La de esta comunidad es la sexta mina del país de donde mayor cantidad de plata se extrajo en 2017, más de siete millones 500 mil onzas troy, que ascendieron a 8 millones en 2018; adicionalmente se extraen cada año más de 50 mil onzas de oro. Sus “dueños”, la empresa minera canadiense Fortuna Silver, los concesionarios de este territorio, saben que está entre las 10 principales del mundo en producción de plata, sin embargo, lo que se encuentra alrededor, el pueblo de San José del Progreso está marcado por la marginación, el conflicto social y las enfermedades de sus pobladores.
En San José del Progreso, Ocotlán, 97.2% de los habitantes carecen de servicios básicos (agua potable, drenaje) en su vivienda y el 96.2%, no tiene acceso a seguridad social, de acuerdo a los estudios del Coneval.
Aun con recursos etiquetados para 2019 por al menos 65 millones de pesos para obras en la comunidad y sus agencias, mil 591 viviendas carecen de agua potable y mil 261 de drenaje.
En un reporte revelado por la compañía Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines Inc., se da cuenta de un volumen de extracción de 8 millones de onzas de plata al año y 54 mil onzas de oro.
Con 64 mil 422.2 hectáreas concesionadas, de las cuales ocupa 110 para su actividad industrial, la minera enfrenta una férrea resistencia por parte de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), al responsabilizarla del rompimiento del tejido social y la contaminación del medio ambiente.
Datos de la Secretaría de Economía federal revelan que el valor de la producción minera estatal durante 2017 ascendió a 9 mil 113 millones 397 mil 946 pesos, participando con el 3.38% del valor total nacional.
El progreso que no se palpa
Los habitantes de la localidad ubicada a 45 kilómetros de la capital del estado, en su gran mayoría se dedican al cultivo de granos básicos como maíz y frijol aunque otros han aceptado trabajar en la mina.
“Mi hermano trabaja en la mina pero tampoco gana más de mil 200 o mil 500 a la semana, es cierto que ya no se tuvo que ir a otro estado a buscar empleo, pero no es suficiente su ingreso para mantener a una familia”, relata Sofía mientras prepara la comida que debe llevarle a su padre, quien salió desde la mañana a realizar labores en el campo.
La joven mujer no se deja llevar por lo que dicen unos u otros sobre la mina que opera en su lugar de origen, porque lo vive en casa y desde hace unos meses ha notado que al mayor de sus hermanos se le empieza a caer el cabello.
“Como todo tiene sus riesgos, pero es raro que en ocasiones se le caigan algunos mechones a Javier”, relata.
Sostiene que le cuesta trabajo admitir o dar como un hecho que el agua con la que se bañan en San José del Progreso está ya contaminada, así como los cultivos o el ambiente, “la verdad no me quiero morir de alguna enfermedad provocada por la mina”, expresa.
Su vivienda carece de paredes de ladrillo o tabicón, en su lugar se ha utilizado el carrizo y lámina en el techo, aunque el camino principal a la agencia se encuentra pavimentado con concreto, la mayor parte de las calles son de tierra.
En la agencia de Maguey Largo existe una clínica a cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), desde enero carece de un médico, por lo que una enfermera se ha visto obligada a atender la demanda de servicios de la comunidad.
Con sus reservas, el personal sostiene que cada vez son más frecuentes los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en menores de edad, “no sabemos a qué se deba, tampoco queremos engañar a la gente o asustarla, pero se atienden a unos tres niños por semana, es decir en un mes llegan 12 infantes con esos padecimientos”, asevera.
En las mismas condiciones de marginación y pobreza se encuentran otras agencias como La Garzona, El Porvenir y El Cuajilote, de sus más de seis mil habitantes cerca del 10% es hablante de alguna lengua indígena.
