Volvemos al mismo tema, ahora con la pregunta: ¿qué exactamente está ocurriendo en Oaxaca, con el tema de la seguridad pública; con ejecuciones por doquier; con la aparición de cabezas humanas en hieleras o costales; con robos a mano armada, etc., sin que el gobierno de Alejandro Murat, ponga a trabajar a los responsables institucionales en garantizar la seguridad ciudadana? El tema del próximo enlace matrimonial del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, no es tema para comentar, pues se trata de un asunto privado, sin embargo, lo que se critica es que no se vale distraerse de la responsabilidad que le ha sido asignada por el gobernador, metido más en temas pasionales y asuntos del corazón. Eso sí importa. Y es que en menos de 48 horas en Oaxaca aparecieron al menos dos cadáveres cercenados y dos funcionarios: el director de un plantel del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO) y un director de Salud del municipio de Loma Bonita fueron asesinados. No obstante lo anterior, en el gobierno estatal tal parece que no pasa nada. Los funcionarios siguen difundiendo minucias.
Resulta irrisorio que esperen el arribo de la Guardia Nacional para que venga a dar confianza a la ciudadanía, no obstante en la SSPO se habla de un gasto millonario en operativos policiales que sólo Dios sabe en dónde se llevan a cabo y qué resultados positivos han tenido. Para entender el problema de la inseguridad que hoy vive el estado, el primer paso es que el gobierno estatal reconozca que el problema existe. Ya hemos comentado que en nada, absolutamente en nada contribuye a resolver el problema, el hecho de insistir en que vivimos en una entidad segura, cuando los hechos demuestran lo contrario. El sentido común, que tal parece que es una especie rara en la actual administración, obligaría a realizar cambios radicales en la estructura de las dependencia responsables. Pero tal parece que no se interpreta así. No hay que hacerle caso a los medios de comunicación y seguir empecinado en mantenerlos, aunque como se dice vulgarmente “no den una”. En realidad hay compromisos políticos que hay que cumplir aún a costa de que le hagan al actual gobierno un verdadero boquete en su estructura. Lejos de reconocer esta situación, lo que escuchamos a menudo son loas y los resultados de encuestas tan irreales como superficiales.
Cártel 22: Su sueño guajiro
Aunque en Oaxaca se mantuvo en la opacidad, algunos diarios de la capital de la República develaron algunas de las demandas del pliego de peticiones que el Cártel 22, encabezado por Eloy López Hernández, entregó al gobernador Alejandro Murat, al concluir el desfile conmemorativo del Primero de Mayo. Acostumbrados a tratar sólo en lo oscurito, haciendo caso omiso de que la transparencia es una exigencia de la sociedad oaxaqueña, la Comisión Política de la gremial magisterial, sigue usando los viejos cartabones que utilizó en el pasado gobierno. Mesas de trabajo y acuerdos sin que el pueblo estuviera enterado de sus peticiones descabelladas y absurdas. Por ejemplo, una de las peticiones se refiere al incremento salarial del 100%. Se presume que todo lo que tenga que ver con la nómina magisterial será tratado a nivel central, es decir con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la Secretaría de Hacienda (SHyCP). El gobierno estatal ni cuenta con los recursos ni tiene atribuciones para pagar salarios o prestaciones adicionales. Los maestros se mal acostumbraron a mamar de ambos lados: lo que les otorgaba el gobierno federal y lo que con presiones y chantaje podrían obtener del gobierno estatal.
Sin embargo, la demanda más notoria es la que se refiere a la abrogación del Decreto de julio de 2015, mediante el cual el Estado retoma el control de la educación oaxaqueña, es decir, arrebata a la S-22 la usurpación ilegal en los cargos de mando en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que mantuvo contra derecho y de todo principio legal, gracias al famoso acuerdo –que no decreto- del 28 de octubre de 1992, suscrito por el ex gobernador Heladio Ramírez López. Esto es, la Comisión Política del magisterio mal llamado democrático insiste en revivir el sueño guajiro de enquistarse de nueva cuenta en el IEEPO, manejar plazas y nómina a placer y hacer del presupuesto destinado a la educación su mina de oro. Con esto, el Cártel 22 y sus corifeos enseñaron el cobre. Ahora se entienden los bloqueos al edificio legislativo de San Lázaro y la insistencia sobre una Reforma Educativa que sea a modo y acorde a sus intereses. El Estado –insistimos- jamás debe abdicar del control educativo del país. No más política bipartita y demás balandronadas, mucho menos, devolverle el control de la dependencia a un gremio que, se presume, es trabajador no patrón.
