Nada ni nadie de la estructura de la 4T ha podido meter a los diputados del peor Congreso que haya tenido Oaxaca, a la línea de la honestidad y austeridad que, un día sí y otro también, proclama al aire el presidente López Obrador. Los bien informados dicen que cada diputado de la 64 legislatura, entre dietas, viáticos, gastos para Prensa y asesores, se lleva a la bolsa unos 300 mil pesos mensuales. Qué gran contrasentido ante lo que pregona su jefe máximo.
Esta legislatura con mayoría apabullante del Morena, sufrió su peor vergüenza el pasado mes de mayo cuando 16 de ellos fueron suspendidos medio año de sus derechos partidarios por abusar del fuero. La que se puso a temblar fue la pastora Laura Estrada Mauro. Sentía que le iban a quitar el manejo a su libre albedrío del presupuesto cameral, más de mil millones de pesos. Por cierto, esta diputada al único que rinde obediencia es al senador Salomón Jara, no a su partido. Finalmente, todo quedó en simples amagos, no sucedió nada. El grupo de los 16 adictos a Jara siguen con sus abusos aunque sufren deshonor y burla de sus diez compañeros que pidieron la sanción.
Persuadidos
Nada los mueve, ni siquiera el correctivo. En septiembre próximo vence el plazo que les fijó un tribunal colegiado federal para que se pongan a trabajar. Ordena a estos diputados crear la Ley de Consulta Previa en materia indígena antes de que concluya el segundo periodo de sesiones, con el fin de reparar una omisión legislativa desde hace 17 años.
En caso de no hacerlo, los legisladores locales de la 64 Legislatura del Congreso del Estado pueden ser destituidos y ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. La sentencia es del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla. Este tribunal resolviero tres juicios de amparo promovidos por “Litigio Estratégico Indígena”. El Tribunal Colegiado Auxiliar poblano emitió una decisión histórica en favor de los pueblos y comunidades indígenas al ordenar al peor Congreso de Oaxaca, que emitan la ley de consulta indígena antes del próximo 30 de septiembre.
Publicidad oficial
Insensatos como son, estos levantadedos posiblemente no cumplan con dicho mandato y se expongan a la sanción de la justicia federal. Hay duda porque, por lo visto, legislan a conveniencias e intereses. En este momento, por ejemplo, el dueño del PT en Oaxaca, Benjamín Robles “cara sucia”, les ordenó autorizar al vapor una ley con dedicatoria a los comunicadores que consideran incómodos.
Les urge tanto que la Comisión Permanente turnó a comisiones la iniciativa para la Ley de Comunicación Social y Publicidad Oficial. Supuestamente es para precisar los criterios para la asignación de publicidad a los medios de comunicación en el estado.
Lo único cierto en este proyecto de ley es que, en el gobierno, empezando por el Congreso, “desvían el presupuesto público en el renglón de comunicación social que manejan con total opacidad”. Otra cosa cierta que menciona el proyecto es que la publicidad oficial “se traduce en relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobierno y medios que propician la censura sutil y el desarrollo de redes de corrupción”.
Hasta aquí es aceptable el mamotreto pero, en lo sustancial, lo que pretende es que las instancias de gobierno sigan manejando su relación con los medios, a su libre albedrío y crear más burocracia. Por eso propone crear un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Social y Publicidad Oficial.
Los criterios para la asignación y contratación de publicidad oficial no establecen parámetros razonables y objetivos de medición. Al final se impondrá la discrecionalidad de la autoridad.
En el artículo 26 de la ley que proponen, se ve una intención truculenta. Dice: “la asignación y contratación de espacios publicitarios se realizará únicamente en aquellos medios de comunicación masiva que cumplan con los siguiente requisitos”. Aquí se ve que la decisión para asignar y contratar la publicidad oficial queda a criterio de los tres poderes. El padrón estatal lo hará a discreción el que represente a cada uno de los poderes.
En conclusión, es una regulación simulada.
El peor Congreso de Oaxaca no puede seguir legislando sobre las rodillas, a modo, sin la participación de la ciudadanía y los expertos. Así como es impostergable contar con una ley sobre consulta indígena libre e informada conforme a los estándares internacionales, de la misma manera debe hacer una ley que transparente realmente el uso de los recursos para la publicidad en los medios informativos, no jugar al gatopardismo.
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