Dvurante la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al Istmo de Tehuantepec la semana pasada y luego del anuncio de importantes proyectos como el caso del Tren Transístmico, realizó en Juchitán una más de las consultas ciudadanas que ha solido hacer durante su efímero período de gobierno. En Juchitán de Zaragoza, luego de entregar apoyos de programa sociales, preguntó a la ciudadanía para que a mano alzada dijera sí o no al proyecto transístmico. Hay que recordar que hace al menos un mes, a través de los operadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuyo titular es el indígena mixe, Adelfo Regino Montes, se llevó a cabo una consulta a los pueblos originarios del Istmo, principalmente zapotecos, zoques, chontales y huaves. La respuesta fue una negativa tácita al citado proyecto. En este mismo espacio criticamos a los operadores de dicha maniobra, habida cuenta de la cantidad de organizaciones que existen en esa región oaxaqueña, que no sólo han torpedeado a los proyectos eólicos y otros, sino que con el afán de sus dirigentes de meterse dinero al bolsillo, manipulan a las comunidades indígenas a placer. En este paquete de falsos redentores sociales figuran algunos ministros de la Iglesia Católica.
Ni bien terminó la gira presidencial y ya diversos organismos se estaban pronunciando por la negativa al referido proyecto presidencial. Los supuestos defensores de la tierra y el territorio; los que se asumen depositarios de la riqueza de Los Chimalapas y otros, ni tardos ni perezosos emitieron comunicados en los que asumen que el Proyecto Transístmico será riesgoso para la “madre naturaleza, para la soberanía nacional y es un golpe a las comunidades indígenas”. Dicha postura ya no sorprende. En Oaxaca conocemos y sabemos cómo operan quienes traen dichos argumentos debajo de la manga. No son genuinos defensores de los derechos de los pueblos originarios sino en su mayoría farsantes que se enmascaran para poder negociar detrás de la puerta y en lo oscurito, proyectos que serían benéficos para las comunidades, pero que ellos obstaculizan para recibir el sobado soborno. Así, si bien es cierto que la consulta a mano alzada que llevó a cabo AMLO puede no tener la legalidad que se espera, al menos es un contrapeso a tanto negocio de organizaciones y grupos opositores.
Seguridad bajo sospecha
Muchos nos preguntamos ¿cuál es motivo o razón de que los elevados índices de criminalidad no sean reconocidos por las autoridades estatales? ¿Cuál es el móvil político para insistir una y otra vez que vivimos en un estado seguro, con gobernabilidad y paz social garantizadas? Siempre hemos insistido en que ahí hay gato encerrado, además de que en los informes que se rinden mensualmente de parte de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, sólo se dan a conocer resultados sobre delitos menores como robo de carros, aseguramiento de armas de fuego y lo más chusco: personas que son aseguradas en los operativos de alcoholímetro. Ello implica que los responsables de la seguridad pública en la entidad parecen vivir dolosamente en otro universo, no en el que les pusieron en las manos y bajo su responsabilidad. Todo ello, concatenado, hace presumir que dichos órganos bien pueden estar bajo la sospecha de minimizar la realidad criminal de la entidad y no informarle de ello, debidamente, al titular del Ejecutivo Estatal. Nada tan grave que ello, habida cuenta de que así se difunden verdades a medias, haciendo que el principal depositario de la voluntad ciudadana sea quien quede mal ante el pueblo que gobierna.
En la visión de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, uno de los principales factores para solucionar así sea en el mediano o largo plazo la inseguridad que vive el estado y el país, es que las autoridades reconozcan el problema y no le rehúyan a la realidad. Estamos convencidos de que nada solucionará esta lacerante problemática insistir una y otra vez, que aquí se vive un remanso de paz, cuando la ciudadanía percibe el peligro de salir a la calle o estar en su casa y ser víctima de un atentado criminal. La semana anterior circuló profusamente en redes sociales el asalto a mano armada que sufrió una mujer luego de retirar un millón de pesos de una sucursal bancaria. Esto se ha hecho común, como las ejecuciones, incluso de elementos de seguridad, como es el caso de los dos agentes de vialidad que fueron asesinados por desconocidos en una agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca. De inmediato se emitió un boletín para deplorar el hecho, pero nada se dice de las acciones que habrán de emprenderse para encontrar a los criminales que de manera cobarde los asesinaron cuanto realizaban su trabajo. He ahí la sospecha de que algunos no sólo no están haciendo su trabajo sino que además, ocultan la información dolosamente.
