Hace sólo unos meses, a raíz de la renuncia de quien fuera titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno estatal, Francisco Montero, luego de una serie de señalamientos por su presunta responsabilidad en el crimen de nuestra compañera María del Sol Cruz Jarquín, se dio el relevo por parte de la ex panista Eufrosina Cruz Mendoza. Sin embargo, a raíz de la aparición en el escenario nacional de la inclusión de los pueblos afroamericanos, se mencionó que la misma sería objeto de incorporación en la propia SAI, que cambiaría de nombre. Y así ocurrió. Desde hace ya tal vez un par de meses, dicha secretaría cambió de nombre, sin que en el Congreso, que es la instancia competente, se informara al Ejecutivo, de la reforma a la Ley Orgánica y se procediera a publicarse en el Periódico Oficial. Hay razón de que en caso de litigio alguno, se ponga en tela de juicio el nombramiento o designación de determinado funcionario, pues al no hacerse en apego a la ley, se cuestiona su legalidad. No es la primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza, empezando por la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que algunos conocen sólo de oídas.
Y es que desde el inicio del actual gobierno dicha norma se ha sumergido en la más profunda opacidad. Se hicieron cambios y modificaciones que sólo quien elaboró la iniciativa supo sus razones, además de que su aprobación fue asimismo, totalmente opaca. Se han creado nueva áreas, como la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), por ejemplo, o la llamada Coordinación de Asuntos Internacionales o la Unidad de Contenidos, etc., que no tienen ningún sustento jurídico o administrativo, mucho menos presupuestal. Hay razón pues que en muchos sentidos se perciba en el gobierno estatal una anarquía administrativa, habida cuenta del desorden en el que se han ubicado áreas y entidades, sin una justificación lógica. Hay instancias que no figuran en la Ley Orgánica ni mucho menos cuentan con manual de organización. La mayoría están al “ahí se va”. Lo anterior, junto con la novatez y la inexperiencia de algunos de los titulares ha dado al traste con los resultados que ofreció en campaña el gobernador Alejandro Murat. La citada Ley Orgánica sufre modificaciones de las que nadie se entera, solamente tal vez los diputados que las aprueban en lo oscurito, pero no tienen vigencia pues no son publicadas en el instrumento obligado.
Sindicatos y ambulantes
La voracidad de los dirigentes del transporte, sean de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), del Sindicato Libertad o de la recientemente incrustada en Oaxaca, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), no tiene límite. No sólo explotan a placer las concesiones de acarreo de materiales, de camiones de carga, taxis y moto-taxis, sino que se metieron a fondo en el regenteo del comercio en la vía pública, aliados –se dice- con grupos criminales. No es un secreto que René Hernández Sánchez y varios más, que antes sirvieron como sicarios de Marco Antonio Sánchez Cruz, ex Secretario de Finanzas de la CTM, hoy en un penal federal, ahora se hayan convertido en incondicionales de CATEM, una de las organizaciones que se han metido a sangre y fuego a Oaxaca, atropellando y arrasando a su paso los derechos del resto de gremios. El sujeto citado salió a defender a un comerciante que de manera ilegal montó su puesto en un lugar del Centro Histórico. La pregunta es: ¿desde cuándo estos sindicatos cuasi-criminales se han arrogado para sí el derecho de nuestras calles y espacios públicos.
Hemos insistido hasta el cansancio que el problema del comercio en la vía pública rebasa con mucho la capacidad del gobierno municipal. Hay manos externas metidas ahí que buscarán por todos lados beneficiarse políticamente de la economía informal y de la ilegalidad, sin importar el daño que ocasionan a la sociedad civil y a la imagen de la misma capital. Es pues menester que para resolver o acotar este problema social, le entren por igual, los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Insistimos: los inspectores del ayuntamiento y la Policía Municipal, difícilmente podrán acotar o detener a esta mafia de sicarios violentos e impunes. Ya es tiempo de que se le ponga un remedio a esta situación, pero en tanto el gobierno de Alejandro Murat se siga encogiendo de hombros, poco o nada puede hacerse. La experiencia del mes de enero, cuando el gobierno de Oswaldo García Jarquín procedió al retiro de decenas de puestos, fue bastante desagradable, pues en un abrir y cerrar de ojos llegaron a arropar a los ambulantes, decenas de operadores de taxis y moto-taxis del Sindicato Libertad, que dirige Guadalupe Díaz Pantoja, con la consigna de no permitir ningún agravio a sus “compañeros”. Esta situación, por el bien de Oaxaca, ya no debe permitirse.