“El progreso lo vemos muy lejos, trabajo sí hay pero mal pagado y como jóvenes estamos a la espera de alguna oportunidad para irnos al norte a la ciudad para estudiar y tener otros ingresos”, remata quien en sus ratos de ocio borda a mano blusas para contribuir al gasto familiar.
“No revivan al muerto”
La frase sale de la boca del presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez, cuando habla del rechazo al proyecto de la minera Cuzcatlán para ampliar su radio de exploración a otras zonas de San José y comunidades vecinas.
“A una década de que surgiera el conflicto, el tejido social en el pueblo sigue roto, las cosas no se han solucionado y tampoco vemos ganas del gobierno estatal y federal por resolverlo”, afirma.
De ocupación albañil, el dirigente social tiene claro que mucha gente no quiere y mucho menos acepta la ampliación de la zona de exploración por parte de la minera, “ya hicieron mucho daño en el ecosistema, pero nadie dice nada”.
Vásquez, quien fue detenido en un operativo policial por defender los derechos de la población a la libre determinación sobre su tierra y territorio, confirma que cada vez hay más casos de enfermedades respiratorias en San José del Progreso.
“Ya solicitamos que se analice el agua porque hay enfermedades en los niños y adultos mayores, pero también los pozos han bajado su nivel hasta en un 60 o hasta 70%”, afirma.
Explica que otro aspecto que ha generado la molestia de los habitantes son los micro sismos o pequeñas vibraciones en las casas que podrían dañar las estructuras o el subsuelo-
Ante los riesgos y los posibles conflictos que pueda generar la ampliación de la minera, “pedimos la intervención de presidente (Andrés Manuel López Obrador) y confiamos en que escuche el reclamo”.
De lo que dice estar seguro es de la oposición a que la minera amplíe su zona de exploración a pesar de contar con los permisos de la autoridad, toda vez que a ellos como pueblo nadie los tomó en cuenta para aceptar el proyecto minero.
Lamenta que la justicia no haya llegado todavía para los deudos de los muertos por la oposición a la minera y tampoco la solución al conflicto interno, por lo que el palacio municipal sigue en poder de los opositores a la mina.
“No nos negamos al diálogo para llegar a soluciones definitivas, pero tampoco queremos que nos engañen y sigan imponiendo proyectos mineros que contaminan la tierra y dividen a sus habitantes”, subraya.
Fondo Minero, una pequeña ayuda para las comunidades
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Economía federal para el presente año se pretende ejecutar cerca de 27 obras para San José del Progreso, con una inversión superior a los 65 millones de pesos.
Según las cifras oficiales, la construcción del mercado ubicado a un costado del palacio municipal –cerrado y sellado por los opositores a la mina– tendrá un costo superior a los 5 millones de pesos.
Asimismo, el gobierno federal construirá un Centro Artesanal y Gastronómico con un módulo de sanitarios incluido, con una inversión de siete millones 709 mil 197 pesos. De estas obras nadie sabe cuándo se ejecutarán.
Entre las principales obras que han asignado a la población se encuentran techado de escuelas de educación básica y pavimentación de calles en las agencias; tan solo en 2016 destinaron del Fondo Minero más de 21 millones de pesos y en 2015, 10 millones 620 mil pesos.
El objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera.
Con la reforma a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271 y 275, se constituye el fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, con el 80% de la recaudación del pago de los derechos para la realización de obras de infraestructura social.
Empresa rica, pueblo pobre
Un estudio de la organización Fundar llamado El papel de la minería en la economía y las finanzas públicas destaca que a pesar de la bonanza de la industria minera, las condiciones de pobreza, pobreza extrema e inseguridad en las comunidades donde se encentran los yacimientos prevalece.
El documento señala que en 2015 la producción de oro se concentraba en 22 municipios, incluido San José. En este municipio de Valles Centrales, según datos de Sedesol (2016) había 19.95% de población indígena, aunado a que tenía el mayor nivel de pobreza y pobreza extrema de los municipios productores de oro, de 88.9% y 44.20%, respectivamente.
