Julián Carrillo, activista rarámuri de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, fue asesinado el 24 de octubre de 2018. Cinco miembros más de su familia perdieron la vida de forma violenta en los últimos dos años y medio. Todos ellos defendían el territorio de diversos proyectos extractivos, incluida la minería. Se trata de uno de los 14 ambientalistas que perdieron la vida a causa de su labor durante el pasado año, según recoge un informe de la ONG Global Witness.
México es el sexto país más peligroso del mundo para los activistas que defienden el medio ambiente, según este informe, que documenta el asesinato de 164 defensores del medio ambiente durante 2018. Hace un año, el país se encontraba en cuarto lugar y registró un total de 15 homicidios de ambientalistas.
Filipinas (30 defensores muertos en 2018), Colombia (24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16) y México (14) encabezan el ranking de países en los que denunciar actividades como la minería, los proyectos hidroeléctricos o la explotación forestal puede resultar más peligroso.
El informe analiza datos de 2018, que en México coincide con la última etapa de mandato de Enrique Peña Nieto y el primer mes de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno.
Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, aliada con Global Witness a través de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, alerta que las actitudes de criminalización no se han erradicado con el nuevo gobierno.
Sin embargo, cree que existe “una oportunidad de que se empiecen a construir políticas de avanzada. Hay algunos integrantes de la administración que son sensibles al tema y, ojalá que entre la secretaría de Gobernación, la de Medio Ambiente y el Congreso se pueda empujar junto a sociedad civil algunos pasos claros”.
“De los países que ocupan los primeros lugares, cuatro son de América Latina. Esto nos indica que la región sigue siendo una de las más violentas en temas de criminalización”, dice Sánchez.
En su opinión, esto puede explicarse porque “hay una sociedad civil mucho más estructurada, más organizada que en otras regiones, y que se vuelve un blanco para los intereses de quienes quieren acceder a los recursos de manera ilegitima en los territorios”.
Un asesinato cada tres semanas
Uno de los principales datos que revela el informe es que cada tres semanas un ambientalista fue asesinado en alguna parte del mundo.
“Se trataba de personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas. Muchas más personas fueron silenciadas a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, dice el documento.
La minería y las industrias extractivas están a la cabeza de la conflictividad en todo el mundo, estando presentes en 43 de los 164 asesinatos de defensores. Le siguen la agroindustria (21), el agua y las represas (17), la explotación forestal (13), la caza ilegal (9), la pesca (2) y la energía eólica (1). No obstante, en 55 de los casos no había un vínculo claro con ningún sector.
La impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores; pero Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes, dice el documento.
En opinión de la ONG, el origen de los ataques está en la “imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades” que ni gobiernos ni empresas abordan de forma estructural.
“La criminalización y las demandas civiles agresivas se están usando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo”, asegura el documento, que indica que este fenómeno se extiende a países con una aparente tradición democrática como Estados Unidos o Gran Bretaña.
“Los inversores, incluidos los bancos de desarrollo, están alimentando la violencia financiando proyectos y sectores abusivos, abandonando a las y los activistas amenazados a su suerte”, dice el informe.
Las campañas de desprestigio como primer paso para criminalizar
En relación a México, Gustavo Sánchez recordó que en el informe del pasado año, el país ocupaba el cuarto lugar de la lista. En 2017 Global Witness documentó que al menos 15 defensores fueron asesinados, uno más que en 2018.
“Se ha desplazado hasta el sexto lugar, pero no tanto porque haya disminuido mucho la criminalidad, sino porque han subido otros países”, dice el activista. Por ejemplo, es el caso de Guatemala, en el que el número de asesinatos se quintuplicó el pasado año.
“Si vamos al caso de México, más de la mitad del territorio forma parte de ejidos y comunidades, lo que implica que ahí está la mayor parte de los recursos. Para cuando voltea una minera, una empresa de explotación forestal, eólica o de otro tipo, se va a encontrar invariablemente con que los recursos están en terrenos ejidales o comunales”, dice.
El documento señala que los pueblos indígenas son los más afectados por la criminalización. Y señala cinco pasos que, según Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aparecen en los procesos en los que la defensa del territorio es perseguida.
Estos son: campañas de desprestigio, cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y la criminalización masiva, que lleva a los ataques físicos, los encarcelamientos y el asesinato.
Sobre estos puntos, Gustavo Sánchez se mostró preocupado por determinadas declaraciones públicas de miembros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que enmarca dentro de ese primer punto de “campañas de desprestigio”.
Como ejemplo, el activista puso pronunciamientos en los que el presidente ha vinculado corrupción y sociedad civil. “Se vulnera el espacio democrático y contribuye al desprestigio y a la criminalización de los defensores en los territorios”, afirmó.
Para evitar el incremento de la criminalización sobre los defensores, Global Witness plantea tres recomendaciones:
1.- Combatir las causas estructurales: “Implica combatir la corrupción y la impunidad, garantizar y respetar los derechos territoriales, defender las salvaguardas ambientales y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”.
2.- Apoyar y proteger: “Las empresas y los gobiernos pueden tomar una serie de medidas para reconocer públicamente el importante papel de las personas defensoras, abogar por su protección, proporcionarles las herramientas que necesitan para llevar a cabo su activismo de manera efectiva y garantizar su seguridad cuando están en riesgo”.
3.- Garantizar la rendición de cuentas: “Para prevenir futuras amenazas y disuadir a los posibles agresores, los culpables de los ataques contra personas defensoras deben comparecer ante la justicia; y quienes no las apoyen ni las protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales”.
