A diferencia de Arturo Peimbert, el nuevo defensor de los derechos humanos de los oaxaqueños (DDHO) Bernardo Rodríguez Alamilla, en una intentona por sacudirse la parcialidad que evidenciaba su antecesor, ya emitió su primera recomendación en torno al peliagudo conflicto entre Juquila y Yaitepec.
Dada la algidez que vuelve a alcanzar el problema, primero por los dimes y diretes entre el Secretario General de gobierno Anuar Mafud y el presidente del Comisariado de bienes comunales de Juquila, Ignacio Serrano; y segundo por el bloqueo de la carretera, el nuevo ombudsman interviene, pero de manera muy precavida. Es cauteloso, pero también juega a la quiromancia. Dice en su primera observación que “toda vida humana merece respeto…actos como los que tienen lugar en Yaitepec y Juquila dejarán consecuencias en la vida comunitaria, y en particular de las niñas y niños…” ¿acaso ya avizora lo que viene en este caso? O ¿ya le dio línea del demonio de Tasmania?
Aunque en su observación el DDHO dice que la organización que encabeza es “autónoma” cuida no molestar a la Iglesia católica.
Dice:
El organismo público “autónomo” llama a que, “sin importar el credo de cada uno, las personas que participan en estos conflictos consideren ponerse en el lugar de quienes acuden a depositar su fe en santuarios como los de Santa Catarina Juquila y El Pedimento, y que se ven frustradas y en riesgo”.
La crisis se agudiza entre señalamientos. El Secretario General de Gobierno acusa que el presidente del Comisariado de bienes comunales de Juquila incumplió al no asistir a la rectificación de límites agrarios con Yaitepec. A su vez, este dice que Anuar Mafud da demasiados merecimientos a los de Yaitepec y que la asamblea de Juquila no cederá ni un centímetro de su territorio. Ahí está entrampado un conflicto que, como ya dije, es avivado por la cola del Diablo. Anoche asomaban visos de alguna solución.
Incitadores
Desde el punto de vista legal, en cuestión de límites no hay nada que alegar, pero las ambiciones económicas por parte de la Iglesia, y las políticas por parte de los incitadores del Morena y del cartel 22, insisten en estallar la violencia.
La Iglesia quiere las millonarias limosnas de El Pedimento y el cartel 22 la presidencia municipal de Yaitepec, para su activista, el profe Fausto Sabinas.
Sus intenciones quedan de manifiesto en el documento que los instigadores de Yaitepec hicieron circular. Coinciden con la consigna de recuperar -“al costo que sea”- El Pedimento. Así lo manifiestan: “…también han despojado a la iglesia la limosna del pedimento a más de 30 años, como crueles delincuentes y están violando los derechos de la asociación religiosa…”.
Antonio Diego Cruz Santiago, presidente de Bienes Comunales de Yaitepec, fue cooptado por el grupo de profesores en el que participan Marcos Juárez Guzmán y otros activistas del cartel 22 cuya consigna es llevar el bloqueo de la carretera hasta sus últimas consecuencias.
Todos los incitadores, incluyendo al edil de Juquila, Francisco Zárate Pacheco, manipulado por Salomón Jara tienen un objetivo claro: desatar la violencia con la idea de que algo obtendrán.
Atizan la hoguera
El trance es muy delicado. Los seguidores de Uvi, con sus ansias guerrilleras, lo que quieren es la violencia. Incitan a los de Yaitepec removiendo rescoldos de los abusos históricos de los mestizos de Juquila contra los indígenas chatinos. Lo que no esperaban es la solidaridad de una decena de municipios de la región contra la provocación de Yaitepec.
Extrañamente, el ombudsman no dice nada de la mano negra de los curas aunque hace referencia a “la disputa por el paraje conocido como El Pedimento”. En cambio, pide a los medios “informar de manera plural”.
No hay duda de que la caridad y humildad para algunos curas son cosa del pasado. Hablé con algunos que aún se apegan a los votos de integridad y encontré algunas sorpresas.
¿Por qué el arzobispo no ha hecho ninguna declaración sobre Juquila ni llama a la paz?
“Es que son los mismos. Ha pasado un año de la llegada del arzobispo Pedro Vázquez y todo sigue igual o peor. El padre Uvi junto con Flavio Sosa están acomodando a sus activistas en Derechos Humanos.
¿Qué pretenden?
Poder. Quieren, por ejemplo, tapar los negocios del huachicol que vende Uvi en sus gasolineras asociado con su compadre Peimbert. Dicen que es su prestanombre.
Uvi ha perdido toda probidad religiosa. Lo que sabemos es que ya dejó a Marlene y a sus dos hijos. Tiene una nueva conquista, Leticia. Con la anterior procreó cuatro pequeños en Teojomulco. Lo raro es que ningún arzobispo aplica el derecho canónico. “Creemos que debe renunciar y salvar a la iglesia”.
Solapar tanto ha provocado críticas al Arzobispo a quien le piden ser buen pastor y actúe con criterios propios.
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