Las poblaciones indígenas en México tienen una clara desventaja para el acceso a derechos sociales y bienestar económico, como lo muestran cifras aportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo y las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
A medida qué pasa el tiempo se entierran más las posibilidades de que la reforma indígena sea analizada y aprobada por los legisladores locales, con lo cual los anhelos por desterrar la exclusión y la marginación de todos ellos en el estado seguirá pendiente. Si bien se llegó a pensar que la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca sería un gran avance para crear las condiciones básicas que permitan atender y resolver de fondo sus demandas, todo sigue igual.
La importancia de que en Oaxaca sea posible concretar la reforma constitucional, como una forma efectiva para revertir la discriminación, la exclusión, la marginación y las injusticias que han vivido dichos pueblos, dejó de importar a los representantes populares. A pesar de que es necesario impulsar efectivamente el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo de una manera integral y sustentable.
El gran reto de la actual administración es sentar las bases para enfrentar de manera integral la exclusión y marginación de los indígenas que han padecido desde hace muchos siglos. Crear las condiciones para que en los próximos años se vayan superando, ya que los pueblos indígenas son portadores de una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, en cuyos territorios yace una invaluable riqueza de recursos naturales.
Al margen de que nuestros pueblos enfrentan problemas de pobreza económica, marginación y exclusión social, las causas de esta problemática son múltiples e históricas, de ahí la necesidad de garantizar en todo momento el debido reconocimiento y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la libre determinación y, por otro, coadyuvar en su desarrollo integral y sostenible.
Crecimiento anárquico
La Zona Metropolitana de Oaxaca y las 15 ciudades con un mayor número de habitantes a 15 mil no cuentan con Planes de Desarrollo Urbano vigentes, pues los realizados en su gran mayoría en la década de los noventa han quedado obsoletos y rebasados por el tiempo transcurrido y el crecimiento poblacional.
Ante esa situación es necesaria la intervención y la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para alcanzar el desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo interurbano.
Además de lograr el ordenamiento territorial y ecológico, la identificación de riesgos y el financiamiento para la vivienda, ya que actualmente los municipios no cuentan con la visión y los recursos para poder invertir en la planeación del crecimiento de sus ciudades.
A pesar de que Oaxaca tiene una superficie total de 9.5 millones de hectáreas, poco más de 75 por ciento son propiedad social, es decir, pertenecen a comunidades, ejidos y colonias agrícolas. Aunado a ello, la marginación es un elemento que influye significativamente en el tema de vivienda, pues deriva de la combinación de una enorme dispersión poblacional en una superficie que es en 70 por ciento montañosa, lo cual implica gran dificultad para hacer llegar la infraestructura social y productiva a las localidades, así como el encarecimiento de los bienes y servicios.
Tal es la trascendencia de consolidar la planeación del crecimiento urbano de las ciudades medias del estado, detener el crecimiento desordenado a través de instrumentos que permitan establecer los usos y destinos de suelo, así como establecer las zonas de crecimiento habitacional, son prioridades que no se han logrado atender.
Ordenar el crecimiento de asentamientos humanos, dotarlos de equipamiento urbano, infraestructura y servicios necesarios para propiciar su desarrollo es una tarea de todos quienes están inmersos en el tema. En nuestra capital como en las principales ciudades del estado, los asentamientos espontáneos, marginales, descontrolados o informales son formas de hábitats precarios establecidos en su mayoría en zonas urbanas.
Estos asentamientos son creados por un sector de la población sin los permisos de los organismos competentes, con un reducido ingreso económico, que al construir de forma ilegal fomentan la exclusión, por ser zonas sin dotación de servicios básicos, carentes de planificación.