El grupo minero Fortuna Silver Mines Inc. opera en México a través de la compañía Cuzcatlán, que adquirió 29 concesiones mineras por una superficie de 51 mil 764 hectáreas en los municipios de Ejutla de Crespo, San Jerónimo Taviche, Ocotlán de Morelos y San José del Progreso.
Expone que la mina ha operado desde 2011 en el estado de Oaxaca, “sin embargo, vale la pena cuestionarse cómo han permeado los beneficios de la actividad minera en el municipio”.
Indicadores de Sedesol para el año 2010 sostienen que 78.29 % de la población mayor de 15 años no había terminado la educación primaria, 18.46% es analfabeta, 88.2% de las viviendas no contaba con agua entubada y 54% de las viviendas habitadas tenía algún nivel de hacinamiento. Además, el municipio tiene un grado de marginación y un índice de rezago social altos.
Fundar expone que al analizar el comportamientode la pobreza en los municipios que históricamente han sido productores de oro, plata y cobre se observa que en más de 70% los niveles de pobreza y pobreza extrema sobrepasan el promedio nacional.
La actividad minera tiene una contribución fiscal limitada en el país. En 2016 la minería de metálicos y no metálicos aportó apenas 0.32% de los ingresos totales que recauda el gobierno federal, incluido el pago de impuestos como ISR, IVA e IEPS, así como por el pago de derechos a la minería.
Las bondades
A su vez, la empresa minera Cuzcatlán informó que a lo largo del presente año ejerce una inversión de capital en San José del Progreso de aproximadamente 243.8 millones de pesos.
Destaca la derrama económica que se genera en salarios y beneficios para los casi mil empleos directos generados por la Unidad Minera San José y los más de 3 mil indirectos.
“Compañía Minera Cuzcatlán tiene 64 mil 422.2 hectáreas legalmente concesionadas en Oaxaca, de las cuales ocupa 110 para su actividad industrial, la misma está respaldada mediante el cumplimiento de las obligaciones y condiciones medioambientales, con base en cinco manifestaciones de impacto ambiental”, indica en una comunicación empresarial.
Añade que a través de su equipo de Relaciones Comunitarias gestiona proyectos de educación y cultura, salud y nutrición y proyectos productivos sustentables.
“Estimamos una inversión de más de 26 millones de pesos en programas sociales y comunitarios, según lo presupuestado para 2019”, declara.
Sobre los recursos hídricos, explica que obtienen el agua para sus procesos mediante la operación en comodato de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Ocotlán de Morelos, municipio al que regresan una parte del agua tratada para riego de baños públicos y jardines.
“Asimismo, contamos con una pequeña planta de tratamiento en las instalaciones de nuestra unidad minera para reutilizar el agua de nuestro proceso productivo, en donde el nivel de recuperación de agua es del 95%”, manifiesta.
Sigue la inconformidad y la lucha de las comunidades
Luego de que en octubre de 2018 se registraran escurrimientos de agua con sedimentos provenientes de la presa de jales de la mina San José y que llegaran al arroyo El Coyote, organizaciones y pueblos vecinos arreciaron la inconformidad con la actividad minera en la región y la declararon zona libre de la minería, al considerarlo un despojo.
Uno de los activistas e integrante del Frente contra la Minería en Oaxaca, Román Cruz destaca la importancia de la coordinación y unidad de los pobladores que se resisten a los cerca de 322 proyectos mineros, dado que son quienes mantienen la lucha en defensa del medio ambiente y territorio.
“La principal defensa de las comunidades indígenas es por que se garantice la libre determinación de sus territorios y se les consulte de forma libre, previa e informada antes de la llegada de cualquier proyecto minero”, resalta el coordinador del Colectivo Kruz.
Desde su punto de vista, los resultados de las operaciones mineras han sido los impactos negativos al medio ambiente, contaminación del agua, ruptura del tejido social y la criminalización de los defensores.
