De risa la conclusión de la Comisión Especial de Seguimiento al Uso y Destino de los Recursos Asignados a Trabajos de Reconstrucción de los Municipios Afectados por los sismos del 2017. La preside el diputado morenista Pavel Meléndez Cruz quien, con el júbilo del que descubre el hilo negro, dice que detectaron “desvíos por cuatro mil millones de pesos” de esos recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden). Lo raro es que no dice quien, ni donde, ni cuándo. Ni siquiera proponen qué hacer para recuperar lo robado.
Hay algo que causa más hilaridad. En esta comisión del (peor) Congreso del estado que supuestamente se integró para descubrir a los responsables, participa la diputada Gloria Sánchez López señalada precisamente como partícipe de esos desvíos cuando fue presidenta municipal de Juchitán. No creo que la bancada del Morena en (la peor) cámara se atreva a hacerse el harakiri.
Si así fuera, entonces podríamos comparar la labor de esta comisión como la de aquel que canta alegremente mientras serrucha la rama en que está sentado ¿se atreverán?
Distractor
Bien dicen que cuando los políticos no quieren resolver un problema crean una comisión para complicarlo más. Es lo que sucede con estos diputados que más que investigar y encontrar culpables buscarían enredar el hilo que pudiera llevar a la identificación de los peces gordos.
El diputado Pavel sale con que al concluir la “sesuda” investigación encontraron que “se aplicaron mal los recursos”.
En lugar de señalar responsables el legislador sale con que “es importante reestructurar las reglas de operación del Fonden” cuando lo esencial es que diga quienes son los responsables del hurto de tanto dinero público.
Devastadora
Parece que lo único que quiere Pavel es justificar los cuantiosos viáticos de la citada comisión y enredar el asunto para que termine en la impunidad. No puede ser otra la intención cuando entre ellos mismos está uno de los políticos señalados.
En enero pasado, el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero, destapó la cloaca. Dijo que Gloria Sánchez, al terminar su administración, ocultó información sobre el costo de obras públicas, transferencias indebidas a cuentas bancarias, inconsistencias en los registros contables y un cúmulo de irregularidades que documentó el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEO). Lo raro es que no se aplica la ley.
Las observaciones a la Cuenta Pública de 2017 de Juchitán ascienden a más de 154.6 millones de pesos, 58.5 por ciento de los 267 millones que fiscalizó el OSFEO.
Pero el desaseo más brutal de Gloria Sánchez estuvo en la distribución de los recursos del Fonden para ayuda a damnificados.
Aunque los gobiernos federal y estatal, participaron en la reconstrucción con muchas ganas y decisión, Gloria Sánchez se encargó de complicar los trabajos. Hay evidencias de que los más perjudicados se han tenido que rascar con sus propias uñas empezando de cero ante lo complicado de las gestiones burocráticas.
Diversos dirigentes de la COCEI son señalados de beneficiar a sus allegados, a sus compadres, a sus cercanos, incluso solo a los que son militantes de su partido como lo hizo Gloria Sánchez López, que pedía la credencial del PRD y del Morena para poder recibir los apoyos.
Instancias de la Sedatu no cumplieron cabalmente por lo que el mismo delegado Saulo Chávez fue cesado. Descubren que hubo censos a modo. En el municipio de Juchitán que gobernaba Gloria Sánchez imperaron fenómenos tan arraigados como la corrupción, el beneficio personal por encima de los que sufren. Complicaron los tramites, la burocracia y pulularon las tranzas. Llegaron al extremo de entregar folios para reparar casas en pie.
Nada frenaba las ansias de la edil Gloria Sánchez de lucrar con la desgracia de su pueblo. Organizó marchas y plantones con el argumento de que “Juchitán no ha recibido ningún apoyo económico de los gobiernos estatal y federal”- Eso decía por lo que el mismo gobernador Alejandro Murat atajó sus pretensiones de coacción política al informar que “el Gobierno federal y estatal han aportado con oportunidad recursos a Juchitán”, como los 65 millones de pesos que recibió la misma presidenta por el pago de impuestos para la instalación de las eólicas.
Enseguida lanzó la interrogante: “primero debo preguntar: el municipio de Juchitán ¿cuántos recursos ha aportado para la reconstrucción?
Para deslucir la pretensión de la COCEI, el gobernador abundó que “ha sido público que se entregaron más de 63 mil tarjetas (fondos para reconstrucción de viviendas), de las cuales unas 15 mil están en el municipio de Juchitán”.
Esto es lo que oculta la citada comisión de marras.
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