El presidente AMLO y su partido, Morena, cambian de estrategia política. Ahora ya no están en la línea maquiavélica de “el fin justifica los medios”. Usaron la protesta y la violencia social para alcanzar el poder. Oaxaca fue uno de sus principales laboratorios (2006 dixit) por lo que temen que los midan con la misma vara ¿Quiénes? Los capos del cartel 22 que están al servicio del mejor postor. Los alerta la frase lapidaria: los carniceros de ayer pueden ser las reses de hoy.
Desde la cima del poder imponen -como un simbolismo del estate quieto- en Tabasco, tierra natal de López Obrador, la llamada “Ley Garrote” que prohíbe toda protesta social, bloqueo de calles y carreteras de cualquier persona o agrupación.
El Congreso tabasqueño donde, como en Oaxaca, tienen mayoría abrumadora, aprobó modificaciones al Código Penal para imponer hasta 13 años de cárcel a quién impida la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en la entidad. La reforma fue aprobada a pesar de los cuestionamientos de organizaciones sociales y legisladores de oposición que acusaban que “se trata de una ley garrote contra manifestaciones”.
Hipocresía exacerbada
En el cambio al Código Penal de Tabasco establecen que “quién extorsione, coercione o intente imponer cuotas e impida totalmente o parcialmente el libre tránsito para la ejecución de trabajos y obras, tendrá una pena de 6 a 13 años de cárcel y una multa de mil a dos mil unidades de medidas y actualización (UMA)”.
Si los del partido Morena fueran coherentes, deberían hacer una ley similar para Oaxaca porque si alguien ha padecido lo que hoy prohíbe la “ley Garrote”, han sido los oaxaqueños. Leamos lo que castiga tal legislación:
Extorsiones de presuntos grupos sociales que busquen obtener dádivas, cuotas o empleos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, que actúen con belicosidad porque “estos seudo grupos ya vienen incluso hasta armados, arman golpizas cuando no se les da lo que ellos quieren, retienen a la gente en una especie de secuestro exprés para poder coercionar. Eso no lo podemos seguir permitiendo porque viene una inversión descomunal que no podemos poner al servicio de organizaciones qué podríamos catalogar como criminales”.
Al leer las argumentaciones de dicha ley rememoro y veo que son las mismas tácticas que pusieron en práctica las hordas que desde aquel año comandan el demonio de Tasmania Flavio Sosa y sus secuaces del cartel 22 hoy convertidos en furibundos morenistas. Como testimonio allí están las lúgubres barricadas y el estado de sitio de nuestra capital con su cierre de escuelas públicas casi un año, el ataque a la policía y la ciudadanía con bazucas caseras, el infierno con la quema de automóviles, camiones, edificios etc. La hipocresía de los morenos es exacerbada.
Qué manera de fingir demencia. De pronto, Morena hace una ley que prohíbe lo que antes era práctica común entre sus huestes, pero en grado descomunal. Ahora condena a esos “criminales” muy similares al demonio de Tasmania y a los incitadores del cartel 22 que en Oaxaca siguen actuando con estos métodos. Como ejemplo allí está Nochixtlán con los “maistros” orates que encabezan la llamada “comisión de víctimas”.
A Oaxaca bien le vendría una “Ley Garrote” ¿o no? Sería el primero el aplaudir.
El salto del chapulín
Qué triste destino del municipio de San Jacinto Amilpas, saqueado durante 8 trienios seguidos por concejales depredadores -todos del PRD- y ahora que llega la morenista Yolanda Santos Montaño como presidenta municipal que, al menos, tiene ganas de hacer las cosas de diferente manera, la quieren intimidar hasta con acciones terroristas.
Desde los tiempos del cacique Amado López, con insultante riqueza a partir de que fue presidente municipal y prolongar su férreo control, San Jacinto ha sido una especie de botín de perredistas corruptos. La última camarilla que lapidó el presupuesto fue apadrinada por el exdiputado Francisco Martínez Neri.
Al menos cuatro expresidentes municipales, la regidora de Hacienda Gisela Pérez y un grupo de empleados que alegan “despido injustificado” desde hace nueve años, se han confabulado con Mónica Morales Bernal ex síndica hacendaria y ahora regidora por el desaparecido PSD. Entre todos pretenden cinco millones de pesos. Me dicen que Mónica es una mujer de armas tomar, quiere 700 mil pesos por indemnización. Fue despedida por el anterior edil Manuel Javier García con quien tuvo tantos encuentros y desencuentros que hasta lo denunció por violación y otros delitos. (Se acabó el espacio, mañana continuamos)
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