: erradicar las peores formas de trabajo infantil y eliminar todas las formas de trabajo de menores de edad en 2020.
Corrupción enraizada
Al iniciar el noveno mes de la administración estatal la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ya confirmó qué hay presuntos malos manejos en diversas dependencias, entre ellas, la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), sin embargo, hasta el momento no se ha pasado de las palabras a los hechos y si bien hay mecanismos jurídicos para fincar responsabilidades el tiempo pasa y poco o nada se ha logrado.
El mismo titular de Sevitra, Francisco García López, a quien los propios concesionarios han señalado de tolerar la anarquía en el sector transporte, admitió que “si hay corrupción, pero ésta es alentada y prohijada por algunos dirigentes de organizaciones de transporte a quienes se les hace fácil dar dinero a algunos empleados de la dependencia a cambio de que les agilicen los trámites”.
A inicios del actual gobierno se confirmó que en algunas representaciones de la Sevitra en las regiones de la entidad, los mismos empleados pagaron la renta de las oficinas e incluso el servicio de Internet, los cuales tenían meses de atraso en el pago y el dinero provino de las “gratificaciones” que los concesionarios dan a los empleados.
Hoy plantea si tienen pruebas que las presenten para iniciar procedimientos administrativos sancionatorios en contra de quien o quienes estén extorsionando, porque no permitiré se utilice mi nombre o persona para extorsionar. Así, el reto es hacer transparente las negociaciones con todas las organizaciones del transporte para empezar a desterrar tantos vicios, pero poco o nada se ha logrado, porque después de ocho meses todo sigue igual.
De ahí el reto de sanear al interior de la Sevitra, en especial cuando se insiste qué hay al menos 400 concesiones o permisos que días antes de terminar la pasada administración se concedieron sin ningún soporte legal. Si se tiene la certeza de que tales permisos son producto de la ilegalidad, la aplicación estricta de la ley no admite demora, y debe llegar a todos aquellos que hicieron un verdadero negocio con este tipo de acciones.
Los oaxaqueños desean que este cáncer sea extirpado con firmeza ante el riesgo de que seguidor como en las administraciones pasadas, donde únicamente se han dedicado a administrar el problema del transporte. O será acaso que no hay solución a este conflicto social y económico que crece como bola de nieve?
