Lo que la opinión pública ha asimilado en estos años de administración es que hay una dualidad en el discurso público: la realidad que vive el pueblo oaxaqueño y la visión que de ella tiene el gobierno. Hace unos meses trascendió que nuestra entidad mostró un crecimiento del 4.8%, por encima de estados que han destacado en la industria de la transformación y el sector primario. Luego fue la noticia de que Oaxaca registró un crecimiento industrial del 11.5%. Lo grave de todo ello es que el pueblo no atisba por ningún lado las bondades de dicho crecimiento. En el estado no hay obras dignas de destacarse, tampoco el impacto económico del crecimiento se ha traducido en salarios, empleos y obra pública. La idea es que vivimos los efectos de una recesión desde hace mucho, que se ha traducido en una falta de circulante y un empobrecimiento progresivo. Tampoco se puede hablar de un programa social que haya coadyuvado a abatir los estándares de pobreza o atender a grupos vulnerables. Estamos pues igual o peor que durante el gobierno de Gabino Cué, que inició su gestión con una serie de ideas sobre la pobreza, pero al final ya no pudo cuajar nada, rebasado por la corrupción galopante que se dio en su administración.
El crecimiento económico –así se considera teóricamente- debe darse en un ambiente de paz social y gobernabilidad. No se puede concebir si existe una soterrada protesta social como es el caso de nuestro estado o niveles de violencia exacerbada. Los ejemplos más evidentes de ello es la constante toma de carreteras y casetas de cobro, cuestión que se acrecienta en temporadas vacacionales, haciéndole un boquete a la única industria de la que viven miles de familias oaxaqueñas: el turismo, porque en realidad la más rentable es el chantaje. ¿Cómo poder decir que Oaxaca vive en paz y con gobernabilidad, cuando a la vista de todos, el oaxaqueño común vive aterrorizado por la inseguridad en ciertas regiones del estado y acotado por constantes desafíos a la paz social? Es mejor para los gobernados que les hablen claro, que les digan la verdad y no simulaciones; que lejos de demeritar la crítica ciudadana que exige rendición de cuentas claras, den una versión torcida de la realidad. Por supuesto que en Oaxaca no hay ni paz ni gobernabilidad, sino lo contrario. Más de 200 homicidios dolosos entre enero y abril, echa por tierra cualquier informe que diga lo contrario.
Lentitud y burocratismo
Decenas, tal vez centenas de monumentos históricos afectados por los sismos de septiembre de 2017, siguen en ruinas. Es cierto, el presupuesto para su restauración y rehabilitación no es poca cosa. Ningún recurso es suficiente para lograr tan loable cometido. Sin embargo, aquí también subyace el excesivo burocratismo que padece la entidad responsable: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Simplemente hay que ver las trabas para remodelar o demoler las viejas casonas que están a punto de venirse abajo en el Centro Histórico, que algunos propietarios han decidido mejor que se caigan solas. En el caso de los monumentos coloniales e iglesias, que resultaron afectadas en su estructura, paredes y techumbres, se avanza con una lentitud impresionante. Pese a las sugerencias de miembros de la comunidad intelectual para echar mano del apoyo de la sociedad civil para la reconstrucción de nuestro patrimonio cultural, éste fue desestimado por las autoridades estatales que sólo se volcaron en la reconstrucción de la zona devastada en el Istmo, pero ignorando otras regiones que también tuvieron daños de consideración.
Lo cierto es que monumentos históricos en la Mixteca, Valles Centrales, Istmo y Sierra Sur, entre otros, además de la capital oaxaqueña, siguen mostrando las huellas de los siniestros sin que se le haya dado a la población una satisfacción respecto a la reconstrucción. Se trata en su mayoría de templos de los Siglos XVI, XVII y XVIII, entre otros, que fueron construidos por las órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España con el propósito de evangelizar a los indígenas de estas tierras de ultramar. Es evidente que la rehabilitación de los mismos requiere de especialistas en restauración. No puede ejecutar la obra cualquier improvisado, porque volvemos a lo mismo: existe un reglamento que hay que cumplir al pie de la letra, para evitarse sanciones o la suspensión de la obra. Es, por otra parte, sumamente oneroso emprender una tarea de esa magnitud. He ahí lo que decimos al principio: hay cientos de casonas viejas, tanto en la capital como en otras ciudades medias o pequeñas del estado, con más de un siglo de historia e incluso inmuebles catalogados. Pero a veces hay quienes prefieren que se caigan solos a remodelarlos y no cumplir con las especificaciones que les impone el burocratismo del INAH.
