Una organización de la sociedad civil, EDUCA, nos compartió algunas tesis sobre la importancia de la creación de la Defensoría de los derechos Humanos del Pueblo de Oaxaa, cuya ley fue aprobada el 13 de enero de 2012.
“Este ejercicio -dice- constituyó en Oaxaca un proceso inedito, ya que además de incluir en su elaboración la participación de organizaciones defensoras de los derechos humanos, involucró en su formulación al congreso local y al poder ejecutivo. Dicha ley partió de múltiples esfuerzos sociales y civiles para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
El diagnostico que orientó la construcción de dicha ley fue que en el estado no existía un organismo autónomo en materia de protección de derechos, además de existir una sistemática violación de derechos en los siguientes ejes: niñez, pueblos indígenas, defensoras y defensores, territorio, mujeres, entre los más importantes. Las atribuciones que se establecieron en dicha ley, fue de avanzada en términos de protección de derechos en el país: se le dotó de plena autonomía organizativa, funcional, financiera y administrativa; entre sus órganos se establecieron principalmente las figuras del Consejo Ciudadano, quien fungiría como contrapeso institucional y las Defensorías Especializadas, quienes tendrían un trabajo técnico-experto para fortalecer las quejas y recomendaciones en ls ejes mencionados anteriormente. No obstante la riqueza legal el entramado institucional, durante siete años la DDHPO se sumergió en una telaraña de componendas, complicidades, apatía y soslayo al tema que tenía como objetivo.
El pasado viernes fue electo por 30 votos en el pleno de la Cámara de Diputados, José Bernardo Rodríguez Alamilla, como nuevo titular de la DDHPO. Ahí mismo rindió protesta. El aludido llega con la sospecha de haber sido apuntalado por el anterior ombudsman, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, al alimón con el dirigente de COMUNA, Flavio Sosa Villavicencio, lo que implicaría la continuidad de la política que se instrumentó durante los siete años anteriores. Existe pues entre la ciudadanía la desconfianza natural ante quien llega con el aval mayoritario del Congreso del Estado, a un órgano cuyo trabajo ha estado en entredicho.
Sin embargo, el desafío pues del nuevo ombudsman no es tarea sencilla. Debe restituirle a la Defensoría la dignidad perdida y la responsabilidad de ser la garante del respeto a los derechos humanos, más allá de componendas políticas, fijaciones partidistas o simpatías gubernamentales.
Trabas burocráticas
Como lo publicamos en nuestra portada del pasado viernes 12 de abril, hay cerca de 200 negocios, entre pequeñas y medianas empresas, misceláneas, bares, restaurantes, hoteles y otros, que están al borde de la quiebra ante tanto bloqueo, plantón y marchas, con las que se secuestra por completo el Centro Histórico, no solo en los periodos vacacionales sino prácticamente todo el año. dichos comerciantes no tienen ningún apoyo oficial, ni mucho menos, exenciones fiscales, por el contrario hay de parte de la Secretaria de Finanzas, un acoso y terrorismo fiscal inédito, que socava la confianza en las instituciones.
El problema es que para abrir un negocio, sea el más modesto de cuantos existen, el pequeño empresario tiene que sortear un sin fin de trabas burocráticas un Calvario para que le sea autorizada la licencia. No hay un mecanismo eficaz y expedito de parte tanto del ayuntamiento de la ciudad como del gobierno estatal. Abrir un negocio puede llevarse meses, cuando en cualquier entidad del país lleva dos o tres días. La famosa “ventanilla unica” aquí brilla por su ausencia. Ni la conocen siquiera. Este abanico de problemas además del pago de rentas carísimas en el Centro Histórico, en donde no hay ganancias sino pérdidas, son entre otras las causas del cierre de algunos negocios.
Con todo lo anterior, el comercio establecido, el que paga impuestos, salarios, renta, y permisos al municipio, tiene que pasar literalmente por un Viacrucis para poder establecerse y otro para poder suspender operaciones.
Desde 2006 no la ve llegar, pues la economía oaxaqueña ha estado totalmente colapsada y sin recuperación alguna. Han pasado pues trece años desde el conflicto político y social y de hecho, poca gente de la capital va al centro. La mayoría hace sus compras en las tiendas de autoservicio o e las plazas que existen en el Norte y Sur de la ciudad. Con este panorama tan desalentador, hay comercios y negocios que han sobrevivido a trancas y barrancas. Pero ha llegado el momento en que sus propietarios han decidido rentar o traspasar los negocios ante la pasividad del gobierno estatal y la apatía del municipal para acotar un poco la perpetua protesta social, que toma como rehén, justamente al Centro Histórico. Como corolario de lo anterior, están los sofocantes trámites que hay que realizar tanto para darse de alta como para suspender operaciones, traducidas en un infierno burocrático.
