El pasado martes se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, presidido por el gobernador Alejandro Murat y la participación de los titulares de las áreas que integran dicho Consejo, así como mandos militares y policiales. El evento se dio justamente cuando en la mañana habían aparecido dos narco-mantas, dirigidas a los custodios del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), ubicado en Mengolí de Morelos, Miahuatlán. Una apareció en un campo deportivo de esta población y otra más, en un puente peatonal frente a la comunidad de Santa Lucía, Ocotlán. Una semana antes, aunque no se le dio la difusión debida, un custodio de dicho penal federal de mediana seguridad fue ejecutado a balazos, luego de que presumiblemente había salido de su trabajo en el referido centro penitenciario. Se ha vuelto moda pues arremeter de manera criminal en contra de empleados y custodios, que sólo cumplen con su tarea, como ocurrió a principios de la semana en Puente de Ixtla, Morelos, en donde cinco personas fueron asesinadas cuando esperaban el camión que los conduciría el penal femenil en donde laboraban.
Una y otra vez las autoridades estatales han negado que en Oaxaca exista la delincuencia organizada, sin embargo, hace menos de una semana, en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña, en un rondín policial, un sujeto fue detenido con 900 dosis de cocaína, cristal y heroína. La pregunta es: ¿y cómo llegó la droga hasta este distribuidor? Es un secreto a voces del que nadie quiere hablar, que el comercio ambulante en el Centro Histórico está bajo la protección de grupos criminales. He ahí el por qué ha crecido de manera indiscriminada y nadie lo puede tocar. No obstante todo lo anterior, tal parece que aquí no pasa nada en materia de seguridad. Ni siquiera por valor civil se acepta que vivimos tiempos violentos. Más de 220 homicidios dolosos en lo que va del año no es para minimizar, menos que en la misma capital se cometan una cantidad impresionante de robos, como la agencia automotriz que fue asaltada el lunes el mediodía; que sujetos a bordo de motocicletas asesinen a mansalva en Salina Cruz o Santiago Ixtaltepec, entre otros. Insistimos: la primera acción para el combate a la inseguridad, es que las autoridades admitan que aquí hay un problema y que se debe resolver. Nada se resuelve con el viejo ardid de que vivimos en una entidad segura.
A buscar a desaparecidos
Luego del aquel paso desafortunado para el pueblo oaxaqueño en el bienio 2006/2007, que algunos tratan de revivir políticamente, aunque la víctima principal –la sociedad civil- ya pretende darle vuelta a la hoja, hubo algunos resabios de radicalismo que permanecieron en la entidad, haciendo activismo aunque de manera encubierta. Fue tal vez la justificación de quienes hayan sido responsables, de la desaparición de dos personajes vinculados al Ejército Popular Revolucionario (EPR): Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el 25 de mayo de 2007. Luego de su desaparición se dieron una serie de versiones por parte de diversas dependencias y organismos, tanto policiales como castrenses. Algunos mencionaban que las dos personas habían sido detenidas cuando llegaban o salían de un pequeño hotel ubicado en la Calzada Madero. Rumores y trascendidos afirman que podrían haber sido desaparecidos por los mismos jefes de seguridad de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz. No obstante la protesta y la búsqueda incansable de los familiares para saber de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y de la formación de comisiones para su búsqueda, siguen desaparecidos.
Por todo ello, llama la atención el amparo otorgado por una Jueza de Distrito, por el cual ordena abrir cuarteles y demás, para reiniciar la búsqueda de los dos desaparecidos de manera ilegal, además de recompensar económicamente a los familiares y formar de nueva cuenta una comisión que se encargue de su búsqueda. Ésta sería una más de las comisiones y grupos que han tenido dicha tarea, pues en breve se cumplirán doce años de ese infeliz acontecimiento. Si bien es cierto que los obuses van dirigidos al ex gobernador Ulises Ruiz, no hay que olvidar que hoy mismo, en la estructura de la actual administración, hay funcionarios que podrían ser llamados a cuentas pues en 2007, ocupaban cargos relevantes en materia de seguridad. Sin duda, por ahí deberían empezar las pesquisas para dar con los desaparecidos, habida cuenta de que los familiares tienen asimismo claridad en los acontecimientos y las denuncias que han interpuesto desde aquel 25 de mayo de 2007. La hebra pues, se puede ir deshilvanando desde el mismo gobierno. En esas desapariciones forzadas hay, como en todo ilícito hay responsables y corresponsables. Ya es tiempo de que aquellos que participaron en esta infamia den la cara, estén en donde estén.
